Centroamérica
Centroamérica reduce los homicidios violentos en 2022
12 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
Los homicidios violentos se redujeron en Centroamérica, una región asolada por las pandillas y corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos, donde los altos índices de criminalidad son motivo de migración masiva y preocupación de los gobiernos.
Según cifras oficiales de los diferentes países, hubo 9 737 muertes violentas en 2022 comparadas con las 10 487 de 2021.
Pero la realidad en la región es heterogénea. Mientras en algunos países la criminalidad aumenta, como en Guatemala o Costa Rica, en otros baja, como en El Salvador o Panamá, indicó a la AFP el académico de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rodolfo Calderón.
«El tema del tráfico de drogas es un problema común para todo Centroamérica», puntualizó el investigador.
Calderón destacó por un lado el «triángulo norte» compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, un «ecosistema criminal que está dominado por un actor casi único que son las maras», afirmó el sociólogo.
Por otro lado están los países del sur, Costa Rica y Panamá, donde los grupos armados «desorganizados» han sido enfrentados por sistemas policiales y judiciales más sólidos.
Nicaragua, por su parte, desde que comenzó la crisis política en 2018, no tiene datos «confiables» en cuanto a violencia y homicidios, señaló Calderón.
Guatemala y Honduras a la cabeza
Guatemala, con 4 274 muertes, y Honduras, con 3 397 muertes, encabezan la estadística en términos absolutos y aglutinan el 81,86 % de los homicidios de la región, según datos oficiales.
En Guatemala la violencia está vinculada con el control territorial que ejercen las pandillas por el «negocio de las drogas», donde grupos del narcotráfico han logrado una «colusión» con algunos miembros del Ejército, indicó Calderón.
Guatemala registró una tasa de muertes de 17,33 por cada 100 000 habitantes, un aumento de 0,74 con respecto a 2021, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
En Honduras la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes se posicionó en 35,79 homicidios, la más alta de la región.
Sin embargo, las autoridades se congratularon de reducir la proporción en comparación a 2021, cuando la tasa fue de 41,23 muertes.
«Desde el año 2006, el país no había registrado un número tan bajo en el delito de homicidio», indicaron desde la Secretaría de Seguridad.
Guerra a las pandillas
En El Salvador la guerra frontal del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas dio como resultado la reducción más notable de la violencia en toda la región.
«Es una reducción (en la tasa de homicidios) jamás vista en nuestro país», señaló el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, al presentar los datos de 2022.
El país quedó en 7,8 homicidios por cada 100 000 personas -se registraron 496 muertes violentas en total en 2022-, por debajo incluso de la media internacional establecida en ocho por las Naciones Unidas.
Bukele señaló el pasado diciembre que el país pasó de ser el más peligroso del mundo al «más seguro de América Latina». En 2019 la tasa de homicidios en El Salvador fue de 38 por cada 100.000 habitantes.
Crimen «desorganizado»
Panamá y Costa Rica experimentaron menor cantidad de hechos violentos en el sur de Centroamérica ya que el entramado criminal está más «desorganizado», dijo Calderón.
A pesar de ello, Costa Rica consignó al 2022 como el año más violento desde que hay registros con 656 homicidios, con una tasa de 12,6 por cada 100 000 habitantes, un incremento de 1,2 en comparación con 2021.
«El ajuste de cuentas se ubicó en un 63% de las ocasiones, esto significa un aumento respecto al histórico que teníamos de 55%», señaló Randall Zúñiga, director general del Organismo de investigación Judicial.
Panamá registró 454 homicidios, una caída de la tasa de 11,5 en 2021 a 10,6 por cada 100.000 habitantes en 2022.
La criminalidad está asociada «a cuestiones como robo con violencia hacia las personas, una cuestión más pecuniaria, de delito común», señaló Calderón sobre Panamá.
Datos «poco confiables»
Con respecto a Nicaragua, Calderón destacó que hasta 2018 el país era objeto de estudio por sus similitudes criminales con Honduras y Guatemala pero sus bajas cifras de violencia como Costa Rica y Panamá.
«Tiene que ver con un modelo de Policía comunitario, proactivo, pero que se inscribe en el marco de una revolución que triunfa», dijo Calderón. Desde 2018 «todo cambió y los datos no son confiables», agregó.
En 2022 Nicaragua registró 460 homicidios, según fuentes oficiales, pero no se puede comparar ya que no se publicaron cifras de 2020 ni 2021.
Centroamérica
Régimen de Ortega ante posible continuidad, control pactado o democracia en 2027
Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral y eliminación de la oposición, enfrenta tres posibles escenarios políticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroaméricadivulgado este miércoles.
El informe sostiene que la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas, representa “un golpe estratégico” al entramado internacional que ha sostenido al régimen sandinista, dado que Venezuela fue un aliado clave tanto en lo económico como en lo político durante las últimas dos décadas.
Según el centro de pensamiento, esa pérdida de respaldo marca un punto de inflexión para el régimen, que ya enfrentaba aislamiento regional y presión internacional, especialmente desde Estados Unidos.
Tres escenarios posibles
Primer escenario: consolidación del régimen.
El informe plantea que la administración orteguista podría afianzarse en el poder pese a su falta de legitimidad interna y externa. Bajo este escenario, Murillo —con o sin Ortega en primera línea— consolidaría el control mediante el aparato represivo como principal sostén del régimen. Las elecciones de noviembre de 2027 se desarrollarían sin garantías democráticas. La Cetcam considera este escenario como el menos probable debido al aislamiento internacional y a la presión de Washington, pero no lo descarta.
Segundo escenario: transición controlada.
Esta opción supondría ajustes limitados impulsados por figuras cercanas al orteguismo, que preservarían intereses como la impunidad y el patrimonio acumulado por la élite gobernante. La represión adoptaría formas menos visibles y sectores de la oposición aceptarían concesiones parciales. Las elecciones de 2027 incluirían reformas superficiales y la participación de fuerzas filtradas, aunque se conservaría el núcleo del poder actual.
Tercer escenario: transición democrática.
El informe también contempla la posibilidad de una apertura real hacia una democracia plena, impulsada por la presión internacional y por la acción de fuerzas prodemocráticas internas. En ese contexto, el régimen se vería obligado a restituir libertades, organizar elecciones transparentes observadas internacionalmente en 2027 y permitir una reconstrucción institucional.
Los expertos subrayan que el rumbo final dependerá de la intensidad de la presión externa —particularmente de Estados Unidos— y de la capacidad de la oposición para articular una alternativa política viable, mientras la falta de apoyo venezolano obliga a Managua a redefinir su estrategia ante unos comicios que definirán el futuro político de la nación.
Centroamérica
Gobierno de Guatemala pide investigar a fiscal general por presuntas adopciones ilegales en los años 80
El Gobierno de Guatemala informó este miércoles que solicitó al Ministerio Público investigar una presunta participación de la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales ocurridas en la década de 1980, según señalamientos de expertos de la Organización de las Naciones Unidas.
La denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), entidad que actúa como abogado del Estado. No obstante, analistas consideran poco probable que el proceso avance en los tres meses restantes del mandato de Porras, quien calificó las acusaciones como “espurias”.
Señalamientos de expertos de la ONU
Relatores y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron, en un comunicado divulgado en Ginebra, una investigación independiente sobre la supuesta participación de la fiscal en adopciones ilegales cuando se desempeñó como directora, administradora y “tutora” de un hogar estatal para menores en 1982.
Según los expertos, recibieron información sobre “al menos 80 niños indígenas” que habrían sido sometidos a adopciones internacionales ilegales tras su “captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996”, durante el conflicto armado interno guatemalteco.
Postura oficial
El titular de la PGN, Julio Saavedra, explicó en rueda de prensa que la institución activó “el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso”.
Además, indicó que la PGN solicitó ser reconocida como “querellante adhesivo” para colaborar en la investigación.
Por su parte, Porras rechazó “categóricamente” las acusaciones y pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que las alegaciones “sean objeto de revisión, aclaración y corrección”.
Contexto político
La denuncia se conoció el mismo día en que Porras fracasó en su intento de ser electa magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, cargo que le habría otorgado inmunidad.
La fiscal general también ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la señalan por presuntos actos de corrupción y por acciones consideradas antidemocráticas, incluyendo procesos penales contra exfuncionarios, periodistas y líderes sociales, así como intentos de obstaculizar la investidura del presidente Bernardo Arévalo.
Centroamérica
El Salvador suma 15 días sin homicidios en febrero
La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó que el miércoles 18 de febrero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.
Con esta jornada, El Salvador acumula 15 días sin asesinatos en lo que va del mes y un total de 41 días sin homicidios en lo que transcurre de 2026, según datos oficiales.
Las autoridades también han señalado que el país cerró 2025 con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, así como con un índice de impunidad del 0 % en el delito de homicidio.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados son producto de la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas que forman parte de la estrategia de seguridad pública impulsada en los últimos años.
Las autoridades sostienen que las políticas adoptadas han permitido una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.
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