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Crisis diplomática y humanitaria: Salvadoreños varados en Panamá por protestas contra contrato minero

Crisis diplomática y humanitaria: Salvadoreños varados en Panamá por protestas contra contrato minero
Foto: AFP

27 de noviembre | Redacción |

Debido al cierre de carreteras en Panamá en medio de intensas protestas contra la aprobación de un nuevo contrato minero entre el estado y una empresa canadiense, varios transportistas salvadoreños se encuentran varados en el país centroamericano. Las manifestaciones, que han paralizado los accesos a la capital, Ciudad de Panamá, surgen como respuesta al rechazo del acuerdo, el cual ha sido objeto de críticas por sus posibles impactos ambientales.

Ante esta crisis, el Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha emitido un comunicado solicitando la apertura de un corredor humanitario para permitir la salida de los transportistas salvadoreños afectados por los bloqueos de carreteras en Panamá. La Cancillería salvadoreña hace un llamado a las autoridades panameñas y a la sociedad civil del país para facilitar esta salida.

El comunicado, emitido el 26 de noviembre, detalla que la Embajada de El Salvador en Panamá ha estado proporcionando apoyo humanitario, incluyendo alimentación y atención médica, a los ciudadanos salvadoreños varados en territorio panameño durante más de 30 días. A pesar de estos esfuerzos, aún no se ha logrado encontrar una solución para los conductores afectados.

La solicitud de El Salvador se enmarca en las históricas relaciones diplomáticas y de cooperación con Panamá. Sin embargo, la situación se complica debido a las semanas de protestas en Panamá contra el contrato minero, que otorga a una compañía canadiense la autorización para operar en la zona caribeña del país por un período de 40 años.

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Este contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso panameño, ha generado controversias al sustituir un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por carecer de licitación y consulta popular. Los manifestantes argumentan que el nuevo acuerdo presenta los mismos problemas y acusan a la mina de causar daños al medio ambiente local. Como parte de las protestas, se han bloqueado los accesos a la capital y se han realizado intentos de bloquear el puerto utilizado por la empresa minera.

La crisis actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones diplomáticas en la región, así como los desafíos humanitarios derivados de las tensiones sociales y medioambientales generadas por proyectos mineros a gran escala.

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Centroamérica

Bethy Arana genera polémica por declaraciones sobre apoyo a Bukele

La analista Bethy Arana cuestionó el respaldo ciudadano al Gobierno del presidente Nayib Bukele durante su participación en el programa televisivo Encuentro TV, donde afirmó que el mandatario cuenta con el aval de un sector de la población al que calificó como “pueblo ignorante” y “fanático”.

“Tiene ahorita el aval del pueblo ignorante que les aplaude todo, del pueblo fanático que les aplaude todo”, expresó Arana en la entrevista.

Asimismo, sostuvo que quienes no respaldan la gestión del Ejecutivo son personas que, a su juicio, “ocupan la cabeza”, y señaló que no todos los salvadoreños comparten la misma postura frente al Gobierno.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que la más reciente encuesta de CID Gallup indica que el 93 % de la población aprueba la gestión presidencial, cifra similar a la reflejada en estudios de Iudop-UCA y LPGDatos.

Durante su intervención, Arana también criticó la entrega de equipo tecnológico a estudiantes del sector público, programa impulsado por el Gobierno con el objetivo de fortalecer el proceso académico.

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Centroamérica

El Salvador suma 15 días sin homicidios en febrero

La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó que el miércoles 18 de febrero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.

Con esta jornada, El Salvador acumula 15 días sin asesinatos en lo que va del mes y un total de 41 días sin homicidios en lo que transcurre de 2026, según datos oficiales.

Las autoridades también han señalado que el país cerró 2025 con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, así como con un índice de impunidad del 0 % en el delito de homicidio.

De acuerdo con el Gobierno, estos resultados son producto de la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas que forman parte de la estrategia de seguridad pública impulsada en los últimos años.

Las autoridades sostienen que las políticas adoptadas han permitido una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.

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Centroamérica

Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.

Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.

Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.

Personas vinculadas al caso

El monto fue incautado a:

  • Santos Elías Guardado Flores

  • William Arnoldo Hernández Navidad

  • José Luis González Villalobos

Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.

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Otro caso reciente

Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.

En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.

Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.

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