El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, durante su participación en el Desayuno Nacional de Oración, un evento que congregó a líderes políticos y dignatarios de más de 110 países.

Durante su discurso, Trump calificó a Bukele como “una de mis personas favoritas” y destacó su relación con El Salvador, al que describió como un aliado clave de Estados Unidos. El mandatario estadounidense subrayó especialmente la gestión del presidente salvadoreño en materia de seguridad y el combate al crimen.

“Nos complace dar la bienvenida a líderes y dignatarios visitantes de más de 110 países. Están aquí, incluido uno de mis favoritos. El presidente Bukele, de El Salvador, ha sido realmente increíble”, afirmó Trump ante los asistentes.

El mandatario estadounidense también hizo referencia al sistema penitenciario salvadoreño y a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de Bukele. “Él opera prisiones muy grandes, enormes. No se puede ver de un lado al otro a menos que se tenga una visión perfecta”, expresó, al tiempo que aseguró que, pese a tratarse de centros penitenciarios “fuertes”, el trabajo que se realiza en ellos es “muy humano”.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele también se refirió a los avances en seguridad en El Salvador y recordó que el pasado 19 de enero su país celebró por primera vez el Desayuno Nacional de Oración.

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“Hace un par de días tuvimos el honor de organizar, por primera vez, un Desayuno Nacional de Oración en El Salvador. Allí compartí un poco sobre el milagro que se está desarrollando en nuestro país. Como saben, El Salvador era la capital mundial de los homicidios, como se le conocía”, afirmó el mandatario salvadoreño.

La decisión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, de recurrir a un arbitraje internacional tras el fallo del Supremo de Panamá que declaró inconstitucional la concesión de dos puertos del Canal ha abierto una nueva etapa legal en el proceso, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos.

PPC anunció que el pasado 3 de febrero inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, amparándose en el contrato de concesión firmado en 1997, según informó la empresa en un comunicado enviado a EFE. La compañía, operadora de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, sostiene que el Estado panameño ha incumplido el marco contractual y legal, por lo que reclama “daños extensos”.

El anuncio se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la concesión otorgada a PPC. No obstante, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha señalado que la empresa continuará operando los puertos hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Por su parte, PPC asegura que el fallo aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigor.

El Gobierno panameño prevé una fase transitoria tras la ejecución de la sentencia, durante la cual la operación provisional de los puertos estaría a cargo de APM Terminals Panama, filial del grupo danés Maersk. Posteriormente, se impulsará un nuevo proceso de concesión que, según Mulino, será abierto y participativo.

De acuerdo con la ICC, el arbitraje iniciado por PPC tiene un carácter estrictamente contractual y no puede revisar ni anular decisiones de tribunales nacionales. Su alcance se limita a determinar si existieron incumplimientos contractuales y, de ser el caso, establecer compensaciones económicas.

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El profesor Ja Ian Chong, de la Universidad Nacional de Singapur, advirtió en declaraciones a EFE que este tipo de arbitrajes “pueden prolongarse durante años” y recordó que Panamá, como Estado, “no está obligada a participar ni a cumplir el laudo”, como ha ocurrido en otros litigios internacionales.

Las autoridades judiciales de Costa Rica iniciaron el lunes una investigación luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibiera información confidencial sobre la difusión de videos en redes sociales que contienen amenazas dirigidas contra la presidenta electa, Laura Fernández.

Según el Código Penal costarricense, el delito de amenazas agravadas está sancionado con penas que van de seis meses a dos años de prisión, por lo que el caso es analizado bajo este marco legal.

En el plano electoral, con el 96.87 % de las mesas escrutadas, la candidata oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales al obtener el 48.3 % de los votos, de acuerdo con el más reciente informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En segundo lugar se ubicó Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 33.44 % de los sufragios, mientras que ninguno de los otros 18 candidatos superó el 5 % de los votos.

El TSE inició el martes el escrutinio manual de las actas electorales y cuenta con un plazo máximo de un mes para oficializar los resultados y declarar a las autoridades electas, entre ellas la Presidencia, las dos Vicepresidencias y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

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