Internacionales
Investigación sobre violencia estatal en México podría llegar a la Corte Penal Internacional
El libro Permiso para matar documenta 1.850 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por fuerzas de seguridad mexicanas contra civiles desde el inicio de la ‘Guerra contra el narco’ en 2006. Los autores de la obra, Daniel Moreno, Paris Martínez y Jacobo Dayán, buscan llevar esta evidencia a la Corte Penal Internacional (CPI), según declararon en una entrevista con EFE.
“Que el libro llegue a la Corte Penal Internacional es para nosotros la mejor forma de culminar la investigación. Creemos que contiene la información necesaria para que la CPI agilice el análisis del caso mexicano y examine lo que tres gobiernos han hecho en contra de la población civil”, señaló Moreno.
Atropellos en México
La investigación se centra en las víctimas de la violencia estatal desde que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) inició la ‘Guerra contra el narco’, y continúa hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), donde los abusos persisten.
Moreno destacó que la motivación para publicar esta investigación proviene de la necesidad de recuperar la memoria en un país donde la violencia estatal ha dejado cicatrices profundas. Además, los autores buscan ofrecer acompañamiento a los familiares de las víctimas, brindándoles información sobre el destino de sus seres queridos, muchos de los cuales siguen desaparecidos o muertos sin que se conozca la verdad.
Tres gobiernos, una misma política
Según Moreno, los tres últimos gobiernos mexicanos han mantenido esencialmente la misma estrategia de seguridad, permitiendo la impunidad de los mandos responsables de asesinatos y desapariciones de inocentes. Aunque reconoce diferencias menores entre las administraciones, como el impulso de la Policía Federal bajo Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la creación de la Guardia Nacional por López Obrador, el experto subraya la continuidad de la impunidad.
Por su parte, Martínez advirtió sobre las diversas formas de violencia en la actualidad, incluyendo la complicidad entre el Estado y el crimen organizado, lo que ha llevado a la entrega de territorios al narcotráfico a cambio de mantener la calma y reducir las cifras oficiales de homicidios, que ya superan los 170.000 bajo el mandato de López Obrador.
Estado de excepción
Martínez describió la situación en México como un “Estado de excepción”, en el que las autoridades han decidido conscientemente ignorar su obligación de respetar los derechos constitucionales. Citó ejemplos en Guerrero y Chiapas, donde el Estado mexicano tiene poca o ninguna presencia, y los líderes del narcotráfico ejercen el control.
El libro revela que los 1.850 casos de desapariciones forzadas y homicidios documentados son parte de una estrategia sistémica que las autoridades han implementado, no solo en favor de sus intereses, sino también en beneficio de intereses criminales. Esta es la realidad que los autores esperan que la CPI reconozca.
Asesinatos con impunidad en México
Moreno denunció que la impunidad sigue siendo la norma en México, con nueve de cada diez homicidios quedando sin resolver. En el último sexenio, no ha habido una estrategia efectiva para frenar esta tendencia.
Los autores también criticaron la manipulación de las informaciones oficiales, que a menudo minimizan o distorsionan los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles que resultan en muertes.
“En muchos casos, solo se emiten comunicados breves que afirman que un grupo de policías se enfrentó con delincuentes y se desató un tiroteo”, comentó Moreno, cuestionando irónicamente la eficiencia del Ejército, ya que las bajas siempre parecen estar de un solo lado.
Los escritores reconocieron que su investigación probablemente se quede corta en cuanto a las cifras documentadas, en un país donde en 18 años se han registrado al menos 400.000 asesinatos.
Centroamérica
El modelo penitenciario de El Salvador inspira prisiones de alta seguridad en la región
Los resultados del sistema penitenciario de El Salvador, particularmente tras la puesta en marcha del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), han comenzado a influir en las políticas de seguridad de otros países de la región, cuyos gobiernos analizan o implementan prisiones de máxima seguridad inspiradas en el modelo impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Uno de los casos más recientes es Ecuador, donde el pasado 8 de noviembre entró en funcionamiento una nueva cárcel de máxima seguridad, concebida bajo parámetros similares al esquema salvadoreño. Ese día fueron trasladados los primeros reclusos, según informaron medios locales.
El centro penitenciario, denominado Cárcel de Máxima Seguridad del Encuentro, fue construido en menos de dos años tras una promesa del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Está ubicado en la provincia costera de Santa Elena, cuenta con una capacidad para 736 reclusos y su construcción inició en junio de 2024 con una inversión de 52 millones de dólares.
De acuerdo con el medio SWI swissinfo.ch, la prisión se extiende sobre 16.2 hectáreas en una zona inhóspita y boscosa de la costa ecuatoriana, a aproximadamente una hora por carretera desde la ciudad de Guayaquil. Se trata del primer centro carcelario construido en esa provincia.
El presidente Noboa confirmó que los primeros 300 internos trasladados corresponden a los reclusos considerados “más peligrosos” del sistema penitenciario ecuatoriano. El operativo se realizó con el traslado de los presos en 17 autobuses desde el complejo penitenciario de Guayaquil, bajo un fuerte dispositivo de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El procedimiento recordó las imágenes registradas en El Salvador durante los traslados de pandilleros al Cecot, caracterizados por estrictas medidas de control, custodias militares y protocolos de máxima seguridad.
Desde su llegada al poder, Noboa anunció la construcción de dos cárceles de alta seguridad inspiradas en el Cecot, considerado uno de los proyectos más emblemáticos de la estrategia de seguridad salvadoreña y símbolo de la guerra contra las pandillas.
Internacionales
Netanyahu viaja a Florida para cumbre decisiva con Trump sobre el futuro de Gaza
En un encuentro clave para la estabilidad de Medio Oriente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá este lunes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el estado de Florida. La reunión, confirmada por un alto funcionario israelí a la agencia AFP, tiene como objetivo central destrabar la transición hacia la segunda fase del acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza.
La administración Trump, en conjunto con los países mediadores, busca acelerar el cumplimiento de los protocolos establecidos para pacificar la región. No obstante, el encuentro se produce en un clima de tensión diplomática. Según reportes del medio estadounidense Axios, funcionarios de la Casa Blanca han manifestado una «creciente frustración» ante acciones de Netanyahu que, a juicio de Washington, podrían socavar la fragilidad del alto el fuego y retrasar el proceso de paz.
La hoja de ruta: Hacia un gobierno provisional
El acuerdo de paz establece condiciones estrictas para la segunda etapa del conflicto, que incluyen:
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Retirada militar: La salida total de las tropas israelíes de sus posiciones actuales en Gaza.
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Transición política: La creación de un gobierno tecnocrático provisional que reemplace la administración del movimiento islamista Hamás.
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Seguridad internacional: El despliegue de una fuerza multinacional de estabilización en el territorio palestino.
Uno de los puntos de mayor fricción sigue siendo el desarme de Hamás, una exigencia del acuerdo que encuentra una férrea resistencia por parte del grupo armado y que complica los plazos de ejecución previstos por los mediadores.
El factor político
Para la Casa Blanca, la prioridad es anunciar lo antes posible la conformación del nuevo gobierno para Gaza y el despliegue de la fuerza internacional. Sin embargo, la efectividad de estos planes depende de la sintonía política entre Trump y Netanyahu, cuya reunión en Florida —adelantada por el mandatario estadounidense a mediados de diciembre— es vista por analistas como el paso definitivo para concretar el fin de las hostilidades
Internacionales
José Antonio Kast invita a Nayib Bukele a su toma de posesión como «invitado de honor»
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha oficializado una invitación de honor al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para asistir a su ceremonia de investidura el próximo 11 de marzo de 2026. El evento marcará el inicio de la administración de Kast, quien asumirá la presidencia de la nación sudamericana en sustitución de Gabriel Boric.
Kast, quien ha manifestado públicamente su admiración por el modelo de seguridad implementado en El Salvador, destacó la importancia de contar con la presencia de Bukele en el cambio de mando. «Espero que nos pueda acompañar él y otros presidentes», afirmó el líder chileno, subrayando la «transformación positiva» que, a su juicio, ha liderado el gobernante salvadoreño.
La lista de invitados de alto nivel incluye también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque Kast aclaró que aún no ha conversado directamente con el republicano, confirmó que mantiene una relación estrecha con el secretario de Estado, Marco Rubio. «Tenemos la mejor de las relaciones», señaló Kast al referirse a sus vínculos con la administración estadounidense.
La ceremonia de marzo se perfila como un encuentro clave para las fuerzas conservadoras del continente, consolidando un eje de cooperación entre el futuro gobierno chileno, la administración Trump y el liderazgo de Bukele en la región.
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