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Centroamérica

Exfiscal anticorrupción de Guatemala cumple un año en prisión

Exfiscal anticorrupción de Guatemala cumple un año en prisión
Photo: AP

24 de febrero | Redacción |

La exfiscal de Guatemala Virginia Laparra cumplió ayer un año en prisión tras haber denunciado a un juez por filtrar información sobre un caso reservado de corrupción.

Laparra fue condenada a cuatro años por abuso de autoridad y se ha convertido en un símbolo de la persecución a los funcionarios judiciales en Guatemala, por lo cual Amnistía Internacional la ha declarado una presa de conciencia.

“A un año de su detención es evidente que las múltiples arbitrariedades e irregularidades en el actuar de la Fiscalía y del Organismo Judicial en este caso son el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un boletín de prensa donde pide su liberación.

Las abogadas defensoras de Laparra denunciaron que la exfiscal se encuentra enferma y que se le ha negado atención médica debida. Agregaron que necesita una cirugía de emergencia y que el Instituto Guatemalteco del Seguro Social habría fijado cita para mayo.

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Laparra formada parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad cuando denunció al juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un caso de corrupción a un amigo abogado que trabajaba para el gobierno y aspiraba a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Luego de la denuncia, Castellanos Rodas fue sancionado administrativamente, pero una Corte revocó la sanción. El juez y su amigo abogado han dicho que son inocentes y presentaron dos denuncias contra Laparra apoyados por una fundación de derecha radical que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y a señalados por corrupción.

La defensa de la exfiscal sostuvo que la ley faculta a cualquier persona a denunciar un hecho y presentaron más de 200 casos en los que fiscales denunciaron a jueces, pero las pruebas no fueron tomadas en cuenta.

Aunque la condena a prisión de Laparra era conmutable, una nueva orden de aprehensión solicitada por Castellanos Rodas ante la Fiscalía, porque aparentemente habría revelado información de otro caso, mantiene presa a la exfiscal.

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Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

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Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.

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