Centroamérica

Exfiscal anticorrupción de Guatemala cumple un año en prisión

Photo: AP

24 de febrero | Redacción |

La exfiscal de Guatemala Virginia Laparra cumplió ayer un año en prisión tras haber denunciado a un juez por filtrar información sobre un caso reservado de corrupción.

Laparra fue condenada a cuatro años por abuso de autoridad y se ha convertido en un símbolo de la persecución a los funcionarios judiciales en Guatemala, por lo cual Amnistía Internacional la ha declarado una presa de conciencia.

“A un año de su detención es evidente que las múltiples arbitrariedades e irregularidades en el actuar de la Fiscalía y del Organismo Judicial en este caso son el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un boletín de prensa donde pide su liberación.

Las abogadas defensoras de Laparra denunciaron que la exfiscal se encuentra enferma y que se le ha negado atención médica debida. Agregaron que necesita una cirugía de emergencia y que el Instituto Guatemalteco del Seguro Social habría fijado cita para mayo.

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Laparra formada parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad cuando denunció al juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un caso de corrupción a un amigo abogado que trabajaba para el gobierno y aspiraba a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Luego de la denuncia, Castellanos Rodas fue sancionado administrativamente, pero una Corte revocó la sanción. El juez y su amigo abogado han dicho que son inocentes y presentaron dos denuncias contra Laparra apoyados por una fundación de derecha radical que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y a señalados por corrupción.

La defensa de la exfiscal sostuvo que la ley faculta a cualquier persona a denunciar un hecho y presentaron más de 200 casos en los que fiscales denunciaron a jueces, pero las pruebas no fueron tomadas en cuenta.

Aunque la condena a prisión de Laparra era conmutable, una nueva orden de aprehensión solicitada por Castellanos Rodas ante la Fiscalía, porque aparentemente habría revelado información de otro caso, mantiene presa a la exfiscal.

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Centroamérica

Arzobispo de Tegucigalpa pide a políticos priorizar empleo y combate a la violencia

El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política hondureña a priorizar la solución de los “problemas fundamentales” del país, como el desempleo y la violencia, durante la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para los católicos.

Ante centenares de fieles reunidos en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital, el prelado subrayó que la población espera que los dirigentes “vayan todos juntos, los políticos primero”, a resolver los principales desafíos nacionales.

Llamado a la convivencia y al diálogo

Nácher exhortó a la sociedad a dejar atrás la “tensión” y la “preocupación constante”, e invitó a los ciudadanos a aprender a convivir, resolver conflictos y buscar soluciones de manera conjunta.

El arzobispo advirtió que problemáticas como la falta de oportunidades laborales y la violencia —especialmente la intrafamiliar— deben enfrentarse colectivamente, con responsabilidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

La celebración del Miércoles de Ceniza marca el comienzo del período de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico.

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Centroamérica

Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.

Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.

Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado

De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.

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Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.

El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.

Centroamérica

Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.

Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.

Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.

Personas vinculadas al caso

El monto fue incautado a:

Santos Elías Guardado Flores
William Arnoldo Hernández Navidad
José Luis González Villalobos

Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.

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Otro caso reciente

Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.

En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.

Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.