Centroamérica
Centroamérica reduce los homicidios violentos en 2022
12 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
Los homicidios violentos se redujeron en Centroamérica, una región asolada por las pandillas y corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos, donde los altos índices de criminalidad son motivo de migración masiva y preocupación de los gobiernos.
Según cifras oficiales de los diferentes países, hubo 9 737 muertes violentas en 2022 comparadas con las 10 487 de 2021.
Pero la realidad en la región es heterogénea. Mientras en algunos países la criminalidad aumenta, como en Guatemala o Costa Rica, en otros baja, como en El Salvador o Panamá, indicó a la AFP el académico de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rodolfo Calderón.
«El tema del tráfico de drogas es un problema común para todo Centroamérica», puntualizó el investigador.
Calderón destacó por un lado el «triángulo norte» compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, un «ecosistema criminal que está dominado por un actor casi único que son las maras», afirmó el sociólogo.
Por otro lado están los países del sur, Costa Rica y Panamá, donde los grupos armados «desorganizados» han sido enfrentados por sistemas policiales y judiciales más sólidos.
Nicaragua, por su parte, desde que comenzó la crisis política en 2018, no tiene datos «confiables» en cuanto a violencia y homicidios, señaló Calderón.
Guatemala y Honduras a la cabeza
Guatemala, con 4 274 muertes, y Honduras, con 3 397 muertes, encabezan la estadística en términos absolutos y aglutinan el 81,86 % de los homicidios de la región, según datos oficiales.
En Guatemala la violencia está vinculada con el control territorial que ejercen las pandillas por el «negocio de las drogas», donde grupos del narcotráfico han logrado una «colusión» con algunos miembros del Ejército, indicó Calderón.
Guatemala registró una tasa de muertes de 17,33 por cada 100 000 habitantes, un aumento de 0,74 con respecto a 2021, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
En Honduras la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes se posicionó en 35,79 homicidios, la más alta de la región.
Sin embargo, las autoridades se congratularon de reducir la proporción en comparación a 2021, cuando la tasa fue de 41,23 muertes.
«Desde el año 2006, el país no había registrado un número tan bajo en el delito de homicidio», indicaron desde la Secretaría de Seguridad.
Guerra a las pandillas
En El Salvador la guerra frontal del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas dio como resultado la reducción más notable de la violencia en toda la región.
«Es una reducción (en la tasa de homicidios) jamás vista en nuestro país», señaló el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, al presentar los datos de 2022.
El país quedó en 7,8 homicidios por cada 100 000 personas -se registraron 496 muertes violentas en total en 2022-, por debajo incluso de la media internacional establecida en ocho por las Naciones Unidas.
Bukele señaló el pasado diciembre que el país pasó de ser el más peligroso del mundo al «más seguro de América Latina». En 2019 la tasa de homicidios en El Salvador fue de 38 por cada 100.000 habitantes.
Crimen «desorganizado»
Panamá y Costa Rica experimentaron menor cantidad de hechos violentos en el sur de Centroamérica ya que el entramado criminal está más «desorganizado», dijo Calderón.
A pesar de ello, Costa Rica consignó al 2022 como el año más violento desde que hay registros con 656 homicidios, con una tasa de 12,6 por cada 100 000 habitantes, un incremento de 1,2 en comparación con 2021.
«El ajuste de cuentas se ubicó en un 63% de las ocasiones, esto significa un aumento respecto al histórico que teníamos de 55%», señaló Randall Zúñiga, director general del Organismo de investigación Judicial.
Panamá registró 454 homicidios, una caída de la tasa de 11,5 en 2021 a 10,6 por cada 100.000 habitantes en 2022.
La criminalidad está asociada «a cuestiones como robo con violencia hacia las personas, una cuestión más pecuniaria, de delito común», señaló Calderón sobre Panamá.
Datos «poco confiables»
Con respecto a Nicaragua, Calderón destacó que hasta 2018 el país era objeto de estudio por sus similitudes criminales con Honduras y Guatemala pero sus bajas cifras de violencia como Costa Rica y Panamá.
«Tiene que ver con un modelo de Policía comunitario, proactivo, pero que se inscribe en el marco de una revolución que triunfa», dijo Calderón. Desde 2018 «todo cambió y los datos no son confiables», agregó.
En 2022 Nicaragua registró 460 homicidios, según fuentes oficiales, pero no se puede comparar ya que no se publicaron cifras de 2020 ni 2021.
Centroamérica
Zamora denuncia irregularidades y pide su liberación ante la Corte Suprema de Guatemala
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022, exigió este martes su liberación durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva, en un proceso que calificó como plagado de irregularidades.
“Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora ante el pleno, al denunciar que su caso se desarrolla dentro de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” donde la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.
Durante la diligencia, la defensa del periodista sostuvo que se han vulnerado sus derechos constitucionales, particularmente con la revocatoria de medidas sustitutivas basada en lo que calificaron como premisas falsas. El abogado Francisco Vivar aseguró que el Ministerio Público argumentó la existencia de audios escuchados en audiencias en las que Zamora nunca estuvo presente, lo que, según la defensa, evidencia una manipulación del proceso judicial para mantenerlo en prisión.
Zamora también denunció las condiciones de reclusión en la base militar Mariscal Zavala, donde permanece detenido. Según relató, se restringen visitas familiares sin previo aviso, se impide el ingreso de medicamentos y se aplican tratos que calificó de “sádicos” contra los internos, por órdenes arbitrarias del comandante de la instalación.
El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta además nuevas acusaciones, entre ellas una denuncia por discriminación presentada por la fiscal general Consuelo Porras. Al respecto, Zamora afirmó que su derecho a la crítica debe prevalecer en una democracia y calificó la actuación de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, sostuvo.
La detención del periodista ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —relacionados con presunto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como fabricados y carentes de sustento. Zamora fue arrestado cinco días después de que elPeriódico publicara investigaciones que señalaban presuntos actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.
Centroamérica
Informe acusa a Ortega y Murillo de profundizar el autoritarismo y perseguir la disidencia
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha profundizado su carácter autoritario mediante reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo y una intensificación de las medidas represivas contra la disidencia, según un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW).
El documento advierte que el presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, y Murillo —recientemente designada como “copresidenta” tras las enmiendas constitucionales— han reforzado la persecución contra críticos del régimen, incluso aquellos que se encuentran en el exilio. Además, señala un proceso continuo de desmantelamiento de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
“Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras que las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes”, sostiene el informe de HRW.
La organización recuerda que, en enero del año pasado, la Asamblea Nacional —controlada por el partido oficialista— aprobó una reforma constitucional que designó a Murillo, entonces vicepresidenta y esposa de Ortega, como “copresidenta”, además de otorgar a la Presidencia la facultad de coordinar los poderes Judicial y Legislativo.
HRW subraya que Ortega gobierna sin límites de mandato desde que una enmienda constitucional aprobada en 2014eliminó las restricciones a la reelección presidencial.
El informe también denuncia que, durante 2025, el Ejecutivo amplió la represión para incluir a antiguos simpatizantes del gobierno. Hasta octubre de ese año, se contabilizaban al menos 77 presos políticos en el país.
Asimismo, HRW alertó que en agosto murieron bajo custodia el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso, tras permanecer semanas en condición de desaparición forzada. Con estos casos, el número de muertes bajo custodia estatal asciende a seis desde 2019, según la organización defensora de derechos humanos.
Centroamérica
PNC reporta un nuevo día sin muertes violentas en El Salvador
El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada de este 4 de febrero, a través de su cuenta oficial en la red social X.
De acuerdo con la institución de seguridad, durante la jornada del martes 3 de febrero no se registraron muertes violentas en el territorio nacional. “Finalizamos el martes 03 de febrero, con 0 homicidios en el país”, informó la corporación policial.
Con este resultado, el país suma dos días sin homicidios en lo que va del mes de febrero, correspondientes a los días 1 y 3, según el recuento oficial.
El Salvador ha sido señalado en los últimos años por la implementación de diversas estrategias de seguridad, que han permitido reducir de manera sostenida los índices de violencia y devolver la tranquilidad a las familias salvadoreñas, tras la captura de miles de pandilleros.
Entre las principales medidas destacan el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, acciones que han sido observadas por otros países interesados en conocer el modelo de seguridad aplicado para el combate del crimen.
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