Centroamérica

Helicóptero decomisado se convierte en ambulancia para niños en El Salvador

Helicóptero decomisado a expresidente Cristiani se transforma en ambulancia neonatal del SEM

El helicóptero Bell 505, previamente incautado al expresidente Alfredo Cristiani, ha encontrado un nuevo propósito como una de las tres ambulancias aéreas del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Esta aeronave ha sido equipada con una incubadora para el traslado de recién nacidos y niños que requieren atención médica, convirtiéndose así en una valiosa herramienta para emergencias pediátricas.

Tras completarse el proceso de extinción de dominio, la aeronave fue adaptada y equipada para su nuevo rol en la atención médica de emergencia. Esta transformación ha permitido que El Salvador, antes carente de servicios de aerotransportación médica, cuente ahora con tres helicópteros que ofrecen este servicio de forma gratuita y ágil en casos de emergencia, destacó el ministro de Salud, Francisco Alabi.

El SEM, con la capacidad de brindar asistencia aérea a través de esta aeronave y dos helicópteros adicionales, puede responder efectivamente ante diversas situaciones médicas y emergencias nacionales.

El helicóptero Bell 505, valuado en $1.3 millones y propiedad del expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, fue confiscado por la Fiscalía General de la República como parte del proceso de extinción de dominio ordenado por un juzgado especializado. Este decomiso se enmarca en los esfuerzos del Estado por poner los bienes anteriormente destinados al uso personal de exfuncionarios al servicio de toda la población.

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«Lo que antes era un privilegio de pocos, ahora se pone a disposición de todos los salvadoreños», enfatizó el Ministerio de Salud, resaltando la importancia de esta iniciativa para la vida y el bienestar de la población.

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Centroamérica

Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.

Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.

“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.

Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.

El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.

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Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.

El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.

Centroamérica

El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios

La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.

Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.

Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.

Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.

De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.

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Centroamérica

Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.

Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.

“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.

El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.

Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.

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Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.

Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.