La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, Eugenia Zamora, acusó este jueves al presidente Rodrigo Chaves de amenazar la paz y la estabilidad política con sus constantes críticas a la institución y sus magistrados en el marco de la campaña rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026.

En un pronunciamiento enviado a los medios, Zamora señaló que las acusaciones de Chaves sobre un presunto sesgo partidario en sus actuaciones y en las de sus colegas son falsas y constituyen un ataque directo a la credibilidad del tribunal, al proceso electoral y a los resultados que el TSE certificará. “Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos y del proceso electoral que se avecina”, afirmó.

Zamora indicó que las declaraciones del mandatario representan una amenaza a la paz y la estabilidad política del país, algo que el tribunal no puede permitir. Durante los últimos meses, Chaves ha denunciado que el TSE le aplicó una “mordaza” en la campaña, ha hablado de un supuesto “golpe de Estado” mediante una solicitud de desafuero y ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados, señalando además que Zamora trabajó anteriormente en un Gobierno del Partido Liberación Nacional, principal fuerza de oposición.

La presidenta del TSE reiteró que el tribunal no está sesgado y recordó que, en 2022, protegieron los votos a favor de Chaves, certificando la elección conforme a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves sobre un nuevo intento de golpe de Estado, presuntamente promovido por sectores judiciales que calificó como “corruptos” y encabezados por la fiscal general María Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones internacionales por supuestos actos de corrupción.

Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo aseguró que su Gobierno sigue siendo blanco de ataques sistemáticos para socavar el orden constitucional. El mandatario celebró la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que anuló una resolución del juez penal Fredy Orellana, la cual pretendía declarar vacante la presidencia de la República. El tribunal también advirtió al juez sobre posibles actos de prevaricato, respaldando así la legitimidad del Ejecutivo.

Arévalo insistió en que los procesos legales en su contra son “espurios” y forman parte de una estrategia de desestabilización del Gobierno. “Hay una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones del Gobierno”, afirmó.

Asimismo, confirmó que la Corte Suprema de Justicia ya tramita un proceso para evaluar la posible destitución del juez Orellana, medida que el presidente considera procedente, argumentando que “las pruebas son claras”.

Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillopermanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 detenidos están en condición de desaparición forzada, lo que significa que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. La información es respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluyendo 10 arrestados antes de la crisis social de 2018, que marcó el inicio de la actual situación política en el país. La lista incluye al excomandante sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el 8 de marzo, y al general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.

Otros casos destacados son los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como militares retirados como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.

El Mecanismo alertó que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con la mayoría de sus principales opositores encarcelados, expulsados del país o despojados de la nacionalidad por supuestos cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.

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