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Exsecretario de Seguridad de México se sienta en el banquillo de la justicia en Nueva York
17 de enero | Por AFP | Ana Fernández |
El mexicano Genaro García Luna, el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado de México, se sienta a partir de este martes en el banquillo de la justicia en Nueva York para responder por cinco cargos, entre ellos narcotráfico, que le pueden llevar a pasar el resto de sus días en la cárcel.
El juicio del que fuera secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el funcionario de mayor rango mexicano que comparece ante la justicia estadounidense, se inicia con la selección durante al menos dos días del jurado en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn que determinará a lo largo de ocho semanas la suerte de este ingeniero mecánico de formación de 54 años.
García Luna está acusado de cinco cargos, entre ellos, participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018.
Según la fiscalía, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y después secretario de Seguridad Pública (2006-2012) bajo el gobierno de Felipe Calderón, ayudó al cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín «Chapo» Guzmán, a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un «miembro» más de la conspiración.
El «superpolicía» -la Policía Federal estaba bajo su mando-, habría ayudado al cártel del Chapo, quien protagonizó una sonada fuga cuando él era responsable de la Seguridad, haciendo la vista gorda sobre sus actividades, avisándole de operativos policiales, deteniendo a miembros de cárteles rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en influyentes puestos de poder a cambio de «millones de dólares».
Detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, estado de Texas, el nombre de García Luna surgió durante el juicio del Chapo Guzmán (condenado a cadena perpetua en Estados Unidos) llevado por el mismo juez que ahora lo juzgará a él: Brian Cogan.
El entonces miembro del cartel de Sinaloa Jesús «Rey» Zambada contó en el juicio que había entregado al entonces funcionario en un restaurante maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.
«Juicio relevante»
El proceso a García Luna «es importante porque es el juicio más relevante que ha derivado hasta ahora del juicio al Chapo Guzmán», dice a la AFP la periodista de investigación Peniley Ramírez, autora del libro «Los millonarios de la guerra» declarada al crimen organizado por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que ha dejado más de 340.000 muertos sumiendo al país en una ola de violencia sin precedentes.
«Va a ser presidido por el mismo juez, en la misma corte y va a estar protagonizado por una persona que era al mismo tiempo un alto funcionario en México y un gran aliado del gobierno de Estados Unidos», sostiene.
El equipo defensor, dirigido por el abogado César de Castro, quiere centrar su estrategia en las «felicitaciones y premios» que recibió en Estados Unidos por sus «esfuerzos» para combatir los cárteles de la droga mexicanos y en su «estrecha relación» con las fuerzas de seguridad estadounidenses.
Cuando dejó el gobierno de México en 2012, se radicó en Estados Unidos, cuya nacionalidad solicitó en 2018.
Según Ramírez, el «negocio» en el que se convirtió la seguridad en México en la guerra contra el crimen organizado reportó a García Luna pingües beneficios gracias a su supuesta participación en empresas del ramo que obtuvieron contratos con el gobierno.
El nombre de García Luna está también ligado al de la francesa Florence Cassez y su expareja Ismael Vallarta, detenidos en un operativo preparado para los medios de comunicación, por su supuesta participación en secuestros, en un caso que llevó al borde de la ruptura las relaciones diplomáticas con Francia. Después de 6 años en la cárcel, Cassez fue liberada pero Vallarta sigue detenido desde hace casi 20 años, sin que se haya celebrado un juicio.
El actual gobierno de México, que ha pedido su extradición a Estados Unidos, también lo acusa de desviar más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas de su familia.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves en una entrevista con EFE que ni él ni su familia ofrecieron algún tipo de compromiso al mandatario estadounidense Donald Trump a cambio del indulto que recibió en diciembre pasado.
“Absolutamente, absolutamente”, respondió Hernández al ser consultado sobre si existió alguna promesa o acuerdo relacionado con el perdón presidencial.
El exmandatario también afirmó que nunca ha sostenido conversaciones personales con Trump, aunque reconoció haberle enviado una carta en la que solicitaba el indulto y defendía su inocencia.
Hernández, quien fue extraditado hacia Estados Unidos en 2022, sostuvo que el perdón fue posible debido a una campaña impulsada por su familia en redes sociales, en la que difundieron investigaciones y opiniones de figuras conservadoras como Roger Stone y Matt Gaetz.
Según el exgobernante, estas publicaciones buscaban evidenciar lo que calificó como un “montaje” y una “cacería de brujas” en su contra durante el proceso judicial que enfrentó en territorio estadounidense.
Asimismo, defendió el indulto frente a las críticas que consideran que la decisión contradice la narrativa de la lucha contra el narcotráfico impulsada por Washington, que derivó en su captura y posterior extradición.
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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