Centroamérica
Costa Rica registra un homicidio cada 12 horas en lo que va del 2023
14 de marzo | Redacción |
El Gobierno de Costa Rica registra 164 homicidios en 2023, lo que representa un incremento del 20 % en relación con el año anterior, según datos proporcionados este día por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Lo anterior significa que hay una muerte violenta cada 12 horas en los primeros 73 días de este año, y 27 crímenes más que los contabilizados en igual etapa de 2022.
Según las estadísticas del OIJ, la provincia de San José ocupa el primer lugar en ese negativo índice, con 47 homicidios, seguida de Limón (37) y Puntarenas (24), mientras Cartago presenta la menor cantidad, con 10. Costa Rica vive una ola de violencia y los vaticinios son que al concluir diciembre serán más de 900 los hechos de este tipo en el país, la mayoría de ellos asociados al narcotráfico. El OIJ también ha indicado que Costa Rica en 2022 registró 654 homicidios y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas cotas máximas históricas.
Debido a la inseguridad y el reclamo ciudadano por esta situación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, puntualizó el lunes que la próxima semana sesionará una reunión con altos mandos de diferentes poderes del Estado y espera agilizar al menos cinco proyectos de ley para intentar controlar la ola de criminalidad.
En un mensaje a la población sobre el tema de seguridad, el presidente tico, Rodrigo Chaves, reveló que el viernes pasado le pidió a Arias y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, que «nos tomemos un café de trabajo el próximo jueves, para marcar la ruta que hace falta para devolverle a usted la seguridad que demanda y que merece».
Igualmente, invitó a Arias y a Aguirre para que a mediados del próximo mes lo acompañen a «presentar juntos las reformas de ley urgentes y que las presentemos como equipo, sin que nadie se lleve crédito sobre temas que urgen: portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva y beneficios carcelarios».
Asimismo, prosiguió, sobre intervenciones telefónicas, la ley penal juvenil y los parámetros mínimos de sentencia para ciertos crímenes. Chaves señaló además que aplaude una reunión hoy en el Colegio de Abogados para tratar el tema de la seguridad en el país.
Centroamérica
Régimen de Ortega ante posible continuidad, control pactado o democracia en 2027
Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral y eliminación de la oposición, enfrenta tres posibles escenarios políticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroaméricadivulgado este miércoles.
El informe sostiene que la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas, representa “un golpe estratégico” al entramado internacional que ha sostenido al régimen sandinista, dado que Venezuela fue un aliado clave tanto en lo económico como en lo político durante las últimas dos décadas.
Según el centro de pensamiento, esa pérdida de respaldo marca un punto de inflexión para el régimen, que ya enfrentaba aislamiento regional y presión internacional, especialmente desde Estados Unidos.
Tres escenarios posibles
Primer escenario: consolidación del régimen.
El informe plantea que la administración orteguista podría afianzarse en el poder pese a su falta de legitimidad interna y externa. Bajo este escenario, Murillo —con o sin Ortega en primera línea— consolidaría el control mediante el aparato represivo como principal sostén del régimen. Las elecciones de noviembre de 2027 se desarrollarían sin garantías democráticas. La Cetcam considera este escenario como el menos probable debido al aislamiento internacional y a la presión de Washington, pero no lo descarta.
Segundo escenario: transición controlada.
Esta opción supondría ajustes limitados impulsados por figuras cercanas al orteguismo, que preservarían intereses como la impunidad y el patrimonio acumulado por la élite gobernante. La represión adoptaría formas menos visibles y sectores de la oposición aceptarían concesiones parciales. Las elecciones de 2027 incluirían reformas superficiales y la participación de fuerzas filtradas, aunque se conservaría el núcleo del poder actual.
Tercer escenario: transición democrática.
El informe también contempla la posibilidad de una apertura real hacia una democracia plena, impulsada por la presión internacional y por la acción de fuerzas prodemocráticas internas. En ese contexto, el régimen se vería obligado a restituir libertades, organizar elecciones transparentes observadas internacionalmente en 2027 y permitir una reconstrucción institucional.
Los expertos subrayan que el rumbo final dependerá de la intensidad de la presión externa —particularmente de Estados Unidos— y de la capacidad de la oposición para articular una alternativa política viable, mientras la falta de apoyo venezolano obliga a Managua a redefinir su estrategia ante unos comicios que definirán el futuro político de la nación.
Centroamérica
Gobierno de Guatemala pide investigar a fiscal general por presuntas adopciones ilegales en los años 80
El Gobierno de Guatemala informó este miércoles que solicitó al Ministerio Público investigar una presunta participación de la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales ocurridas en la década de 1980, según señalamientos de expertos de la Organización de las Naciones Unidas.
La denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), entidad que actúa como abogado del Estado. No obstante, analistas consideran poco probable que el proceso avance en los tres meses restantes del mandato de Porras, quien calificó las acusaciones como “espurias”.
Señalamientos de expertos de la ONU
Relatores y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron, en un comunicado divulgado en Ginebra, una investigación independiente sobre la supuesta participación de la fiscal en adopciones ilegales cuando se desempeñó como directora, administradora y “tutora” de un hogar estatal para menores en 1982.
Según los expertos, recibieron información sobre “al menos 80 niños indígenas” que habrían sido sometidos a adopciones internacionales ilegales tras su “captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996”, durante el conflicto armado interno guatemalteco.
Postura oficial
El titular de la PGN, Julio Saavedra, explicó en rueda de prensa que la institución activó “el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso”.
Además, indicó que la PGN solicitó ser reconocida como “querellante adhesivo” para colaborar en la investigación.
Por su parte, Porras rechazó “categóricamente” las acusaciones y pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que las alegaciones “sean objeto de revisión, aclaración y corrección”.
Contexto político
La denuncia se conoció el mismo día en que Porras fracasó en su intento de ser electa magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, cargo que le habría otorgado inmunidad.
La fiscal general también ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la señalan por presuntos actos de corrupción y por acciones consideradas antidemocráticas, incluyendo procesos penales contra exfuncionarios, periodistas y líderes sociales, así como intentos de obstaculizar la investidura del presidente Bernardo Arévalo.
Centroamérica
El Salvador suma 15 días sin homicidios en febrero
La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó que el miércoles 18 de febrero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.
Con esta jornada, El Salvador acumula 15 días sin asesinatos en lo que va del mes y un total de 41 días sin homicidios en lo que transcurre de 2026, según datos oficiales.
Las autoridades también han señalado que el país cerró 2025 con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, así como con un índice de impunidad del 0 % en el delito de homicidio.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados son producto de la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas que forman parte de la estrategia de seguridad pública impulsada en los últimos años.
Las autoridades sostienen que las políticas adoptadas han permitido una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.
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