Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central, asumirá este lunes la Presidencia de Honduras, tras varias semanas de tensión política marcadas por denuncias de irregularidades en el conteo de votos y presiones de sectores que impulsaron un nuevo escrutinio electoral.

Pese al clima de incertidumbre, Asfura —conocido popularmente como “Papi a la orden”— fue ratificado como ganador del proceso electoral y tomará posesión del cargo en una ceremonia austera que se celebrará en el Congreso Nacional, y no en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, como es tradición. El cambio de sede responde a la política de austeridad anunciada por el nuevo gobierno.

El mandatario electo confirmó que no habrá invitados internacionales y que únicamente asistirán diplomáticos acreditados en Honduras. “El país no está para que estemos gastando. Tenemos que trabajar con austeridad. Se hará una ceremonia sencilla y rápida en el Congreso y nos pondremos a trabajar porque el reloj ya empezó a correr”, afirmó.

Un día antes, durante la ceremonia de traspaso de mando de la Alcaldía del Distrito Central, Asfura anunció un recorte al gasto administrativo del Estado, que oscilará entre 10,000 y 15,000 millones de lempiras, equivalentes a entre 379 y 568 millones de dólares, según explicó. El objetivo, señaló, es eficientizar la gestión pública y destinar los recursos ahorrados a salud y obras públicas.

Entre sus primeras prioridades, el nuevo presidente adelantó que buscará reducir la mora quirúrgica y que enviará al Congreso una propuesta de ley para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema de salud hondureño.

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Asfura afirmó que los principales retos de su administración estarán centrados en seguridad, salud y educación, áreas que, aseguró, marcarán la hoja de ruta de su gobierno.

El pasado lunes 26 de enero cerró con cero homicidios en todo el territorio nacional, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

Con esta nueva jornada, el país acumula siete días consecutivos sin muertes violentas, además de 19 días sin homicidios en lo que va del año, según los registros policiales.

Las cifras también reflejan que, desde que el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, El Salvador ha contabilizado un total de 1,124 días sin homicidios, conforme a los datos oficiales de la PNC.

Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas orientadas a combatir a las pandillas y reducir los índices de violencia en el país.

En los últimos años, el Gabinete de Seguridad Ampliado ha asestado duros golpes a diversas estructuras criminales de origen colombiano que operaban en el país, dedicadas a delitos como extorsión, estafa, lavado de dinero, fraude digital y tráfico de drogas, según informaron autoridades de seguridad.

Las investigaciones permitieron desarticular organizaciones que utilizaban distintos métodos para cometer ilícitos, afectando a cientos de víctimas a nivel nacional y regional. Entre los delitos más recurrentes figuran el tráfico de drogas, las agrupaciones ilícitas, el lavado de activos y las estafas telefónicas y digitales.

Uno de los golpes más recientes contra estas redes fue anunciado el sábado 24 de enero, cuando las autoridades revelaron la desarticulación de una estructura de estafa telefónica de carácter transnacional, que utilizaba números internacionales y operaba desde un centro penitenciario en Colombia, afectando a víctimas en El Salvador.

Modalidad “Gota a gota”

En 2024, las autoridades también lograron desbaratar una red colombiana que operaba bajo la modalidad conocida como “Gota a gota”, en la que los delincuentes simulaban ser microfinancieras para otorgar créditos exprés con intereses excesivos, los cuales posteriormente eran cobrados mediante amenazas de muerte.

Otra de las modalidades detectadas consistía en la oferta de productos y servicios financieros falsos a través de redes sociales, entre ellos teléfonos celulares, aires acondicionados y supuestos créditos bancarios a nombre de distintas instituciones financieras del país. Una vez que la víctima mostraba interés, los estafadores solicitaban el pago de una “prima” para iniciar el trámite.

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Las investigaciones establecieron que, tras recibir el depósito, los delincuentes bloqueaban todo contacto con las víctimas y transferían el dinero a cuentas bancarias en Colombia. El monto total del dinero remitido por esta vía supera el millón de dólares, de acuerdo con los informes oficiales.