El 64 % de los votantes latinos en Estados Unidos desaprueba la gestión del presidente Donald Trump, según una encuesta publicada este lunes por la organización UnidosUS. El sondeo también revela un clima de preocupación en la comunidad hispana: el 41 % teme ser detenido por autoridades migratorias, aun teniendo ciudadanía o residencia legal.

El estudio, titulado Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026, fue elaborado por la firma BSP Research entre el 8 y el 22 de octubre con una muestra nacional de 3,000 latinos y un margen de error de 1.8 %.

A pesar de la alta desaprobación, la base de apoyo hispana de Trump se mantiene relativamente estable: solo un 13 % de quienes votaron por él en 2024 afirma que no lo respaldaría nuevamente, mientras que el 9 % se declara indeciso.

La economía es el eje central de las preocupaciones. El 53 % de los encuestados señaló el costo de vida y la inflación como su principal problema, seguido del empleo y la economía (36 %), el acceso a vivienda (32 %), la salud pública (30 %) y la inmigración (20 %).

Asimismo, el 39 % considera que su situación económica ha empeorado en comparación con hace un año, frente a un 14 % que reporta mejoras. La mitad de los consultados cree que las políticas del actual Gobierno afectarán negativamente su bolsillo.

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CEL

El 65 % opina que tanto el presidente como el Partido Republicano no se enfocan en atender las dificultades económicas de la población. Tras el cierre del Gobierno ocurrido el 1.º de octubre —provocado por disputas presupuestarias entre ambos partidos— la percepción se agudizó: el 61 % responsabiliza a los republicanos y el 22 % a los demócratas.

De cara a las elecciones legislativas de 2026, el 52 % de los votantes latinos dijo que se inclinaría por un candidato demócrata, mientras que el 28 % respaldaría a un republicano.

La encuesta también registró un fuerte rechazo hacia medidas migratorias recientes. El 72 % se mostró en contra de un fallo de la Corte Suprema que permite a ICE realizar arrestos basados en criterios como el idioma, el tipo de empleo o la apariencia. El temor a redadas ha provocado pérdida de trabajadores (33 %) y ausencias escolares (29 %) dentro de la comunidad.

En California —el estado con mayor población latina— la oposición es aún más marcada: el 74 % rechaza la medida y el 82 % expresó preocupación por el exceso de poder del Ejecutivo. Además, el 60 % afirma sentirse menos seguro respecto a sus libertades y derechos civiles bajo la actual administración.

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CEL

Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México luego de que el Gobierno mexicano concediera asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú”, declaró el canciller peruano, Hugo de Zela. El funcionario calificó esta acción como un acto “inamistoso” y recordó las reiteradas intervenciones de autoridades mexicanas en los asuntos internos de su país. Bajo ese argumento, anunció la decisión de romper el vínculo diplomático.

Tras el anuncio, el presidente José Jerí informó que la encargada de negocios de México en Lima, Karla Ornela, fue notificada y deberá abandonar el país en un plazo determinado.

México respondió al gobierno peruano calificando la medida como “excesiva y desproporcionada”. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el asilo político otorgado a Chávez es un acto legítimo, conforme al derecho internacional, y que no supone injerencia alguna en la política interna peruana.

El gobierno mexicano sostuvo además que Chávez ha denuncado repetidas vulneraciones a sus derechos humanos como parte de lo que considera una persecución política desde su detención en 2023. También remarcó que el asilo se concede bajo los principios establecidos en la Convención de Caracas, que otorga al Estado que recibe la solicitud la facultad exclusiva de evaluar la naturaleza de la persecución alegada.

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CEL

La crisis reaviva las tensiones bilaterales surgidas desde la destitución de Castillo y marca un nuevo punto de fricción diplomática entre ambas naciones latinoamericanas.

Cientos de personas salieron a las calles de Morelia, capital de Michoacán, para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Durante la protesta, los manifestantes también demandaron la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y algunos causaron destrozos en el Palacio de Gobierno como muestra de su descontento.

Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos el pasado 1.º de noviembre, mientras participaba en un evento por el Día de Muertos. Aunque el alcalde contaba con protección oficial desde diciembre de 2023, las autoridades explicaron que él mismo solicitó que su seguridad cercana estuviera a cargo de la Policía Municipal y no de la Guardia Nacional.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, indicó que la Guardia Nacional tenía únicamente la misión de brindar seguridad periférica. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el crimen ocurrió sin reportes de fallas en los controles del evento y aseguró que el asesinato está relacionado con el crimen organizado.

Durante la marcha, se escucharon consignas como “¡Justicia!” y “¡Uruapan se levantó!”, mientras que varias pancartas expresaban el duelo ciudadano: “México está de luto”. Entre las acusaciones más fuertes de los manifestantes destacó el grito “¡Carlos no murió! ¡Bedolla lo mató!”, reflejo de la indignación colectiva ante la violencia que golpea al estado.