La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el martes 31 de marzo cerró sin registros de homicidios en todo el territorio de El Salvador, como parte de la tendencia a la baja en los índices de violencia.

“Finalizamos el martes 31 de marzo con 0 homicidios en el país”, detalló la institución a través de su cuenta oficial en la red social X.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial, reforzado con el régimen de excepción, bajo el cual se ha capturado a miles de presuntos pandilleros que han sido puestos a disposición de la justicia.

Como parte de las estrategias de seguridad, se mantiene un despliegue conjunto de agentes de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada en distintos puntos del país, con el objetivo de ubicar y capturar a remanentes de estructuras criminales.

Según el informe, la reducción sostenida de la violencia ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad, lo que también se refleja en un aumento del turismo. Datos del Ministerio de Turismo indican que, solo durante el fin de semana del 28 y 29 de marzo, ingresaron al país 48,000 visitantes extranjeros.

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La muerte de un inmigrante mexicano ocurrida la semana pasada en un centro de detención en las afueras de Los Ángelesllevó este lunes al Gobierno de México a exigir a las autoridades de Estados Unidos el esclarecimiento de los hechos, en medio de un registro de 14 ciudadanos mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria en lo que va del año.

El fallecimiento de José Guadalupe Ramos-Solano fue informado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que detalló en un comunicado que el hombre, detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, fue hallado “inconsciente y sin respuesta” el pasado 25 de marzo.

La directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería mexicana, Vanessa Calva Ruiz, afirmó que el caso no es aislado y responde a una tendencia preocupante.

“El caso del señor José Guadalupe no es un hecho aislado, sino un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”, expresó la funcionaria durante una conferencia de prensa en Los Ángeles.

Con este caso, suman 14 las muertes de personas bajo custodia del ICE en lo que va del año, según datos oficiales.

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Las autoridades mexicanas señalaron que, únicamente en el centro de procesamiento de Adelanto, ubicado en el condado de San Bernardino, al menos cuatro ciudadanos mexicanos han fallecido entre 2025 y 2026 por aparentes complicaciones médicas, lo que —indicaron— evidencia un patrón de posibles deficiencias estructurales.

Ante esta situación, el Gobierno de México anunció que agotará las vías legales y diplomáticas para visibilizar las condiciones en estos centros de detención.

De acuerdo con Calva Ruiz, estos decesos podrían estar relacionados con fallas y negligencias en la operación de las instalaciones, lo que contravendría normas estadounidenses y estándares internacionales en materia de derechos humanos.

“A la fecha no hemos recibido respuestas que garanticen la corrección de las condiciones que propician estos fallecimientos”, concluyó la funcionaria.

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El sistema penitenciario de El Salvador ha experimentado una transformación significativa en las últimas dos décadas. En 2004, el país registró una de las peores masacres carcelarias de su historia, con el hallazgo de 32 cadáveres de pandilleros de la Barrio 18 y supuestos civiles en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

A 22 años de ese hecho, el panorama en los centros penitenciarios es distinto, de acuerdo con autoridades, quienes aseguran que actualmente prevalecen el orden, el control y la disciplina en las cárceles del país.

Este cambio es atribuido a la implementación del Plan Control Territorial, estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y reforzada mediante el régimen de excepción, vigente desde 2022.

En el penal de Mariona, los privados de libertad considerados reos comunes participan en el programa “Cero Ocio”, que incluye actividades educativas y de formación. En contraste, las autoridades han endurecido las condiciones para miembros de pandillas, eliminando beneficios que, según señalan, existían en administraciones anteriores.

Según datos oficiales, durante la actual gestión no se han registrado amotinamientos ni hechos de violencia interna derivados de riñas en los centros penitenciarios. Además, se han ejecutado mejoras en infraestructura y se han fortalecido los controles de seguridad, incluyendo la implementación de tecnología para evitar la comunicación de los reos con el exterior.

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En contraste, registros de años anteriores dan cuenta de episodios violentos en el sistema carcelario. En diciembre de 2002, dos agentes policiales fueron tomados como rehenes y posteriormente asesinados durante un motín en Mariona, que dejó además 17 personas lesionadas entre custodios y reclusos.

Posteriormente, en 2007, un amotinamiento en el centro penitenciario de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, dejó al menos 20 reclusos muertos y varios heridos, lo que llevó a declarar estado de emergencia en ese recinto. En 2011, otro enfrentamiento interno dejó tres fallecidos y cuatro lesionados.

Asimismo, en 2015, miembros de la pandilla Barrio 18 asesinaron a 14 integrantes de la facción conocida como “Los Revolucionarios” durante una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.