Internacionales
Chile: renuncia de Giorgio Jackson como ministro sacude Gobierno de Boric
21 de agosto | Redacción |
La renuncia del 11 de agosto del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ha sacudido las bases del gobierno de Gabriel Boric, dejando tras de sí una profunda caída que abarca tanto lo personal como lo político. Giorgio Jackson no solo era uno de los asesores más cercanos de Boric, sino también un amigo y compañero de fórmula que compartía una visión de una nueva izquierda para Chile, con la firme convicción de transformar el país.
La partida de Giorgio Jackson ha dejado un vacío emocional y político en el gobierno de Boric. Desde 2012, Jackson, Camila Vallejo y Gabriel Boric conformaron un trío de oposición que lideraba las protestas estudiantiles en las universidades, marcando el comienzo de una era de cambio y renovación en la política chilena.
Los analistas políticos y periodistas coinciden en que la renuncia de Jackson tiene tres significados profundos para Boric. En primer lugar, ambos eran compañeros de ruta que tomaron la decisión conjunta de liderar Chile. Boric se convirtió en el presidente debido a que cumplía con los requisitos legales, aunque no se descarta que si Jackson hubiera nacido unos meses antes, podría haber sido él quien compitiera por la presidencia. La renuncia de Jackson simboliza, por lo tanto, una pérdida emocional y política para Boric.
La historia política de Giorgio Jackson y Gabriel Boric está entrelazada desde sus días como líderes estudiantiles en 2011. Ambos ascendieron al Congreso como diputados y finalmente llegaron al Gobierno, con Boric convirtiéndose en el mandatario más joven de Chile el 11 de marzo de 2022. Durante su presidencia, Boric nombró a Jackson como secretario general de la presidencia y más tarde lo designó como ministro de Desarrollo Social.
A pesar de su visión por un Chile diferente y su compromiso de apartarse de la vieja política, el gobierno de Boric enfrenta actualmente desafíos significativos. Giorgio Jackson, considerado un artífice de la entrada de la izquierda radical en la escena política, está siendo objeto de un posible juicio político debido a acusaciones de corrupción en la asignación de fondos públicos a fundaciones privadas. La oposición de derecha ha anunciado un segundo juicio político en su contra, relacionado con el llamado caso Convenios, en el que se alega la asignación directa de fondos estatales a una fundación liderada por Revolución Democrática, el partido del cual Jackson es líder y fundador.
Este caso y otras denuncias posteriores han puesto a prueba la promesa de Gabriel Boric de gobernar con mayor integridad y transparencia en un momento en que Chile enfrenta una crisis profunda de confianza en sus instituciones y liderazgo.
Aunque el Partido Republicano ha desistido de la acusación constitucional tras la renuncia de Jackson, las implicaciones de esta renuncia perdurarán en la política chilena y en la administración de Boric en los próximos meses.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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