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Internacionales

Biden anuncia medidas para aliviar la deuda estudiantil de millones de ciudadanos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló nuevas medidas destinadas a aliviar la carga de la deuda estudiantil que afecta a millones de ciudadanos, anunciando programas de condonación de préstamos e intereses.

Desde Madison (Wisconsin), una de las medidas destacadas ofrece alivio inmediato a prestatarios que participan en programas de cancelación de deudas pero enfrentan dificultades administrativas para completar sus solicitudes.

Además, Biden señaló que muchos prestatarios podrían calificar para el alivio de sus deudas si experimentan dificultades en sus vidas que les impiden realizar los pagos de sus préstamos actualmente o en el futuro.

El presidente destacó la situación de aquellos que ahora deben más de lo que originalmente tomaron prestado debido a los intereses acumulados, con un impacto particularmente notable en las comunidades latinas y afroamericanas.

Según la Casa Blanca, los latinos con deudas estudiantiles tienen más probabilidades de retrasarse en los pagos en comparación con los blancos, y también representan una proporción desproporcionada de estudiantes matriculados en universidades privadas.

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En Estados Unidos, las tasas de interés en los préstamos estudiantiles federales superan el 8 % y más de 25 millones de prestatarios enfrentan una deuda que ha aumentado por encima del monto originalmente prestado.

El gobierno de Biden estima que, como parte de estas nuevas medidas, algunos deudores podrían ver condonados hasta 20.000 dólares en intereses no pagados, independientemente de su nivel de ingresos.

«Nuestro sistema de préstamos estudiantiles está en bancarrota», afirmó Biden durante su discurso en la Universidad de Wisconsin. «Aunque un diploma universitario solía ser la puerta de entrada a la clase media, ahora es algo demasiado costoso. Demasiados estadounidenses, especialmente jóvenes, enfrentan una carga de deuda insostenible».

Biden subrayó que las políticas implementadas por su gobierno para aliviar la deuda de alrededor de 30 millones de personas son beneficiosas para la economía y ayudarán a «liberar a millones de esa carga financiera».

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Centroamérica

Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones

La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.

En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.

“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.

Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.

La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.

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Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.

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Centroamérica

Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas

El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.

Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.

Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.

Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.

“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.

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Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.

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Centroamérica

Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.

Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.

Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.

De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.

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El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.

Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.

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