La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el pasado sábado 2 de agosto El Salvador cerró una nueva jornada sin homicidios, sumando así 178 días en 2025 sin crímenes contra la vida, un resultado atribuido a los planes de seguridad impulsados por el gobierno.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante la administración del presidente Nayib Bukele ya se contabilizan 976 días sin asesinatos, de los cuales 862 han ocurrido en el marco del régimen de excepción, herramienta que las autoridades consideran clave para frenar la violencia provocada por las pandillas.

Los primeros siete meses de 2025 destacan por cifras históricas en cuanto a días sin homicidios, siendo julio el mes más sobresaliente con 29 jornadas libres de muertes violentas y un periodo consecutivo de hasta 24 días sin asesinatos. Este récord supera los registros de julio de 2024, que cerró con 22 días sin homicidios; los 23 de 2023 y los 21 de 2022.

El contraste con años anteriores es evidente: en julio de 2015, durante el segundo gobierno del FMLN bajo la gestión de Salvador Sánchez Cerén, se registraron 470 asesinatos, con un promedio de 15 homicidios diarios.

La guerra contra las pandillas ha sido, según el gobierno, una de las principales estrategias para garantizar la seguridad ciudadana y proteger la vida de millones de salvadoreños.

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El presidente Bukele ha reiterado en diversas ocasiones que, gracias a estos resultados históricos, El Salvador se posiciona como “la nación más segura del hemisferio occidental”, un ejemplo que —afirma— ya observan países como Estados Unidos, Argentina y República Dominicana.

El Banco Mundial anunció que su directorio ejecutivo aprobó un préstamo destinado a apoyar los esfuerzos de El Salvador para fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar su capacidad de respuesta frente a los riesgos asociados a desastres naturales y cambio climático.

Según un comunicado de la institución, el financiamiento forma parte del programa “Políticas de Desarrollo de la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia con Opción de Desembolso Diferido por Catástrofe (Cat DDO)”, el primero de una serie de tres operaciones programáticas.

El monto total asciende a US$350 millones, de los cuales US$100 millones están asignados a la Cat DDO, un fondo que podrá activarse tras una declaración oficial de emergencia por desastres naturales o sanitarios.

Carine Clert, gerente de País del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, reafirmó el compromiso de la institución con los objetivos de este financiamiento: “Nuestro compromiso es apoyar la sostenibilidad fiscal mediante una gestión pública más eficiente y la atracción de inversión privada para generar empleos de calidad y servicios más eficaces”, señaló.

Añadió que también buscan fortalecer la resiliencia del país “mediante acciones que fomenten la expansión de espacios verdes, procesos de construcción más sostenibles y una mejor capacidad de respuesta ante emergencias”.

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Por su parte, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, subrayó los avances del gobierno en materia de estabilidad económica: “El Salvador ha tomado medidas decisivas para estabilizar su economía, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la confianza del mercado. Este financiamiento respalda nuestro compromiso con una gestión fiscal responsable, así como con la protección de la población ante el aumento de los riesgos climáticos”, afirmó.

La subsidiaria de la compañía hongkonesa Hutchison Holdings informó que dialogará con el gobierno de Panamá sobre el futuro de los puertos que administra en el Canal de Panamá, actualmente en proceso de negociación para su venta.

El anuncio se dio a conocer luego de que la Contraloría panameña presentara el miércoles dos demandas ante la Corte Suprema, con el objetivo de anular el contrato de concesión que desde 1997 permite a Panama Ports —filial de Hutchison Holdings— operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Las acciones legales, respaldadas por el presidente panameño José Raúl Mulino, ocurren mientras la compañía mantiene conversaciones para vender gran parte de su negocio a nivel mundial, lo que incluye los puertos panameños cuya concesión fue renovada en 2021 por un período de 25 años.