Centroamérica
Gobierno de Costa Rica apela a Honduras para eliminar requisito de visa a transportistas
20 de octubre | Redacción |
El Gobierno de Costa Rica ha apelado a la «sensibilidad» de Honduras en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo que permita eliminar el requisito de visa consular impuesto a los transportistas de carga entre ambos países desde octubre pasado.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, expresó: «Esperamos que la sensibilidad ante un segmento poblacional especialmente necesitado del derecho al trabajo haga que podamos tener un acuerdo binacional en esta materia. Esperamos esos resultados en favor de los chóferes hondureños y costarricenses.»
Zamora destacó que los chóferes con carné centroamericano de transportistas ya han pasado por un proceso de filtración y no representan riesgos para la seguridad del país, sino que, por el contrario, contribuyen al comercio y al dinamismo económico.
Esta apelación surge como respuesta a las declaraciones del director del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Allan Alvarenga, quien rechazó la propuesta costarricense de eliminar el requisito de visa para los transportistas de ambos países. Alvarenga subrayó que no pueden hacer una categorización de ciudadanos y que el Gobierno hondureño no está dispuesto a dar privilegios a unos ciudadanos en detrimento de otros, ya que considera que debe ser una medida que se aplique a todos.
La imposición de la visa consular por parte de Costa Rica el pasado 10 de octubre, argumentada en motivos de seguridad nacional debido a la presencia de bandas de sicarios y crimen organizado con conexiones hondureñas, llevó a que Honduras respondiera con una medida recíproca solicitando visa a los costarricenses. Esta situación ha generado críticas de cámaras de comercio, personalidades, expresidentes y analistas, quienes ven esta medida como un obstáculo para la integración centroamericana y una afectación a la dinámica comercial regional.
Centroamérica
Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.
Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.
En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.
“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.
La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.
“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.
Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.
En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.
Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.
“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.
Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.
Centroamérica
Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.
Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.
“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.
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