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Centroamérica

Centroamérica reduce los homicidios violentos en 2022

Foto: Marvin Recinos / AFP

12 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

Los homicidios violentos se redujeron en Centroamérica, una región asolada por las pandillas y corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos, donde los altos índices de criminalidad son motivo de migración masiva y preocupación de los gobiernos.

Según cifras oficiales de los diferentes países, hubo 9 737 muertes violentas en 2022 comparadas con las 10 487 de 2021.

Pero la realidad en la región es heterogénea. Mientras en algunos países la criminalidad aumenta, como en Guatemala o Costa Rica, en otros baja, como en El Salvador o Panamá, indicó a la AFP el académico de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rodolfo Calderón.

«El tema del tráfico de drogas es un problema común para todo Centroamérica», puntualizó el investigador.

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Calderón destacó por un lado el «triángulo norte» compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, un «ecosistema criminal que está dominado por un actor casi único que son las maras», afirmó el sociólogo.

Por otro lado están los países del sur, Costa Rica y Panamá, donde los grupos armados «desorganizados» han sido enfrentados por sistemas policiales y judiciales más sólidos.

Nicaragua, por su parte, desde que comenzó la crisis política en 2018, no tiene datos «confiables» en cuanto a violencia y homicidios, señaló Calderón.

Guatemala y Honduras a la cabeza

Guatemala, con 4 274 muertes, y Honduras, con 3 397 muertes, encabezan la estadística en términos absolutos y aglutinan el 81,86 % de los homicidios de la región, según datos oficiales.

En Guatemala la violencia está vinculada con el control territorial que ejercen las pandillas por el «negocio de las drogas», donde grupos del narcotráfico han logrado una «colusión» con algunos miembros del Ejército, indicó Calderón.

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Guatemala registró una tasa de muertes de 17,33 por cada 100 000 habitantes, un aumento de 0,74 con respecto a 2021, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En Honduras la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes se posicionó en 35,79 homicidios, la más alta de la región.

Sin embargo, las autoridades se congratularon de reducir la proporción en comparación a 2021, cuando la tasa fue de 41,23 muertes.

«Desde el año 2006, el país no había registrado un número tan bajo en el delito de homicidio», indicaron desde la Secretaría de Seguridad.

Guerra a las pandillas

En El Salvador la guerra frontal del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas dio como resultado la reducción más notable de la violencia en toda la región.

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«Es una reducción (en la tasa de homicidios) jamás vista en nuestro país», señaló el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, al presentar los datos de 2022.

El país quedó en 7,8 homicidios por cada 100 000 personas -se registraron 496 muertes violentas en total en 2022-, por debajo incluso de la media internacional establecida en ocho por las Naciones Unidas.

Bukele señaló el pasado diciembre que el país pasó de ser el más peligroso del mundo al «más seguro de América Latina». En 2019 la tasa de homicidios en El Salvador fue de 38 por cada 100.000 habitantes.

Crimen «desorganizado»

Panamá y Costa Rica experimentaron menor cantidad de hechos violentos en el sur de Centroamérica ya que el entramado criminal está más «desorganizado», dijo Calderón.

A pesar de ello, Costa Rica consignó al 2022 como el año más violento desde que hay registros con 656 homicidios, con una tasa de 12,6 por cada 100 000 habitantes, un incremento de 1,2 en comparación con 2021.

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«El ajuste de cuentas se ubicó en un 63% de las ocasiones, esto significa un aumento respecto al histórico que teníamos de 55%», señaló Randall Zúñiga, director general del Organismo de investigación Judicial.

Panamá registró 454 homicidios, una caída de la tasa de 11,5 en 2021 a 10,6 por cada 100.000 habitantes en 2022.

La criminalidad está asociada «a cuestiones como robo con violencia hacia las personas, una cuestión más pecuniaria, de delito común», señaló Calderón sobre Panamá.

Datos «poco confiables»

Con respecto a Nicaragua, Calderón destacó que hasta 2018 el país era objeto de estudio por sus similitudes criminales con Honduras y Guatemala pero sus bajas cifras de violencia como Costa Rica y Panamá.

«Tiene que ver con un modelo de Policía comunitario, proactivo, pero que se inscribe en el marco de una revolución que triunfa», dijo Calderón. Desde 2018 «todo cambió y los datos no son confiables», agregó.

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En 2022 Nicaragua registró 460 homicidios, según fuentes oficiales, pero no se puede comparar ya que no se publicaron cifras de 2020 ni 2021.

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Centroamérica

El Salvador alcanza 1,000 días sin homicidios bajo el régimen de excepción

A casi cuatro años de la implementación del régimen de excepción, las autoridades de Seguridad de El Salvador reportaron 1,000 días sin homicidios durante la vigencia de esta medida, un resultado que refleja una reducción sostenida de la violencia letal en el país. Bajo toda la gestión del presidente Nayib Bukele, el acumulado asciende a 1,114 jornadas sin homicidios.

La marca de los 1,000 días sin muertes violentas durante el régimen de excepción se alcanzó el jueves 15 de enero, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) no registró ningún homicidio a escala nacional.

El régimen de excepción fue solicitado por el presidente Bukele el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios atribuidos a las pandillas entre el 25 y 26 de marzo, período en el que se contabilizaron 76 asesinatos. La medida fue implementada con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, y, 46 meses después, continúa vigente y cuenta con el respaldo mayoritario de la población.

Diversas encuestas reflejan ese nivel de aprobación. A los 30 días de ejecución, el régimen obtuvo una calificación de 7.99, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Por su parte, un sondeo de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) registró una aceptación del 83.7 % tras tres meses de vigencia, porcentaje que aumentó al 89.9 % a finales de 2022.

Al cumplirse el primer año, la calificación fue de 7.92, y en el segundo año subió a 8.13, de acuerdo con datos del Iudop. En noviembre de 2023, la encuestadora CID Gallup informó que el 96 % de los salvadoreños estaba de acuerdo, en alguna medida, con las acciones del Gobierno contra las pandillas.

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En 2024, el 84 % de los encuestados por CID Gallup se mostró a favor de la continuidad del régimen, mientras que en diciembre de 2025, el 96 % consideró como “muy” o “algo positivas” las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.

Asimismo, la encuesta del Iudop de 2024 reveló que el 85.1 % de la población consideró que el régimen ayudó a controlar la delincuencia. Para 2025, la misma institución otorgó una calificación de 7.78, y el 60 % de los consultados señaló que la medida debía prorrogarse por más tiempo.

Hasta la fecha, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 46 ocasiones, siendo la más reciente la que comprende del 1 al 31 de enero de 2026.

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Centroamérica

Bukele afirma que las reformas de su gobierno permitieron superar un “Estado fallido” en El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó los avances que ha experimentado El Salvador durante los últimos seis años como resultado de los cambios impulsados desde la administración pública, los cuales —aseguró— permitieron superar un Estado fallido heredado en 2019.

Durante su reciente visita oficial a Costa Rica, el mandatario señaló que al asumir el Ejecutivo se encontró con un sistema institucional incapaz de responder a las necesidades de la población, lo que obligó a realizar transformaciones profundas en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Indicó que dichas reformas fueron posibles gracias al respaldo otorgado por los salvadoreños en las urnas, lo que le permitió contar con gobernabilidad.

«Teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea; en las elecciones, por supuesto, elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, OEA, países desarrollados que tienen interés en observar elecciones», expresó Bukele.

El presidente sostuvo que el sistema judicial anterior no garantizaba justicia para las víctimas de la violencia y, por el contrario, facilitaba la liberación de personas acusadas de delitos. Como ejemplo, relató que agentes policiales capturaban a pandilleros que recuperaban su libertad en cuestión de horas, lo que derivaba en represalias contra los propios policías y sus familias.

«Había muchos policías buenos en El Salvador, y como me cuenta historias el ministro [de Justicia, Gustavo Villatoro], iban y agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al siguiente día salían 101; los 100 que metieron y otro que sacaron», afirmó.

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Bukele aseguró que la implementación del Plan Control Territorial, reforzado posteriormente con el régimen de excepción, transformó de manera radical la seguridad pública, al punto de convertir a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental, condición que —dijo— es reconocida por otras naciones y organismos internacionales.

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Centroamérica

Asamblea aprueba ley que otorga incentivos fiscales a empresas que amplíen sus inversiones

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos, la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, una normativa que otorga beneficios fiscales a empresas que ya operan en el país desde hace más de una década y que amplíen su inversión y capacidad productiva.

La ley está dirigida a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones por un monto superior a un millón de dólares. Entre los principales incentivos se incluye una deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculada en función del monto de la inversión realizada.

De acuerdo con el decreto, las empresas que inviertan entre un millón y diez millones de dólares podrán deducir el 10 % del ISR; aquellas cuya inversión supere los diez millones y alcance hasta veinte millones recibirán una deducción del 20 %; mientras que las inversiones mayores a veinte millones de dólares tendrán una deducción del 30 % del impuesto.

Este beneficio fiscal podrá ser utilizado durante un período de hasta diez años, contados a partir de la obtención de la calificación correspondiente por parte de las autoridades competentes.

La normativa también contempla la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces para los inmuebles adquiridos con fines de expansión. Para acceder a este incentivo, las empresas deberán utilizar el bien durante un plazo mínimo de cinco años y conservar su propiedad durante ese mismo período.

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Entre los requisitos establecidos, los interesados deberán comprobar la antigüedad de sus operaciones en el país, no estar acogidos a otros regímenes de incentivos fiscales, contar con la calificación Invest y no mantener obligaciones pendientes con el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la ley prohíbe a los beneficiarios sustituir activos o reducir las operaciones con las que inicien el proceso de expansión, como condición para mantener los incentivos otorgados.

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