Centroamérica
Costa Rica registra un homicidio cada 12 horas en lo que va del 2023
14 de marzo | Redacción |
El Gobierno de Costa Rica registra 164 homicidios en 2023, lo que representa un incremento del 20 % en relación con el año anterior, según datos proporcionados este día por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Lo anterior significa que hay una muerte violenta cada 12 horas en los primeros 73 días de este año, y 27 crímenes más que los contabilizados en igual etapa de 2022.
Según las estadísticas del OIJ, la provincia de San José ocupa el primer lugar en ese negativo índice, con 47 homicidios, seguida de Limón (37) y Puntarenas (24), mientras Cartago presenta la menor cantidad, con 10. Costa Rica vive una ola de violencia y los vaticinios son que al concluir diciembre serán más de 900 los hechos de este tipo en el país, la mayoría de ellos asociados al narcotráfico. El OIJ también ha indicado que Costa Rica en 2022 registró 654 homicidios y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas cotas máximas históricas.
Debido a la inseguridad y el reclamo ciudadano por esta situación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, puntualizó el lunes que la próxima semana sesionará una reunión con altos mandos de diferentes poderes del Estado y espera agilizar al menos cinco proyectos de ley para intentar controlar la ola de criminalidad.
En un mensaje a la población sobre el tema de seguridad, el presidente tico, Rodrigo Chaves, reveló que el viernes pasado le pidió a Arias y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, que «nos tomemos un café de trabajo el próximo jueves, para marcar la ruta que hace falta para devolverle a usted la seguridad que demanda y que merece».
Igualmente, invitó a Arias y a Aguirre para que a mediados del próximo mes lo acompañen a «presentar juntos las reformas de ley urgentes y que las presentemos como equipo, sin que nadie se lleve crédito sobre temas que urgen: portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva y beneficios carcelarios».
Asimismo, prosiguió, sobre intervenciones telefónicas, la ley penal juvenil y los parámetros mínimos de sentencia para ciertos crímenes. Chaves señaló además que aplaude una reunión hoy en el Colegio de Abogados para tratar el tema de la seguridad en el país.
Centroamérica
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Centroamérica
Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.
“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.
Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado
De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.
Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.
El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.
Centroamérica
Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.
Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.
Personas vinculadas al caso
El monto fue incautado a:
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Santos Elías Guardado Flores
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William Arnoldo Hernández Navidad
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José Luis González Villalobos
Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.
Otro caso reciente
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.
En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.
Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.
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