El libro Permiso para matar documenta 1.850 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por fuerzas de seguridad mexicanas contra civiles desde el inicio de la ‘Guerra contra el narco’ en 2006. Los autores de la obra, Daniel Moreno, Paris Martínez y Jacobo Dayán, buscan llevar esta evidencia a la Corte Penal Internacional (CPI), según declararon en una entrevista con EFE.

“Que el libro llegue a la Corte Penal Internacional es para nosotros la mejor forma de culminar la investigación. Creemos que contiene la información necesaria para que la CPI agilice el análisis del caso mexicano y examine lo que tres gobiernos han hecho en contra de la población civil”, señaló Moreno.

Atropellos en México

La investigación se centra en las víctimas de la violencia estatal desde que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) inició la ‘Guerra contra el narco’, y continúa hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), donde los abusos persisten.

Moreno destacó que la motivación para publicar esta investigación proviene de la necesidad de recuperar la memoria en un país donde la violencia estatal ha dejado cicatrices profundas. Además, los autores buscan ofrecer acompañamiento a los familiares de las víctimas, brindándoles información sobre el destino de sus seres queridos, muchos de los cuales siguen desaparecidos o muertos sin que se conozca la verdad.

Tres gobiernos, una misma política

Según Moreno, los tres últimos gobiernos mexicanos han mantenido esencialmente la misma estrategia de seguridad, permitiendo la impunidad de los mandos responsables de asesinatos y desapariciones de inocentes. Aunque reconoce diferencias menores entre las administraciones, como el impulso de la Policía Federal bajo Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la creación de la Guardia Nacional por López Obrador, el experto subraya la continuidad de la impunidad.

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Por su parte, Martínez advirtió sobre las diversas formas de violencia en la actualidad, incluyendo la complicidad entre el Estado y el crimen organizado, lo que ha llevado a la entrega de territorios al narcotráfico a cambio de mantener la calma y reducir las cifras oficiales de homicidios, que ya superan los 170.000 bajo el mandato de López Obrador.

Estado de excepción

Martínez describió la situación en México como un “Estado de excepción”, en el que las autoridades han decidido conscientemente ignorar su obligación de respetar los derechos constitucionales. Citó ejemplos en Guerrero y Chiapas, donde el Estado mexicano tiene poca o ninguna presencia, y los líderes del narcotráfico ejercen el control.

El libro revela que los 1.850 casos de desapariciones forzadas y homicidios documentados son parte de una estrategia sistémica que las autoridades han implementado, no solo en favor de sus intereses, sino también en beneficio de intereses criminales. Esta es la realidad que los autores esperan que la CPI reconozca.

Asesinatos con impunidad en México

Moreno denunció que la impunidad sigue siendo la norma en México, con nueve de cada diez homicidios quedando sin resolver. En el último sexenio, no ha habido una estrategia efectiva para frenar esta tendencia.

Los autores también criticaron la manipulación de las informaciones oficiales, que a menudo minimizan o distorsionan los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y civiles que resultan en muertes.

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“En muchos casos, solo se emiten comunicados breves que afirman que un grupo de policías se enfrentó con delincuentes y se desató un tiroteo”, comentó Moreno, cuestionando irónicamente la eficiencia del Ejército, ya que las bajas siempre parecen estar de un solo lado.

Los escritores reconocieron que su investigación probablemente se quede corta en cuanto a las cifras documentadas, en un país donde en 18 años se han registrado al menos 400.000 asesinatos.