Centroamérica
Panamá descarta regularizar ruta selvática hacia EEUU en medio de récord de migrantes
| Por AFP | Juan José Rodríguez |
El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240.000 que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.
«La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada», dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas este viernes.
«En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es», insistió la ministra al explicar la decisión de su gobierno.
«No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada», señaló Tewaney.
La funcionaria panameña se reunió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos.
Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243.000 personas (dos terceras partes venezolanos) usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.
El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, dependiente de la fiscalía, José Vicente Pachar, informó este viernes a la AFP que al menos 60 migrantes han muerto en 2022 cruzando el Darién, una cifra que supera el medio centenar de fallecidos de 2021.
«Hay muchos testimonios de fallecidos y abandonados en la selva», afirmó Pachar.
Zona de peligros
La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es un corredor plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que se aprovechan de quienes buscan migrar a Estados Unidos cruzando América Central.
Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Washington, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes, que afluyen en números récord.
Estados Unidos destinó cerca de 18 millones de dólares en 2022 para la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes vulnerables en Panamá, una cifra cuatro veces mayor al monto enviado en 2021.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en septiembre la idea de una «presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».
Panamá ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a migrantes en la frontera con Colombia, pero entiende que facilitar su traslado por la jungla supondría un beneficio indirecto a los traficantes de personas.
«Las historias de los migrantes son desgarradoras. Este es un peligroso viaje que nadie debe emprender», declaró a comienzos de diciembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.
El gobierno panameño considera además que cualquier apertura de la selva pondría en peligro la biodiversidad del país.
«El Darién es una selva protegida, un territorio ancestral de nuestros indígenas, es nuestro pulmón y es para Panamá y Centroamérica lo mismo que el Amazonas para Suramérica», concluyó Tewaney.
Centroamérica
Honduras incauta 40,000 plantas de coca y JIFE advierte crecimiento del narcotráfico en la región
La erradicación de aproximadamente 40,000 plantas presuntamente de coca en Honduras, en julio de 2025, confirma el crecimiento sostenido de este cultivo en Centroamérica, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual presentado en Viena.
El organismo señaló que en julio de 2025 las fuerzas armadas hondureñas incautaron las plantaciones en el municipio de Olanchito, lo que evidencia un “aumento significativo” del arbusto en una región históricamente utilizada como corredor del narcotráfico.
El informe también cita un estudio publicado en 2024 en la revista Environmental Research Letters, el cual estima que el 47 % del norte de Centroamérica —Belice, Guatemala y Honduras— reúne condiciones biofísicas adecuadas para el cultivo de hoja de coca.
Por su posición estratégica entre los principales centros de producción en Sudamérica y los mercados de consumo en Norteamérica y Europa, Centroamérica ha sido durante décadas un punto clave de tránsito. La JIFE destaca a Panamá como un espacio estratégico, al señalar que hasta el 40 % de la cocaína colombiana destinada al norte cruza por su zona económica exclusiva, utilizando rutas marítimas y el flujo comercial del Canal de Panamá.
Honduras es descrita como un “país de tránsito clave” para la cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, mientras que Guatemala figura como territorio de paso para cargamentos terrestres procedentes de El Salvador y Honduras, así como para envíos marítimos desde Colombia y Ecuador.
El documento añade que en 2024 continuó el uso de lanchas rápidas y la participación de organizaciones criminales transnacionales como el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, en coordinación con pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18.
Asimismo, la JIFE advierte una diversificación hacia drogas sintéticas. Guatemala reportó incrementos en decomisos de precursores químicos y el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos.
En cuanto al consumo, la cocaína representa el 49.2 % de los casos en tratamiento en la región, seguida del cannabis con 43.5 %, los opioides con 2.6 % y el uso no médico de sedantes y tranquilizantes con 2 %.
Centroamérica
Guatemala registra 628 casos de sarampión y el virus ya alcanza el 95 % del país
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) de Guatemala informó que el brote de sarampión en el país alcanzó 628 casos confirmados hasta el 24 de febrero, lo que evidencia una acelerada propagación del virus.
La cifra supone un incremento del 75.4 % respecto a los 358 contagios reportados el 17 de febrero, es decir, 270 nuevos casos en apenas una semana. El brote se originó en diciembre pasado durante una actividad religiosa masiva en el municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá.
Aunque el foco inicial se ubicó en el occidente del país, el departamento de Guatemala —que incluye la capital— se ha convertido en el principal epicentro con 281 casos, equivalentes al 44.7 % del total nacional. Sololá reporta 122 contagios, seguido de Huehuetenango con 39 y Escuintla con 32. De acuerdo con el Mspas, el virus ya está presente en el 95 % del territorio y Suchitepéquez es el único departamento sin reportes oficiales.
El análisis por grupos etarios indica que las personas entre 20 y 29 años concentran 220 casos (35 %), mientras que el grupo de 15 a 19 años suma 88 contagios. Las autoridades sanitarias también manifestaron preocupación por 36 casos detectados en menores de un año, quienes aún no han recibido la primera dosis de la vacuna SPR contra sarampión, parotiditis y rubéola.
El Mspas mantiene activa una estrategia de “vacunación de bloqueo” para contener la transmisión y recordó que el último gran brote en Guatemala se registró en 1990.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 3 de febrero una alerta epidemiológica ante el marcado incremento de casos en las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, e instó a una respuesta inmediata y coordinada.
Según datos del organismo regional, en 2025 se contabilizaron 14,891 casos de sarampión en el continente, con 29 muertes. México lidera la lista con 6,428 contagios y 24 fallecimientos, seguido de Canadá con 5,436 casos y dos muertes, y Estados Unidos con 2,242 casos y tres decesos. Antes de la introducción de la vacunación masiva en 1980, el sarampión provocaba alrededor de 2.6 millones de muertes anuales en el mundo, 12,000 de ellas en las Américas.
Centroamérica
Washington amplía sanciones contra figuras clave del gobierno de Ortega
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la ministra de Trabajo de Nicaragua y varios altos funcionarios vinculados a áreas de inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones, a quienes acusa de permitir la represión ejercida por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Departamento del Tesoro informó que las medidas alcanzan a la ministra Johana Vanessa Flores; a los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; a la vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Celia Margarita Reyes; y al jefe de la unidad de inteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez.
Según el comunicado oficial, Flores, quien asumió el cargo en agosto, es señalada de facilitar la “explotación” de trabajadores nicaragüenses, así como la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y prácticas de “competencia desleal” derivadas de las condiciones laborales en el país.
En el caso del mayor general Gutiérrez, el Tesoro lo identifica como responsable del directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, considerado una de las estructuras más opacas del Ejército. De acuerdo con Washington, esta instancia, junto con los servicios de seguridad, ha participado en el monitoreo de manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.
El Departamento del Tesoro también indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por oficiales militares, ha sido utilizada para controlar y emplear las instituciones encargadas de prevenir el lavado de dinero con el fin de perseguir a opositores políticos.
Respecto al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, lo describe como un componente central de un amplio aparato de vigilancia y espionaje. Su directora general, Nahima Janett Díaz, fue sancionada en 2022, y ahora se suma a la lista la vicedirectora Celia Margarita Reyes.
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