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Centroamérica

Detención provisional para expresidente y exdiputados por encubrimiento en caso El Mozote

24 de diciembre | Redacción |

El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ha decretado la detención provisional contra el expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard y exdiputados que conformaron la junta directiva de la Asamblea Legislativa en 1993. Los cargos están relacionados con el delito de encubrimiento personal a favor de los imputados en la masacre conocida como El Mozote.

La masacre tuvo lugar entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, donde alrededor de 1,200 personas en el caserío El Mozote y áreas circundantes fueron asesinadas por personal de la Fuerza Armada de El Salvador con el apoyo de la Fuerza Aérea salvadoreña.

La resolución judicial declara crimen de lesa humanidad e imprescriptible el delito de encubrimiento personal atribuido a los procesados, considerando que están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas en el departamento de Morazán.

El fallo explica que los imputados, en su calidad de miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa, ayudaron a los responsables de la masacre a eludir la acción de la autoridad mediante la aprobación de una Ley de Amnistía en 1993. Esta ley garantizaba plena impunidad a los autores materiales e intelectuales de las masacres en El Mozote y lugares cercanos.

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La resolución destaca que la iniciativa de ley presentada por los procesados concretó un favorecimiento a los responsables de la masacre, haciendo imposible la acción de la justicia y constituyendo un acto contrario a compromisos internacionales.

La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en 1993 impidió llevar a la justicia a los responsables de ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas durante los 12 años de Guerra Civil en El Salvador. Esta legislación otorgó un perdón implícito a los autores de hechos sangrientos durante el conflicto armado.

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Centroamérica

Banco Mundial respalda a El Salvador con financiamiento para estabilidad económica y combate al cambio climático

El Banco Mundial anunció que su directorio ejecutivo aprobó un préstamo destinado a apoyar los esfuerzos de El Salvador para fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar su capacidad de respuesta frente a los riesgos asociados a desastres naturales y cambio climático.

Según un comunicado de la institución, el financiamiento forma parte del programa “Políticas de Desarrollo de la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia con Opción de Desembolso Diferido por Catástrofe (Cat DDO)”, el primero de una serie de tres operaciones programáticas.

El monto total asciende a US$350 millones, de los cuales US$100 millones están asignados a la Cat DDO, un fondo que podrá activarse tras una declaración oficial de emergencia por desastres naturales o sanitarios.

Carine Clert, gerente de País del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, reafirmó el compromiso de la institución con los objetivos de este financiamiento: “Nuestro compromiso es apoyar la sostenibilidad fiscal mediante una gestión pública más eficiente y la atracción de inversión privada para generar empleos de calidad y servicios más eficaces”, señaló.

Añadió que también buscan fortalecer la resiliencia del país “mediante acciones que fomenten la expansión de espacios verdes, procesos de construcción más sostenibles y una mejor capacidad de respuesta ante emergencias”.

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Por su parte, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, subrayó los avances del gobierno en materia de estabilidad económica: “El Salvador ha tomado medidas decisivas para estabilizar su economía, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la confianza del mercado. Este financiamiento respalda nuestro compromiso con una gestión fiscal responsable, así como con la protección de la población ante el aumento de los riesgos climáticos”, afirmó.

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Centroamérica

Gobierno panameño y Hutchison Holdings en conversaciones por concesión portuaria

La subsidiaria de la compañía hongkonesa Hutchison Holdings informó que dialogará con el gobierno de Panamá sobre el futuro de los puertos que administra en el Canal de Panamá, actualmente en proceso de negociación para su venta.

El anuncio se dio a conocer luego de que la Contraloría panameña presentara el miércoles dos demandas ante la Corte Suprema, con el objetivo de anular el contrato de concesión que desde 1997 permite a Panama Ports —filial de Hutchison Holdings— operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Las acciones legales, respaldadas por el presidente panameño José Raúl Mulino, ocurren mientras la compañía mantiene conversaciones para vender gran parte de su negocio a nivel mundial, lo que incluye los puertos panameños cuya concesión fue renovada en 2021 por un período de 25 años.

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Centroamérica

TSE ajustará procesos tras reformas constitucionales para elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, tras las recientes reformas constitucionales en materia electoral, llevará a cabo los ajustes necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones previstas para el 28 de febrero de 2027.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que estas adecuaciones responden a los cambios aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, los cuales reducen de forma excepcional el período electoral a tres años, lo que obliga a celebrar elecciones presidenciales en 2027.

La reforma también establece la ampliación del mandato presidencial a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta en los comicios presidenciales.

El TSE reiteró su compromiso con el respeto a la legalidad, la transparencia, la modernización institucional y el uso eficiente de los recursos públicos en la organización de los próximos procesos electorales.

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