Internacionales
Ataque contra cárcel mexicana y operativo para recapturar presos deja 26 muertos
| Por AFP |
Al menos 26 personas murieron durante el ataque a una cárcel de la mexicana Ciudad Juárez y las operaciones para recapturar a 25 presos evadidos, informaron este lunes las autoridades.
Dos agentes de la fiscalía del estado de Chihuahua y cinco presuntos delincuentes fallecieron este lunes en enfrentamientos registrados en dos puntos de Ciudad Juárez (norte) cuando las autoridades desarrollaban operativos para localizar a los presos que se fugaron luego del asalto al penal perpetrado el domingo.
Según un comunicado de la secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en esos choques resultaron heridos otros dos agentes de la fiscalía y fueron incautadas armas largas.
El lunes temprano el gobierno federal confirmó que el ataque a la cárcel, cometido por narcotraficantes el domingo, dejó 19 muertos, entre ellos 10 guardias, siete presos y dos atacantes, y 25 presos se fugaron.
También resultaron heridos un custodio y 14 reclusos, informó en conferencia el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien anunció además la captura de cinco agresores.
Entre los evadidos se encuentra el líder de una banda aliada del cártel de Juárez en su guerra contra el cártel de Sinaloa, antaño liderado por Joaquín «El Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Se trata de Ernesto Alfredo Piñón, «líder de este grupo criminal conocido como ‘El Neto’», señaló la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, en la misma conferencia.
Piñón estaba preso desde 2009, y en 2010 fue condenando a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio, según datos de la fiscalía del estado de Chihuahua (norte).
Cuando iba a ser trasladado tras su captura, un grupo criminal también intentó liberar a «El Neto», pero fracasó y el detenido resultó herido.
Sobrepoblación de reos
Según Sandoval, pese a su peligrosidad, el delincuente no había sido trasladado a una prisión federal de alta seguridad porque las autoridades de Chihuahua no lo solicitaron. El penal atacado, donde están recluidos numerosos pistoleros y vendedores de drogas callejeros, está bajo responsabilidad de ese estado.
El asalto se produjo al amanecer del domingo cuando familiares de reos estaban formados para la visita de año nuevo, y el escuadrón, que arribó en vehículos blindados, abrió fuego contra los guardias.
Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso, es estratégica en el tráfico de drogas y uno de los puntos donde estalló en 2006 la ola de violencia ligada al narcotráfico.
Con capacidad para 3.135 reos, pero ocupada actualmente por unos 3.900, la cárcel atacada ha sido escenario de varias riñas y motines, incluido uno que dejó 20 muertos en marzo de 2009.
Los centros de detención de México, principalmente los estatales, padecen problemas crónicos de hacinamiento y violencia, que se han agravado en los últimos años por las pugnas entre grupos criminales.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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