Centroamérica
Hijos de expresidente panameño pagan fianza para evitar su detención en Panamá
| Por AFP |
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que concluyen su condena en Estados Unidos por sobornos de Odebrecht, pagaron una fianza de 14 millones de dólares para evitar su detención cuando lleguen a Panamá, donde también son reclamados por la justicia.
«En total son 14 millones» en fianzas, dijo este martes a la AFP Carlos Carrillo, abogado de Luis Enrique y Ricardo Martinelli hijo, quienes finalizan el 25 de enero su condena en Estados Unidos por recibir millonarios sobornos de la multinacional brasileña.
En Panamá, los hijos del exmandatario también están imputados, junto a su padre, por el caso Odebrecht y por el escándalo conocido como «Blue Apple», una trama para el cobro de comisiones para agilizar contratos durante el gobierno de Martinelli (2009-2014).
Según Carrillo, los hermanos Martinelli han consignado cada uno sendas fianzas de dos millones de dólares por el caso Odebrecht y cinco por el caso «Blue Apple».
«Ellos inmediatamente cumplan la pena tienen que ser deportados a Panamá (…) ya le han manifestado al tribunal (panameño que los reclama) su disposición de venir» a enfrentar la justicia, señaló Carrillo.
Sin embargo, las fianzas evitarían que ambos imputados pudieran ser detenidos a su llegada a Panamá. Según Carrillo, la ley panameña solo establece en estos casos la prohibición de salida del país de los acusados y su presentación periódica ante las autoridades judiciales.
En mayo de 2022, un tribunal estadounidense condenó a tres años de cárcel y una multa de 250.000 dólares a los hermanos Martinelli por recibir 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, de los cuales 19 millones habían transitado por cuentas estadounidenses.
De la sentencia se descuenta el tiempo que estuvieron detenidos, primero en Guatemala mientras aguardaban la extradición, tras ser arrestados en 2020 cuando pretendían abordar un vuelo privado hacia su país, y luego en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn.
La defensa de los hermanos culpó a Ricardo Martinelli padre de haberles inducido a cometer los delitos.
El propio expresidente está llamado a juicio por el escándalo Odebrecht. Pese a ello, anunció su intención de buscar la reelección en 2024.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos, sobre todo de América Latina, para conseguir contratos públicos.
Centroamérica
Régimen de Ortega ante posible continuidad, control pactado o democracia en 2027
Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2007 en medio de denuncias de fraude electoral y eliminación de la oposición, enfrenta tres posibles escenarios políticos tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroaméricadivulgado este miércoles.
El informe sostiene que la detención de Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas, representa “un golpe estratégico” al entramado internacional que ha sostenido al régimen sandinista, dado que Venezuela fue un aliado clave tanto en lo económico como en lo político durante las últimas dos décadas.
Según el centro de pensamiento, esa pérdida de respaldo marca un punto de inflexión para el régimen, que ya enfrentaba aislamiento regional y presión internacional, especialmente desde Estados Unidos.
Tres escenarios posibles
Primer escenario: consolidación del régimen.
El informe plantea que la administración orteguista podría afianzarse en el poder pese a su falta de legitimidad interna y externa. Bajo este escenario, Murillo —con o sin Ortega en primera línea— consolidaría el control mediante el aparato represivo como principal sostén del régimen. Las elecciones de noviembre de 2027 se desarrollarían sin garantías democráticas. La Cetcam considera este escenario como el menos probable debido al aislamiento internacional y a la presión de Washington, pero no lo descarta.
Segundo escenario: transición controlada.
Esta opción supondría ajustes limitados impulsados por figuras cercanas al orteguismo, que preservarían intereses como la impunidad y el patrimonio acumulado por la élite gobernante. La represión adoptaría formas menos visibles y sectores de la oposición aceptarían concesiones parciales. Las elecciones de 2027 incluirían reformas superficiales y la participación de fuerzas filtradas, aunque se conservaría el núcleo del poder actual.
Tercer escenario: transición democrática.
El informe también contempla la posibilidad de una apertura real hacia una democracia plena, impulsada por la presión internacional y por la acción de fuerzas prodemocráticas internas. En ese contexto, el régimen se vería obligado a restituir libertades, organizar elecciones transparentes observadas internacionalmente en 2027 y permitir una reconstrucción institucional.
Los expertos subrayan que el rumbo final dependerá de la intensidad de la presión externa —particularmente de Estados Unidos— y de la capacidad de la oposición para articular una alternativa política viable, mientras la falta de apoyo venezolano obliga a Managua a redefinir su estrategia ante unos comicios que definirán el futuro político de la nación.
Centroamérica
Gobierno de Guatemala pide investigar a fiscal general por presuntas adopciones ilegales en los años 80
El Gobierno de Guatemala informó este miércoles que solicitó al Ministerio Público investigar una presunta participación de la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales ocurridas en la década de 1980, según señalamientos de expertos de la Organización de las Naciones Unidas.
La denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la Nación de Guatemala (PGN), entidad que actúa como abogado del Estado. No obstante, analistas consideran poco probable que el proceso avance en los tres meses restantes del mandato de Porras, quien calificó las acusaciones como “espurias”.
Señalamientos de expertos de la ONU
Relatores y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas solicitaron, en un comunicado divulgado en Ginebra, una investigación independiente sobre la supuesta participación de la fiscal en adopciones ilegales cuando se desempeñó como directora, administradora y “tutora” de un hogar estatal para menores en 1982.
Según los expertos, recibieron información sobre “al menos 80 niños indígenas” que habrían sido sometidos a adopciones internacionales ilegales tras su “captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996”, durante el conflicto armado interno guatemalteco.
Postura oficial
El titular de la PGN, Julio Saavedra, explicó en rueda de prensa que la institución activó “el mecanismo jurídico que permite que los hechos sean investigados con independencia, objetividad y apego al debido proceso”.
Además, indicó que la PGN solicitó ser reconocida como “querellante adhesivo” para colaborar en la investigación.
Por su parte, Porras rechazó “categóricamente” las acusaciones y pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que las alegaciones “sean objeto de revisión, aclaración y corrección”.
Contexto político
La denuncia se conoció el mismo día en que Porras fracasó en su intento de ser electa magistrada de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, cargo que le habría otorgado inmunidad.
La fiscal general también ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la señalan por presuntos actos de corrupción y por acciones consideradas antidemocráticas, incluyendo procesos penales contra exfuncionarios, periodistas y líderes sociales, así como intentos de obstaculizar la investidura del presidente Bernardo Arévalo.
Centroamérica
El Salvador suma 15 días sin homicidios en febrero
La Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) informó que el miércoles 18 de febrero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.
Con esta jornada, El Salvador acumula 15 días sin asesinatos en lo que va del mes y un total de 41 días sin homicidios en lo que transcurre de 2026, según datos oficiales.
Las autoridades también han señalado que el país cerró 2025 con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, así como con un índice de impunidad del 0 % en el delito de homicidio.
De acuerdo con el Gobierno, estos resultados son producto de la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, medidas que forman parte de la estrategia de seguridad pública impulsada en los últimos años.
Las autoridades sostienen que las políticas adoptadas han permitido una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.
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