Centroamérica

Polémica en Costa Rica por aprobación de proyecto de ley para jornadas laborales de 4 días de trabajo

Foto: Once Noticias

16 de agosto | Redacción |

El Congreso de Costa Rica ha dado un paso significativo en la reestructuración de las jornadas laborales al aprobar, en su primera votación, un proyecto de ley que permitiría la implementación de jornadas de trabajo de 4 días, seguidos de 3 días de descanso. Aunque esta iniciativa ha sido respaldada por algunos legisladores, ha desencadenado un debate acalorado en el país debido a las preocupaciones en torno a los derechos laborales.

La propuesta recibió el apoyo de 32 diputados, incluyendo la bancada del Gobierno, mientras que 17 legisladores se opusieron a ella. Sin embargo, los partidos en contra de la medida han anunciado su intención de presentar consultas a la Sala Constitucional para evaluar su constitucionalidad, lo que podría retrasar su implementación.

La iniciativa tiene como objetivo permitir a las empresas privadas implementar jornadas laborales en formato 4-3, lo que significa trabajar 4 días con jornadas de 12 horas cada uno y descansar 3 días. Importante destacar que, según el proyecto, la participación en estas jornadas sería voluntaria para los trabajadores, lo que significa que no serían obligados a adoptar esta modalidad.

En el caso de los empleados nocturnos, la propuesta establece una modalidad distinta, en la cual trabajarían 3 días seguidos de 12 horas y tendrían 4 días de descanso. No obstante, es importante mencionar que los trabajadores del sector público quedarían exentos de este cambio en las jornadas laborales.

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Actualmente, las jornadas laborales en Costa Rica consisten en 8 horas diarias de trabajo, acumulando un total de 48 horas semanales. El proyecto de ley busca ofrecer una alternativa, pero ha generado controversia principalmente debido a las preocupaciones planteadas por los sindicatos.

Los sindicatos han expresado su inquietud en relación con esta reforma, argumentando que podría resultar en que las empresas eviten el pago de horas extras y aumenten la carga laboral para los trabajadores. En este sentido, consideran que la iniciativa podría constituir un retroceso en los derechos laborales y tener efectos negativos en la calidad de vida de los trabajadores.

La aprobación de este proyecto de ley en su primera votación marca un hito en el proceso legislativo, pero queda por verse cómo se desarrollará la discusión en torno a su constitucionalidad y qué cambios o ajustes podrían surgir antes de su eventual implementación. El debate sobre la flexibilidad laboral y los derechos de los trabajadores sigue siendo un tema central en Costa Rica y continuará siendo analizado con atención en los próximos meses.

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Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.