Centroamérica
Fiscalía pide 16 años de prisión para exministro Ramírez Landaverde por peculado y corrupción
La Fiscalía General de la República ha solicitado una pena de 16 años de cárcel para el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en el marco del caso conocido como Asocambio. La solicitud se presentó durante la exposición de los alegatos finales en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde se acusan a 19 imputados de delitos como peculado, actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica, todos cometidos durante la gestión presidencial de Salvador Sánchez Cerén, quien actualmente reside en Nicaragua.
El ministerio público argumentó que la pena para Ramírez Landaverde se desglosa en 12 años por peculado y cuatro años por actos arbitrarios. Además, para el exviceministro Raúl Antonio López, la Fiscalía solicitó cuatro años de prisión por actos arbitrarios, así como el pago de $60,000 en concepto de responsabilidad civil.
El equipo fiscal presentó una extensa síntesis de pruebas que se acumularon durante más de un mes de juicio, las cuales, según su argumento, incriminan a los acusados en los delitos que se les imputan. En sus alegatos, los fiscales afirmaron que los documentos, testimonios y pericias ofrecidas en el juicio son suficientes para que los jueces impongan una condena, señalando que los actos de corrupción han sido debidamente comprobados.
Uno de los fiscales expuso: «Todos esos elementos sustentan la tesis fiscal desde el inicio. Esta tesis se puede resumir en una mala administración de los fondos de las tiendas institucionales por parte de funcionarios y empleados públicos del ministerio de Justicia y Seguridad, así como de la Dirección General de Centros Penales.»
La principal prueba presentada ante los jueces fue una pericia financiera contable, la cual fue respaldada por testimonios y documentos que confirman la apropiación de $500,000 por parte de la Asociación Yo Cambio (Asocambio), fondos que eran destinados para las tiendas penitenciarias y que debían beneficiar a los reos.
Centroamérica
Campesinos protestan en Panamá contra embalse que inundará tierras y obligará al cierre de cementerios
Grupos de campesinos marcharon este lunes por las calles de Ciudad de Panamá hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para rechazar la construcción del embalse de Río Indio, un proyecto destinado a garantizar el suministro de agua del Canal de Panamá, pero que implicará la inundación de tierras agrícolas y el cierre de ocho cementerios ubicados en la zona de influencia.
La movilización, convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses, partió desde la Plaza 5 de Mayo y culminó en la sede del máximo tribunal, donde representantes del movimiento presentaron una acción contencioso-administrativa de nulidad contra el decreto ejecutivo que establece un plazo límite para realizar inhumaciones en los cementerios que serán afectados por el proyecto.
Durante la protesta, los manifestantes portaron antorchas y llevaron productos agrícolas como plátanos, piñas, mangos y limones, que depositaron en las escalinatas de la Corte como símbolo del impacto que, aseguran, tendrá la obra sobre sus medios de vida.
«Hoy vamos a presentar a la Corte un amparo contra ese decreto. Tiene que derogarse. Esto no puede continuar», declaró a EFE el vicepresidente de la Coordinadora Campesina contra los Embalses, José Florentino Chirú, quien pidió que el tribunal actúe con justicia.
El abogado Santander Tristán Donoso, asesor del movimiento, explicó que el recurso busca que el decreto sea declarado «nulo por ilegal». Además, recordó que anteriormente se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto del reservorio de Río Indio, las cuales no fueron admitidas por la Corte Suprema.
El jurista también informó que la organización solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares en favor de las comunidades que serían desplazadas por la construcción del embalse.
El decreto ejecutivo, vigente desde el 21 de julio, prohíbe desde el 30 de julio nuevas inhumaciones en el cementerio de El Limón y ordena que los entierros se realicen en el camposanto de Los Cedros, en la provincia de Colón. Asimismo, establece que los cementerios de Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos, San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros podrán seguir utilizándose únicamente hasta el 15 de enero de 2027.
Los ocho cementerios se encuentran dentro del área donde se construirá el embalse de Río Indio, un proyecto declarado de interés público por el Estado panameño y que busca asegurar el abastecimiento de agua del Canal de Panamá durante los próximos 50 años, además de garantizar el suministro para aproximadamente la mitad de la población del país.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) impulsa desde hace varios años esta iniciativa, valorada en US$1,500 millones. El proyecto contempla la creación del tercer lago que abastecerá la vía interoceánica y afectará a unas 500 familias, equivalentes a alrededor de 2,000 personas distribuidas en 38 comunidades dedicadas principalmente a la agricultura y la ganadería.
La administración del Canal sostiene que más del 70 % de las familias afectadas ya han participado en la elaboración de un plan de compensación, desarrollado a través de más de 200 reuniones, el cual contempla viviendas, infraestructura vial y medidas para preservar sus medios de subsistencia. Además, ha defendido la urgencia del proyecto debido a los efectos de la variabilidad climática sobre la disponibilidad de agua.
El Canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico y moviliza entre el 3 % y el 5 % del comercio marítimo mundial, por lo que el Gobierno considera estratégica la ampliación de sus fuentes de abastecimiento hídrico.
Centroamérica
Volcán de Fuego intensifica su erupción y obliga a evacuar comunidades en Guatemala
El Volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, intensificó su actividad eruptiva durante la noche del lunes, provocando el descenso de corrientes de lava por sus laderas y la emisión de densas columnas de gases y ceniza que mantienen en alerta a las autoridades guatemaltecas.
La erupción, que comenzó en horas de la mañana, aumentó su intensidad conforme avanzó el día, lo que obligó a iniciar evacuaciones preventivas de habitantes de comunidades ubicadas en las faldas del coloso.
Desde el municipio de San Juan Alotenango, una de las zonas consideradas de menor riesgo, decenas de personas fueron trasladadas a un albergue temporal instalado en el salón comunal, donde se habilitaron camas improvisadas para recibir a las familias evacuadas. Muchos abandonaron sus viviendas llevando únicamente ropa y algunos alimentos.
«Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta de que había que evacuar», relató Alejandro García, de 68 años y residente del caserío Santo Domingo El Porvenir.
Ante el incremento de la actividad volcánica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta anaranjada a nivel nacional, una medida preventiva que permite a las instituciones del Estado preparar acciones de respuesta en caso de que la situación continúe agravándose.
La vocera de Conred, Valeria Urízar, instó a los habitantes de las comunidades cercanas al volcán a realizar una autoevacuación cuando consideren que las condiciones representan un riesgo para su integridad. Hasta el momento, las autoridades no han informado el número de personas trasladadas a los albergues.
Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señaló en su más reciente reporte que el volcán continúa en la fase más intensa de la erupción y advirtió sobre el incremento de corrientes de material incandescente que descienden por los flancos sureste, suroeste y sur.
El organismo científico indicó que el aumento en el número y tamaño de estos flujos de lava representa actualmente la principal amenaza para las comunidades asentadas en las cercanías del volcán, por lo que mantiene un monitoreo permanente de la actividad.
Centroamérica
Gobierno entrega moderna ambulancia a Cruz Verde para reforzar respuesta prehospitalaria
Cruz Verde Salvadoreña informó que recibió una moderna ambulancia donada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, unidad que será asignada a la seccional de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad Norte, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias y los servicios prehospitalarios en la zona.
A través de un comunicado, la institución de socorro expresó su agradecimiento por el donativo, al considerar que contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta de los equipos de atención de emergencias.
«Cruz Verde Salvadoreña expresa su más sincero agradecimiento al Gobierno del presidente Nayib Bukele por la valiosa donación de una moderna ambulancia, la cual será asignada a Cruz Verde Salvadoreña, seccional Quezaltepeque», señaló la entidad.
Según Cruz Verde, la nueva unidad permitirá brindar una atención más rápida y eficiente a la población, fortaleciendo la labor que los socorristas y voluntarios realizan de manera permanente en beneficio de las familias de Quezaltepeque y comunidades cercanas.
La ambulancia está equipada con tecnología y dispositivos de soporte vital, además de camillas, férulas para inmovilización y otros implementos destinados al traslado seguro de pacientes, lo que permitirá optimizar la atención durante las emergencias.
La institución destacó que este tipo de equipamiento representa un respaldo importante para el trabajo diario que desarrollan sus voluntarios y personal operativo, al mejorar las condiciones para brindar asistencia médica prehospitalaria y reforzar la cobertura de los servicios de emergencia en la zona.
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