La Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) confirmó la continuidad de su junta directiva para el período 2026-2027, dando seguimiento a la gestión iniciada en 2025 y reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector asegurador en El Salvador.

El anuncio se realizó durante una jornada en el hotel Barceló, en San Salvador, donde también se presentaron los resultados del sector correspondientes a 2025.

La presidenta de ASES, Ana Yansi Montano de Figueroa, informó que las primas netas alcanzaron los $1,011 millones, lo que representa un crecimiento del 9 % respecto a 2024. Asimismo, las indemnizaciones sumaron $452 millones, con un incremento del 7.4 %, mientras que la siniestralidad se situó en 44.7 %.

Según la gremial, estos resultados evidencian el dinamismo del sector y su capacidad de respuesta ante riesgos, en un entorno que exige mayor innovación y cercanía con los asegurados.

ASES también destacó que la penetración del seguro en el país se mantiene en un 21 %, es decir, dos de cada diez adultos cuentan con algún tipo de cobertura privada, lo que refleja un amplio margen de crecimiento.

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En términos operativos, por cada $100 en primas, $49 se destinan a indemnizaciones, $24 a gastos de intermediación y $26 a administración, dejando una rentabilidad de $0.94.

La gremial reiteró su apuesta por fortalecer el sector como un pilar clave para la estabilidad económica, la protección de las familias y el desarrollo de capacidades resilientes en el país.

Los diputados de la comisión política de la Asamblea Legislativa emitieron dictamen favorable para ratificar una reforma constitucional y aprobar cambios a leyes secundarias que habilitan la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo.

La propuesta contempla la modificación del artículo 27 de la Constitución, así como ajustes al Código Penal, la Ley Contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley Penal Juvenil. Durante su análisis participaron representantes del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, quienes aportaron criterios técnicos y jurídicos.

Como parte del proceso, los dictámenes fueron enviados al pleno legislativo para su discusión final y eventual ratificación en la sesión plenaria programada para este jueves.

Entre las enmiendas impulsadas por el Ejecutivo se incluye la incorporación de la pena perpetua en el inciso segundo del artículo 27, estableciendo que esta sanción aplicará exclusivamente a quienes cometan homicidio, violación o terrorismo.

El presidente del Legislativo, Ernesto Castro, afirmó que las reformas están en concordancia con el ordenamiento jurídico y refuerzan principios constitucionales.

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Por su parte, el sociólogo René Martínez sostuvo que la medida responde a una visión centrada en las víctimas. Según explicó, la cadena perpetua sería proporcional al daño causado y contribuiría a proteger a sectores vulnerables como la niñez y la adolescencia. También cuestionó la postura de la oposición frente a estas iniciativas.

La Fiscalía General de la República habilitó un centro especializado para el procesamiento de evidencia en el caso Credicash, con el objetivo de agilizar las investigaciones y brindar una respuesta más efectiva a las personas afectadas.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó que este espacio permitirá organizar la documentación incautada, contrastarla con la evidencia física recolectada en la sede de la empresa, así como analizar contratos y registros financieros para identificar a las posibles víctimas.

Hasta el momento, las autoridades han localizado alrededor de 18,000 contratos de mutuo; sin embargo, únicamente 180 personas se han presentado formalmente como afectadas.

Según el funcionario, el centro cuenta con un equipo de 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas, quienes trabajarán en la revisión de la información para avanzar en el proceso.

Delgado subrayó que el objetivo principal es establecer mecanismos que permitan el reintegro de fondos a las víctimas debidamente acreditadas, al tiempo que advirtió que quienes no puedan comprobar esa condición podrían enfrentar otro tipo de evaluaciones legales.

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