Internacionales
Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, enfrentará juicio político tras votación ajustada en la Cámara Baja
La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este martes someter a juicio político (impeachment) al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por su gestión de la frontera con México.
Después del voto fallido del pasado 6 de febrero, ese hemiciclo, de mayoría republicana, dio esta vez su visto bueno a ese proceso por 214 votos a favor y 213 en contra.
Mayorkas, jefe de migración del presidente estadounidense, Joe Biden, está acusado de «violación de la confianza pública» y «negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley», pero la última palabra la tiene el Senado, bajo control demócrata.
Los congresistas republicanos Ken Buck, Mike Gallagher y Tom McClintock votaron en contra de la resolución, además de toda la bancada demócrata en bloque.
También formó parte de la votación el congresista republicano Steve Scalise, quien no asistió a la sesión de la semana pasada por problemas de salud y esta vez estuvo presente en la sesión del pleno.
La aprobación por la mínima de este martes se da luego de que hace una semana los republicanos, que son mayoría en la Cámara no reunieran los votos suficientes para aprobar el juicio político contra Mayorkas, con un sorprendente resultado de 214 votos a favor y 216 en contra.
Primer juicio político a un Secretario de Gobierno en 150 años
Se trata de la primera vez que la Cámara Baja envía a juicio político a un secretario del Gobierno en casi 150 años. Hasta hoy, la única vez que ha ocurrido fue en 1876, cuando el entonces secretario de Guerra, William Belknap, fue imputado pero después absuelto por el Senado.
Tras la votación de esta noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó el «descarado acto de partidismo inconstitucional que ha apuntado a un servidor público honorable para realizar pequeños juegos políticos».
Aludió a la fallida votación de la semana pasada contra Mayorkas, un inmigrante cubano que llegó a Estados Unidos con su familia como refugiado político y tiene una «condecorada carrera» de más de dos décadas de servicio público.
«Los republicanos con preocupaciones genuinas sobre la frontera deberían querer que el Congreso proporcione más recursos fronterizos y una seguridad fronteriza más sólida», agregó Biden.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, manifestó que desde el primer día en el cargo Mayorkas se ha negado deliberada y consistentemente a cumplir con las leyes federales de inmigración, «alimentando la peor catástrofe fronteriza en la historia de Estados Unidos», según lo confirma la investigación de un comité del Congreso.
A su turno, la líder de la minoría del Congreso, la demócrata Kartherine Clark, señaló que la «vergonzosa votación» de hoy refleja que a los republicanos de la Cámara de Representantes «nunca les ha importado la seguridad fronteriza, sólo cobardes juegos políticos».
Sin soluciones migratorias
«Se niegan a dialogar con la Administración Biden y los demócratas del Congreso sobre soluciones de inmigración de sentido común. Sólo están impulsando este juicio político para socavar la acción bipartidista, fomentar el caos y reforzar a Donald Trump», añadió.
En esa misma línea, el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer. dijo que la única razón para este juicio político es que el presidente, o ‘speaker’, de la Cámara, Mike Johnson, «apacigue aún más a Donald Trump».
El juicio político a Mayorkas es improbable que prospere, en vista de que tras la votación de hoy el ‘impeachment’ pasa a manos del Senado, donde se requieren dos tercios de los votos y los demócratas ostentan la mayoría.
En la Cámara Alta incluso basta una mayoría simple para que el juicio político ni siquiera se someta a votación, un escenario ya contemplado por algunos senadores demócratas.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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