Centroamérica

Exfiscal anticorrupción de Guatemala cumple un año en prisión

Photo: AP

24 de febrero | Redacción |

La exfiscal de Guatemala Virginia Laparra cumplió ayer un año en prisión tras haber denunciado a un juez por filtrar información sobre un caso reservado de corrupción.

Laparra fue condenada a cuatro años por abuso de autoridad y se ha convertido en un símbolo de la persecución a los funcionarios judiciales en Guatemala, por lo cual Amnistía Internacional la ha declarado una presa de conciencia.

“A un año de su detención es evidente que las múltiples arbitrariedades e irregularidades en el actuar de la Fiscalía y del Organismo Judicial en este caso son el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un boletín de prensa donde pide su liberación.

Las abogadas defensoras de Laparra denunciaron que la exfiscal se encuentra enferma y que se le ha negado atención médica debida. Agregaron que necesita una cirugía de emergencia y que el Instituto Guatemalteco del Seguro Social habría fijado cita para mayo.

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Laparra formada parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad cuando denunció al juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un caso de corrupción a un amigo abogado que trabajaba para el gobierno y aspiraba a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

Luego de la denuncia, Castellanos Rodas fue sancionado administrativamente, pero una Corte revocó la sanción. El juez y su amigo abogado han dicho que son inocentes y presentaron dos denuncias contra Laparra apoyados por una fundación de derecha radical que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y a señalados por corrupción.

La defensa de la exfiscal sostuvo que la ley faculta a cualquier persona a denunciar un hecho y presentaron más de 200 casos en los que fiscales denunciaron a jueces, pero las pruebas no fueron tomadas en cuenta.

Aunque la condena a prisión de Laparra era conmutable, una nueva orden de aprehensión solicitada por Castellanos Rodas ante la Fiscalía, porque aparentemente habría revelado información de otro caso, mantiene presa a la exfiscal.

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Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario

Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.

Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.

El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.

Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.

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Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.

Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.

En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.

La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.

Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.

“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.

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Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.

Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.