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Crisis diplomática y humanitaria: Salvadoreños varados en Panamá por protestas contra contrato minero

Crisis diplomática y humanitaria: Salvadoreños varados en Panamá por protestas contra contrato minero
Foto: AFP

27 de noviembre | Redacción |

Debido al cierre de carreteras en Panamá en medio de intensas protestas contra la aprobación de un nuevo contrato minero entre el estado y una empresa canadiense, varios transportistas salvadoreños se encuentran varados en el país centroamericano. Las manifestaciones, que han paralizado los accesos a la capital, Ciudad de Panamá, surgen como respuesta al rechazo del acuerdo, el cual ha sido objeto de críticas por sus posibles impactos ambientales.

Ante esta crisis, el Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha emitido un comunicado solicitando la apertura de un corredor humanitario para permitir la salida de los transportistas salvadoreños afectados por los bloqueos de carreteras en Panamá. La Cancillería salvadoreña hace un llamado a las autoridades panameñas y a la sociedad civil del país para facilitar esta salida.

El comunicado, emitido el 26 de noviembre, detalla que la Embajada de El Salvador en Panamá ha estado proporcionando apoyo humanitario, incluyendo alimentación y atención médica, a los ciudadanos salvadoreños varados en territorio panameño durante más de 30 días. A pesar de estos esfuerzos, aún no se ha logrado encontrar una solución para los conductores afectados.

La solicitud de El Salvador se enmarca en las históricas relaciones diplomáticas y de cooperación con Panamá. Sin embargo, la situación se complica debido a las semanas de protestas en Panamá contra el contrato minero, que otorga a una compañía canadiense la autorización para operar en la zona caribeña del país por un período de 40 años.

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Este contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso panameño, ha generado controversias al sustituir un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por carecer de licitación y consulta popular. Los manifestantes argumentan que el nuevo acuerdo presenta los mismos problemas y acusan a la mina de causar daños al medio ambiente local. Como parte de las protestas, se han bloqueado los accesos a la capital y se han realizado intentos de bloquear el puerto utilizado por la empresa minera.

La crisis actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones diplomáticas en la región, así como los desafíos humanitarios derivados de las tensiones sociales y medioambientales generadas por proyectos mineros a gran escala.

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Centroamérica

Gobierno atiende inundaciones en Ciudad Marsella y suspende permisos a constructora

Tras los reportes de inundaciones registradas durante la noche del sábado en la residencial Ciudad Marsella, en San Juan Opico, los equipos de primera respuesta del Gobierno se movilizaron de manera inmediata para verificar la situación y brindar atención a las familias afectadas.

Personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos llegó a la zona para evaluar los daños ocasionados por el desbordamiento de agua, así como para iniciar labores de limpieza en las viviendas impactadas. Estas acciones, según se informó, están a cargo de la empresa constructora responsable del proyecto habitacional.

Como parte del acompañamiento institucional, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se presentó en la residencial para realizar inspecciones técnicas y constatar las afectaciones en las viviendas. Durante su visita, reiteró el respaldo del Gobierno a las familias perjudicadas y afirmó que se exigirán las responsabilidades correspondientes a la empresa involucrada.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria informó sobre la suspensión, a nivel nacional, de los permisos de construcción y parcelación otorgados a la empresa Salazar Romero, hasta que se garantice el cumplimiento de los procesos legales y se indemnice a las familias afectadas.

Sol añadió que, de manera preliminar, se han identificado posibles fallas en el sistema de drenaje del proyecto habitacional, situación que será confirmada mediante una inspección técnica especializada.

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Noticias

PNC reporta nueva jornada sin homicidios y refuerza tendencia a la baja en enero

El mes de enero continúa registrando jornadas sin asesinatos en El Salvador. De acuerdo con estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), el país sumó un nuevo día sin homicidios, elevando a siete el total de fechas sin muertes violentas en lo que va del mes.

La información fue divulgada a través de la cuenta oficial de la PNC en la red social X, donde se detalló que el viernes 9 de enero concluyó sin reportes de homicidios en todo el territorio nacional.

Según los datos oficiales, los días sin asesinatos registrados durante enero son el 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9.

Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes y operativos conjuntos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, acciones que, según los informes oficiales, han contribuido a mantener un contexto social con bajos niveles de violencia y a posicionar a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.

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Centroamérica

Continúa la baja de homicidios: El Salvador cierra otra jornada sin asesinatos

Banca privada busca trabajar con el Gobierno para mejorar perfil de deuda local

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 8 de enero transcurrió sin registrarse homicidios en todo el territorio salvadoreño, en un nuevo día sin muertes a causa de la violencia.

“Finalizamos el jueves 08 de enero con 0 homicidios en el país”, indicó la institución de seguridad a través de su cuenta oficial en la red social X.

La PNC destacó que la reducción sostenida de los índices de violencia ha sido una constante durante la administración del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con cifras oficiales, El Salvador cerró 2024 con una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cual se redujo aún más al finalizar 2025, cuando se ubicó en 1.3.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país como parte de la estrategia de seguridad pública.

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