El Gobierno de El Salvador y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) conmemoraron 45 años de trabajo conjunto y cooperación en materia de protección internacional y asistencia humanitaria.

La agencia de la ONU llegó al país en la década de los ochenta, en el contexto del conflicto armado, con el objetivo de brindar apoyo a la población afectada. Desde entonces, ha acompañado distintos proyectos orientados a la protección de personas refugiadas y desplazadas.

“Conmemorar 45 años de historia y trabajo conjunto entre El Salvador y Acnur es reconocer una alianza sólida que ha puesto la protección internacional y la salvaguarda de la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y de nuestra visión de país”, expresó la vicecanciller Adriana Mira.

La diplomática destacó que esta cooperación ha permitido fortalecer la institucionalidad nacional, dando paso a la creación de la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (Coder), liderada por la Cancillería de la República y articulada con diversas entidades del Estado.

Entre las instituciones que integran este esfuerzo se encuentran la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Procuraduría General de la República de El Salvador y el Registro Nacional de las Personas Naturales.

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“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con determinación y responsabilidad, consolidando a El Salvador como un referente regional de dignidad, esperanza y solidaridad, donde la protección de las personas sea una realidad permanente y sostenible”, enfatizó Mira.

Las autoridades señalaron que la alianza continuará enfocada en fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el respeto a los derechos de las personas en situación de movilidad.

El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, informó en la entrevista de Diálogo 21 que los 11 Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) registraron alrededor de 15,000 usuarios durante el mes de enero.

De acuerdo con el funcionario, del total de asistentes el 54 % fueron hombres y el 46 % mujeres. La mayoría de quienes frecuentan estos espacios son adolescentes.

“Estamos hablando que la mayoría de los usuarios que tenemos en los CUBOS son adolescentes. Entonces esto es un centro de entretenimiento, piensan algunos. Pero no, es un punto de trabajo con la generación perdida a causa de la violencia”, expresó Marroquín.

El director señaló que los CUBO funcionan como semilleros de oportunidades para jóvenes que durante años estuvieron excluidos, permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades y acceder a herramientas formativas.

Asimismo, destacó el apoyo interinstitucional para ampliar oportunidades educativas. “Hoy, gracias al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), las becas están llegando a salvadoreños que antes no podían acceder. Acá les brindamos acompañamiento legal y técnico para que realmente aprovechen estas oportunidades”, explicó.

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Marroquín agregó que recientemente, con el respaldo de la Embajada de China, tres jóvenes usuarios de los CUBO viajarán a ese país asiático para continuar su formación académica, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Las autoridades reiteraron que estos centros forman parte de la estrategia de reconstrucción del tejido social, orientada a generar espacios seguros y de desarrollo para la juventud salvadoreña.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó este martes 137 escrituras de propiedad a familias provenientes de 21 lotificaciones en distintos puntos del país, quienes fueron afectadas por la Corporación Argoz S.A. de C.V.

De acuerdo con las autoridades, la entrega garantiza seguridad jurídica a los beneficiarios, algunos de los cuales esperaron hasta 43 años para obtener el documento que los acredita como propietarios legítimos de sus terrenos.

“Hoy se están legalizando 137 lotes, en beneficio de familias que, incluso, han esperado hasta 43 años por este documento”, detalló la funcionaria durante el acto de entrega.

Según el Ministerio de Vivienda, con esta acción se recupera un monto aproximado de $1.4 millones en favor de las familias afectadas.

“Las familias beneficiadas provienen de 21 lotificaciones, ubicadas en siete departamentos del país, y con esta entrega se está devolviendo un monto aproximado de $1.4 millones”, destacó Sol.

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Los beneficiarios residen en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Usulután y La Unión.

Durante la actividad, Lila Elvira Cuadra, residente de Santa María Portezuelo, en Santa Ana, expresó su satisfacción tras recibir la escritura. “Le doy gracias a Dios y al presidente Nayib Bukele. Antes todo era difícil, pero ahora vemos un cambio y eso nos llena de alegría. Me voy con una gran felicidad en el corazón por lo que estamos viviendo”, manifestó.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar brindando respaldo legal a familias afectadas por irregularidades en procesos de lotificación, como parte de las acciones orientadas a garantizar el derecho a la propiedad.