La decisión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, de recurrir a un arbitraje internacional tras el fallo del Supremo de Panamá que declaró inconstitucional la concesión de dos puertos del Canal ha abierto una nueva etapa legal en el proceso, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

PPC anunció que el pasado 3 de febrero inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, amparándose en el contrato de concesión firmado en 1997, según informó la empresa en un comunicado enviado a EFE. La compañía, operadora de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, sostiene que el Estado panameño ha incumplido el marco contractual y legal, por lo que reclama “daños extensos”.

El anuncio se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la concesión otorgada a PPC. No obstante, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha señalado que la empresa continuará operando los puertos hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Por su parte, PPC asegura que el fallo aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigor.

El Gobierno panameño prevé una fase transitoria tras la ejecución de la sentencia, durante la cual la operación provisional de los puertos estaría a cargo de APM Terminals Panama, filial del grupo danés Maersk. Posteriormente, se impulsará un nuevo proceso de concesión que, según Mulino, será abierto y participativo.

De acuerdo con la ICC, el arbitraje iniciado por PPC tiene un carácter estrictamente contractual y no puede revisar ni anular decisiones de tribunales nacionales. Su alcance se limita a determinar si existieron incumplimientos contractuales y, de ser el caso, establecer compensaciones económicas.

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CEL

El profesor Ja Ian Chong, de la Universidad Nacional de Singapur, advirtió en declaraciones a EFE que este tipo de arbitrajes “pueden prolongarse durante años” y recordó que Panamá, como Estado, “no está obligada a participar ni a cumplir el laudo”, como ha ocurrido en otros litigios internacionales.

Las autoridades judiciales de Costa Rica iniciaron el lunes una investigación luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibiera información confidencial sobre la difusión de videos en redes sociales que contienen amenazas dirigidas contra la presidenta electa, Laura Fernández.

Según el Código Penal costarricense, el delito de amenazas agravadas está sancionado con penas que van de seis meses a dos años de prisión, por lo que el caso es analizado bajo este marco legal.

En el plano electoral, con el 96.87 % de las mesas escrutadas, la candidata oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales al obtener el 48.3 % de los votos, de acuerdo con el más reciente informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En segundo lugar se ubicó Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 33.44 % de los sufragios, mientras que ninguno de los otros 18 candidatos superó el 5 % de los votos.

El TSE inició el martes el escrutinio manual de las actas electorales y cuenta con un plazo máximo de un mes para oficializar los resultados y declarar a las autoridades electas, entre ellas la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

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CEL

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó este miércoles que no descarta integrarse como ministro en el futuro gabinete de la presidenta electa, Laura Fernández, al señalar que su compromiso es con el país y no con oportunidades profesionales en el extranjero.

Durante una conferencia de prensa, Chaves aseguró que consideraría asumir el cargo de ministro de la Presidencia si Fernández se lo propone.
“He recibido ofertas muy atractivas del extranjero (…) pero tengo compromiso con la patria, con mi pueblo”, afirmó. “Me quedo en Costa Rica, ojalá hasta el día que me muera, y trataré de servir de la mejor manera que pueda”, añadió.

Ese mismo día, el mandatario anunció el nombramiento de Laura Fernández como ministra de la Presidencia durante el proceso de transición, con el objetivo de garantizar una entrega de mando “sin baches, sin costuras y sin huecos”.

Fernández tendrá a su cargo la coordinación del gabinete saliente y la revisión de los programas en ejecución, junto a Chaves, hasta el traspaso de poderes previsto para el 8 de mayo.

La presidenta electa ya se desempeñó como ministra de Planificación y ministra de la Presidencia en el actual gobierno, cargos a los que renunció para postularse a la jefatura del Ejecutivo. Durante la campaña se presentó como la “heredera” de la gestión de Chaves y prometió dar continuidad a sus principales proyectos.

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CEL

Con el 96.87 % de las mesas escrutadas, Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ganó la presidencia en primera vuelta con el 48.3 % de los votos, seguida por Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 33.44 %, según el último reporte del Tribunal Supremo de Elecciones.

Entre los proyectos que la futura mandataria ha anunciado continuar figuran la construcción de una mega cárcel inspirada en el modelo salvadoreño, el desarrollo del complejo institucional Ciudad Gobierno, una marina en el Caribe, nuevas carreteras estratégicas, así como la ampliación de puertos y aeropuertos.