Como parte del Plan Vacaciones 2025, las instituciones que integran la Comisión Nacional de Protección Civil han desplegado una serie de actividades en todo el país para salvaguardar a la población durante este período festivo. Entre las acciones se incluyen asistencia a turistas en playas, inspecciones de seguridad en establecimientos y presencia en eventos religiosos.

El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, informó que se han desplegado 342 guardavidas en 31 playas, siete parques y dos lagos, reforzando la cobertura preventiva en los principales destinos turísticos.

Además, Protección Civil participa activamente en las celebraciones religiosas de San Salvador, con personal ubicado estratégicamente desde la salida hasta el ingreso de las procesiones, brindando asistencia, orientación e hidratación a los asistentes.

“Contamos con puntos de control y atención prehospitalaria, y el Equipo Táctico Operativo está presente en cada actividad para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad”, explicó Pérez.

El funcionario reiteró que el compromiso institucional es garantizar la seguridad de la población, por instrucción del presidente Nayib Bukele. “Nuestra misión es ser el ente rector en la atención de emergencias a escala nacional”, enfatizó.

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En relación con los accidentes viales, Pérez detalló que hasta la mañana del lunes se habían registrado 201 percances, frente a los 166 del mismo período en 2024. Entre las principales causas identificadas se encuentran:

• Distracción al conducir

• Invasión de carril

• Falta de distancia de seguridad

• Irrespeto a señalización prioritaria

• Velocidad inadecuada

• Conducción bajo efectos de alcohol o drogas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el pasado sábado 2 de agosto El Salvador cerró una nueva jornada sin homicidios, sumando así 178 días en 2025 sin crímenes contra la vida, un resultado atribuido a los planes de seguridad impulsados por el gobierno.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante la administración del presidente Nayib Bukele ya se contabilizan 976 días sin asesinatos, de los cuales 862 han ocurrido en el marco del régimen de excepción, herramienta que las autoridades consideran clave para frenar la violencia provocada por las pandillas.

Los primeros siete meses de 2025 destacan por cifras históricas en cuanto a días sin homicidios, siendo julio el mes más sobresaliente con 29 jornadas libres de muertes violentas y un periodo consecutivo de hasta 24 días sin asesinatos. Este récord supera los registros de julio de 2024, que cerró con 22 días sin homicidios; los 23 de 2023 y los 21 de 2022.

El contraste con años anteriores es evidente: en julio de 2015, durante el segundo gobierno del FMLN bajo la gestión de Salvador Sánchez Cerén, se registraron 470 asesinatos, con un promedio de 15 homicidios diarios.

La guerra contra las pandillas ha sido, según el gobierno, una de las principales estrategias para garantizar la seguridad ciudadana y proteger la vida de millones de salvadoreños.

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El presidente Bukele ha reiterado en diversas ocasiones que, gracias a estos resultados históricos, El Salvador se posiciona como “la nación más segura del hemisferio occidental”, un ejemplo que —afirma— ya observan países como Estados Unidos, Argentina y República Dominicana.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, tras las recientes reformas constitucionales en materia electoral, llevará a cabo los ajustes necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones previstas para el 28 de febrero de 2027.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que estas adecuaciones responden a los cambios aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, los cuales reducen de forma excepcional el período electoral a tres años, lo que obliga a celebrar elecciones presidenciales en 2027.

La reforma también establece la ampliación del mandato presidencial a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta en los comicios presidenciales.

El TSE reiteró su compromiso con el respeto a la legalidad, la transparencia, la modernización institucional y el uso eficiente de los recursos públicos en la organización de los próximos procesos electorales.