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Crece pulso judicial en Argentina por posible visita de Maduro y anuncian protestas (prensa)

Foto: YURI CORTEZ / AFP

23 de enero | Por AFP |

El pulso judicial crece en Argentina ante la posible visita de Nicolás Maduro por la cumbre de la CELAC, con un pedido de indagatoria urgente en la Justicia por violación a los derechos humanos y anuncios de protestas en su contra, informó La Nación.

Según el diario, un abogado penalista amplió una denuncia formulada la semana pasada ante tribunales contra el líder del gobierno chavista, y solicitó que sea llamado a declarar por violar los derechos humanos.

La semana pasada, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader), fundado en 2020 por legisladores de la oposición de derecha, denunció penalmente a Maduro, y también a los jefes de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Cannel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, ante la justicia federal argentina.

Los denunciantes fundan su querella en informes de organismos internacionales de Derechos Humanos que señalan «persecución política a organizaciones civiles y personas físicas» por parte de los mandatarios, recuerda el diario.

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La Justicia aún no ha dado curso al pedido, explica el periódico.

Un abogado pidió ampliar el expediente con la querella de dos ciudadanos venezolanos que denuncian haber sufrido torturas por parte del régimen chavista, y solicitó que Maduro sea indagado el 24 de enero al llegar al país, en base a tratados internacionales firmados por Argentina.

El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo en una entrevista con Folha de S. Paulo realizada el jueves pasado y publicada este domingo que «Venezuela es parte de la Celac, y Maduro está más que invitado. Hasta donde sé, vendrá».

Y señaló que la posición de Argentina sobre Venezuela es que «los venezolanos resuelvan las cosas entre venezolanos», y de «estimular los diálogos que se están llevando a cabo en México» a través del Grupo de Contacto internacional, integrado por países europeos y latinoamericanos. 

Rechazo opositor

La oposición argentina rechazó la eventual llegada de los tres mandatarios al país para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el martes.

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«Si Nicolás Maduro viene a la Argentina, debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tal como ocurrió con (el exdictador chileno Augusto) Pinochet en Londres, en 1998», sugirió el jueves en Twitter Patricia Bullrich, una de las presidenciables por la Coalición Juntos por el Cambio (derecha) para los comicios de octubre de este año.

Según La Nación, se esperan protestas contra Maduro el lunes en Buenos Aires, y también el martes, delante del hotel donde se desarrollará el encuentro de mandatarios en la capital argentina. 

El bloque de diputados del opositor Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para declarar «persona non grata» al mandatario venezolano.

«Repudiamos la presencia de Maduro, Díaz-Canel y Daniel Ortega y/o representantes de esos regímenes dictatoriales», señaló de su lado el partido Coalición Cívica en un comunicado.

Aún no hay confirmación oficial sobre la llegada de los tres dirigentes a Argentina.

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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.

El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.

Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.

Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.

Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.

El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.

Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.

De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.

Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.

Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.

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Centroamérica

Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.

“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.

El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.

Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.

Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.

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Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.

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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele

Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.

La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.

En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.

Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.

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