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Audiencia contra empresarios de ARGOZ S.A. por estafa y lavado de dinero

Foto: @LPGJudicial

21 de diciembre | Redacción |

El Tribunal Tercero contra Crimen Organizado de El Salvador llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas contra ocho personas vinculadas a la Corporación ARGOZ S.A de C.V. Entre los acusados se encuentran los empresarios Leticia Farfán de Gómez y Rodrigo Javier Gómez Farfán, madre e hijo, señalados por la presunta comercialización irregular de terrenos sin los permisos correspondientes.

Los imputados enfrentan cargos de estafa agravada, comercialización ilegal de lotes o parcelas, y pertenencia a agrupaciones ilícitas, según declaró el fiscal a cargo del caso. De los ocho procesados, cinco están bajo custodia, mientras que el paradero de los restantes es desconocido. Sus identidades no fueron reveladas ni por la Fiscalía General de la República ni por los abogados defensores.

La solicitud presentada al tribunal busca que los ocho individuos pasen a la etapa de instrucción, bajo detención provisional. El fiscal destacó que el caso perjudica a 24 víctimas, quienes han denunciado la presunta estafa y presentaron documentación para respaldar sus reclamos.

La acusación sostiene que ARGOZ y otras sociedades involucradas no contaban con los permisos necesarios para la venta de lotes. A pesar de carecer de autorizaciones, presuntamente vendían terrenos y no entregaban las escrituras a las víctimas una vez realizado el pago.

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En la audiencia, la defensa de los acusados alegó la nulidad del caso, argumentando que la aplicación retroactiva de la ley viola la Constitución. Señalaron que los hechos datan de 1984, mientras que la ley que se les imputa fue publicada en agosto del año en curso.

Además, se reprochó la ampliación retroactiva de la reforma al delito de agrupaciones ilícitas. La defensa insistió en que la Constitución prohíbe la retroactividad de las leyes, a menos que favorezcan al imputado.

En un giro adicional, la Fiscalía imputó a Leticia Farfán de Gómez el delito de casos especiales de lavado de dinero, argumentando que no pudo justificar la procedencia de $296,570 incautados durante los allanamientos el pasado 5 de diciembre.

Hasta el momento de cierre de esta nota, el juez no había resuelto la solicitud de nulidad, dejando en suspenso el curso del proceso judicial.

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Centroamérica

TSE ajustará procesos tras reformas constitucionales para elecciones de 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, tras las recientes reformas constitucionales en materia electoral, llevará a cabo los ajustes necesarios para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones previstas para el 28 de febrero de 2027.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución explicó que estas adecuaciones responden a los cambios aprobados y ratificados por la Asamblea Legislativa, los cuales reducen de forma excepcional el período electoral a tres años, lo que obliga a celebrar elecciones presidenciales en 2027.

La reforma también establece la ampliación del mandato presidencial a seis años y elimina la posibilidad de una segunda vuelta en los comicios presidenciales.

El TSE reiteró su compromiso con el respeto a la legalidad, la transparencia, la modernización institucional y el uso eficiente de los recursos públicos en la organización de los próximos procesos electorales.

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Centroamérica

El Salvador: período presidencial será de seis años y se elimina segunda vuelta

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, con 57 votos, una serie de reformas a la Constitución de la República, con el objetivo de actualizar el sistema electoral, optimizar recursos públicos y “fortalecer la democracia”, según lo expresado en la sesión plenaria.

Las modificaciones, propuestas por la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, permiten la reelección indefinida del presidente de la República, extienden el período presidencial de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral.

Además, los legisladores aprobaron una medida transitoria para homologar el ciclo electoral, lo que permitirá realizar una única elección presidencial, legislativa y municipal. Esto implica que el mandato del presidente Nayib Bukele se acortará en dos años, pasando de 2029 a 2027.

La aprobación se dio durante la sesión plenaria ordinaria 66, y fue ratificada en la sesión plenaria ordinaria 67.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró que los cambios “no significan la creación de una nueva Constitución, sino reformas a la vigente de 1983”, recordando que esta ya ha sido modificada “no menos de 25 veces”, muchas de ellas entre 1992 y 1993 tras la firma de los Acuerdos de Paz.

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“Una de las ventajas para el pueblo es que cuando el pueblo elija a un presidente va a tener la oportunidad de premiar o castigar el trabajo que está haciendo el Ejecutivo hasta ese momento”, afirmó Castro.

El legislador también aclaró que las reformas no alteran el proceso de elección de diputados ni de concejos municipales.

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Centroamérica

Adelantan elecciones presidenciales a 2027 en El Salvador

Los salvadoreños acudirán a las urnas en 2027 para elegir al próximo presidente de la República, dos años antes de lo previsto en el calendario electoral, luego de que la Asamblea Legislativa ratificara una reforma constitucionalimpulsada por la bancada de Nuevas Ideas, que modifica varios artículos de la Carta Magna para ordenar los ciclos electorales.

La propuesta, presentada por la diputada Ana Figueroa, fue aprobada con 57 votos en la sesión plenaria 66 y ratificada en la plenaria 67, sin el respaldo de los tres diputados de oposición de ARENA y VAMOS.

El decreto establece que, a partir de 2027, el período presidencial será de seis años, pero el actual mandato se reducirá a tres años para homologar los comicios presidenciales con los municipales y legislativos, de modo que las elecciones generales se realicen cada seis años.

Entre los cambios más relevantes, se incluye la posibilidad de reelección presidencial indefinida, siempre que la ciudadanía lo respalde en las urnas, y la eliminación de la segunda vuelta electoral, medida que —según Figueroa— generará un ahorro de 50 millones de dólares al Estado.

“El poder total reside en la población… usted, salvadoreño, es quien mejor puede juzgar si un funcionario está haciendo bien su trabajo”, afirmó la legisladora.

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Figueroa también argumentó que la idea de que la Constitución “no podía reformarse” fue un “candado” impuesto por los partidos tradicionales para mantener privilegios.

“El pueblo siempre tiene el derecho de revisar y cambiar su Constitución, y una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras. Nos han atado a leyes del pasado que ya no responden a nuestro entorno actual”, señaló.

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