Honduras aprobó una reforma legal que endurece las penas por femicidio y otros delitos vinculados a la violencia de género, en un contexto marcado por la preocupación por los altos índices de asesinatos de mujeres y los desafíos que enfrenta el país para garantizar el acceso a la justicia.

La medida fue aprobada por el Congreso Nacional y mantiene las condenas actuales de entre 25 y 30 años de prisión para el delito de femicidio. Sin embargo, incorpora agravantes que permitirán imponer penas de entre 30 y 40 años cuando concurran circunstancias consideradas de mayor gravedad.

Además, la reforma establece que en casos relacionados con violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima, las condenas podrán alcanzar hasta 60 años de prisión.

Durante la discusión legislativa, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la iniciativa al considerar que fortalece las herramientas legales para sancionar los delitos cometidos contra las mujeres.

«El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley», expresó durante la sesión plenaria.

La reforma también contempla la creación de órganos judiciales especializados en la prevención y atención de casos de femicidio, los cuales estarán integrados exclusivamente por mujeres.

La decisión se produce en un contexto complejo para Honduras. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el país registró la tasa más alta de femicidios entre 17 naciones latinoamericanas, con 4.3 casos por cada 100,000 habitantes.

Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras indican que durante 2025 se contabilizaron 262 femicidios en el país. Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reportan que en lo que va de 2026 al menos 116 mujeres han sido asesinadas.

No obstante, la reforma ha generado opiniones divididas. Diversos colectivos consideran que el endurecimiento de las penas es insuficiente si no se acompaña de medidas orientadas a prevenir la violencia y mejorar la capacidad de investigación de las autoridades.

La directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, señaló que el principal desafío sigue siendo la impunidad.

Según la activista, aumentar los años de prisión no resolverá el problema de fondo mientras una gran cantidad de los casos no llegue a ser judicializada. Fonseca sostuvo que aproximadamente el 90 % de los femicidios permanecen impunes, situación que limita el efecto disuasivo de las reformas legales y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia.

La discusión refleja uno de los principales retos que enfrenta Honduras en materia de seguridad y derechos humanos: reducir la violencia contra las mujeres mediante políticas integrales que combinen sanción, prevención y atención efectiva a las víctimas.

Las instituciones del Gobierno continúan fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta ante las lluvias que afectan al país, con medidas que abarcan la vigilancia en zonas turísticas, la suspensión temporal de actividades educativas y el despliegue de personal de salud para atender posibles emergencias.

En la zona costera, la Unidad de Guardavidas mantiene operativos permanentes de vigilancia con el objetivo de proteger a turistas y residentes, reducir riesgos y responder de manera inmediata ante cualquier incidente que pueda registrarse en playas y otros puntos de alta afluencia de visitantes.

Las autoridades señalaron que estos esfuerzos forman parte de un plan integral de protección civil orientado a salvaguardar la vida de la población durante el período de condiciones climáticas adversas.

En el ámbito educativo, la ministra de Educación, Karla Trigueros, reiteró que la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo es la principal prioridad, razón por la cual se mantuvo la suspensión de clases los días 9 y 10 de junio para centros educativos públicos, privados y universidades.

La medida busca prevenir situaciones de riesgo derivadas de inundaciones, deslizamientos o dificultades de movilidad que puedan afectar a la comunidad educativa mientras persistan las condiciones meteorológicas desfavorables.

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que la red nacional de salud se encuentra en alerta y con personal desplegado para brindar atención médica a las personas que puedan resultar afectadas por las lluvias.

«Contamos con aproximadamente 9,000 profesionales desplegados a nivel nacional para brindar atención oportuna a la población que lo requiera, incluyendo a las personas que se encuentran en albergues», afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Las autoridades de salud indicaron que el personal médico, de enfermería y apoyo continuará monitoreando la situación en todo el territorio nacional para garantizar la atención inmediata de emergencias, así como el seguimiento sanitario en comunidades vulnerables y centros de resguardo habilitados para las familias afectadas.

El Gobierno mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y exhorta a la población a seguir las recomendaciones de las instituciones de protección civil, mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgo mientras continúan las lluvias.

El Ministerio de Educación (MINED) anunció la suspensión de clases y actividades académicas presenciales en todo el territorio nacional para los días martes 9 y miércoles 10 de junio, como medida preventiva ante la influencia de la tormenta tropical Cristina y la vigencia de la alerta naranja decretada por las autoridades.

La disposición aplica para todos los centros educativos públicos y privados, así como para universidades e instituciones de educación superior, abarcando todos los niveles del sistema educativo, desde educación inicial hasta estudios universitarios.

Según el comunicado emitido por la institución, las universidades tendrán la facultad de continuar desarrollando sus actividades académicas mediante plataformas virtuales durante el período en que permanezca suspendida la asistencia presencial.

Las autoridades explicaron que la medida busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias, ante los riesgos asociados a las lluvias intensas que podrían afectar diferentes zonas del país.

Entre las amenazas identificadas se encuentran inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y derrumbes, fenómenos que podrían comprometer la seguridad de la población y dificultar la movilidad hacia los centros educativos.

El Ministerio de Educación exhortó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información emitida por las instituciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La suspensión forma parte de las acciones preventivas adoptadas por el Gobierno ante el incremento de lluvias provocado por sistemas atmosféricos que afectan a la región centroamericana y que podrían generar impactos significativos en distintos puntos del país.