Centroamérica

Costa Rica registra un homicidio cada 12 horas en lo que va del 2023

14 de marzo | Redacción |

El Gobierno de Costa Rica registra 164 homicidios en 2023, lo que representa un incremento del 20 % en relación con el año anterior, según datos proporcionados este día por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo anterior significa que hay una muerte violenta cada 12 horas en los primeros 73 días de este año, y 27 crímenes más que los contabilizados en igual etapa de 2022.

Según las estadísticas del OIJ, la provincia de San José ocupa el primer lugar en ese negativo índice, con 47 homicidios, seguida de Limón (37) y Puntarenas (24), mientras Cartago presenta la menor cantidad, con 10. Costa Rica vive una ola de violencia y los vaticinios son que al concluir diciembre serán más de 900 los hechos de este tipo en el país, la mayoría de ellos asociados al narcotráfico. El OIJ también ha indicado que Costa Rica en 2022 registró 654 homicidios y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas cotas máximas históricas.

Debido a la inseguridad y el reclamo ciudadano por esta situación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, puntualizó el lunes que la próxima semana sesionará una reunión con altos mandos de diferentes poderes del Estado y espera agilizar al menos cinco proyectos de ley para intentar controlar la ola de criminalidad.

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En un mensaje a la población sobre el tema de seguridad, el presidente tico, Rodrigo Chaves, reveló que el viernes pasado le pidió a Arias y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, que «nos tomemos un café de trabajo el próximo jueves, para marcar la ruta que hace falta para devolverle a usted la seguridad que demanda y que merece».

Igualmente, invitó a Arias y a Aguirre para que a mediados del próximo mes lo acompañen a «presentar juntos las reformas de ley urgentes y que las presentemos como equipo, sin que nadie se lleve crédito sobre temas que urgen: portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva y beneficios carcelarios».

Asimismo, prosiguió, sobre intervenciones telefónicas, la ley penal juvenil y los parámetros mínimos de sentencia para ciertos crímenes. Chaves señaló además que aplaude una reunión hoy en el Colegio de Abogados para tratar el tema de la seguridad en el país.

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Centroamérica

Consuelo Porras busca tercer mandato como fiscal general en Guatemala

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bajo señalamientos de “corrupción” y conductas “antidemocráticas”, se postuló para un tercer periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, informó el viernes la comisión encargada de conformar la nómina de candidatos.

El comité deberá entregar un listado de seis aspirantes entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo elegirá al próximo fiscal general. El mandatario mantiene un enfrentamiento con Porras desde hace dos años, luego de que la funcionaria impulsara investigaciones que pusieron en duda su investidura.

Washington y la UE sancionaron a Porras —en el cargo desde 2018 y reelecta en 2022— al considerar que intentó obstaculizar la toma de posesión de Arévalo y promovió, según sus señalamientos, acciones contra exfuncionarios anticorrupción, periodistas y líderes sociales, varios de los cuales se encuentran actualmente en el exilio.

59 aspirantes al cargo

La secretaria de la comisión y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, informó en conferencia de prensa que al cierre del período de recepción de expedientes se registraron 59 postulaciones para el cargo.

El funcionario que resulte electo asumirá el próximo 17 de mayo.

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De acuerdo con el listado oficial divulgado por la comisión, la candidatura de Porras fue incluida pese a que no presentó personalmente su documentación. Según medios locales, la fiscal envió a una representante para completar el trámite.

Señalamientos y revés electoral

La funcionaria perdió recientemente una elección interna en la que una universidad pública designó a dos de los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima instancia judicial del país, aunque podría optar nuevamente mediante la vía de la Corte Suprema.

Ese mismo día, expertos de la ONU vincularon a Porras con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurrido en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca, acusación que la fiscal rechazó.

El proceso de selección se desarrolla en un contexto de tensión política y escrutinio internacional sobre el sistema de justicia guatemalteco.

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Centroamérica

El Salvador y Acnur celebran 45 años de cooperación en protección internacional

El Gobierno de El Salvador y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) conmemoraron 45 años de trabajo conjunto y cooperación en materia de protección internacional y asistencia humanitaria.

La agencia de la ONU llegó al país en la década de los ochenta, en el contexto del conflicto armado, con el objetivo de brindar apoyo a la población afectada. Desde entonces, ha acompañado distintos proyectos orientados a la protección de personas refugiadas y desplazadas.

“Conmemorar 45 años de historia y trabajo conjunto entre El Salvador y Acnur es reconocer una alianza sólida que ha puesto la protección internacional y la salvaguarda de la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y de nuestra visión de país”, expresó la vicecanciller Adriana Mira.

La diplomática destacó que esta cooperación ha permitido fortalecer la institucionalidad nacional, dando paso a la creación de la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (Coder), liderada por la Cancillería de la República y articulada con diversas entidades del Estado.

Entre las instituciones que integran este esfuerzo se encuentran la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Procuraduría General de la República de El Salvador y el Registro Nacional de las Personas Naturales.

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“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con determinación y responsabilidad, consolidando a El Salvador como un referente regional de dignidad, esperanza y solidaridad, donde la protección de las personas sea una realidad permanente y sostenible”, enfatizó Mira.

Las autoridades señalaron que la alianza continuará enfocada en fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el respeto a los derechos de las personas en situación de movilidad.

Centroamérica

CUBO impulsan becas y formación para jóvenes salvadoreños

El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, informó en la entrevista de Diálogo 21 que los 11 Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) registraron alrededor de 15,000 usuarios durante el mes de enero.

De acuerdo con el funcionario, del total de asistentes el 54 % fueron hombres y el 46 % mujeres. La mayoría de quienes frecuentan estos espacios son adolescentes.

“Estamos hablando que la mayoría de los usuarios que tenemos en los CUBOS son adolescentes. Entonces esto es un centro de entretenimiento, piensan algunos. Pero no, es un punto de trabajo con la generación perdida a causa de la violencia”, expresó Marroquín.

El director señaló que los CUBO funcionan como semilleros de oportunidades para jóvenes que durante años estuvieron excluidos, permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades y acceder a herramientas formativas.

Asimismo, destacó el apoyo interinstitucional para ampliar oportunidades educativas. “Hoy, gracias al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), las becas están llegando a salvadoreños que antes no podían acceder. Acá les brindamos acompañamiento legal y técnico para que realmente aprovechen estas oportunidades”, explicó.

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Marroquín agregó que recientemente, con el respaldo de la Embajada de China, tres jóvenes usuarios de los CUBO viajarán a ese país asiático para continuar su formación académica, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Las autoridades reiteraron que estos centros forman parte de la estrategia de reconstrucción del tejido social, orientada a generar espacios seguros y de desarrollo para la juventud salvadoreña.