Centroamérica
Panamá descarta regularizar ruta selvática hacia EEUU en medio de récord de migrantes
| Por AFP | Juan José Rodríguez |
El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240.000 que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.
«La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada», dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas este viernes.
«En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es», insistió la ministra al explicar la decisión de su gobierno.
«No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada», señaló Tewaney.
La funcionaria panameña se reunió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos.
Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243.000 personas (dos terceras partes venezolanos) usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.
El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, dependiente de la fiscalía, José Vicente Pachar, informó este viernes a la AFP que al menos 60 migrantes han muerto en 2022 cruzando el Darién, una cifra que supera el medio centenar de fallecidos de 2021.
«Hay muchos testimonios de fallecidos y abandonados en la selva», afirmó Pachar.
Zona de peligros
La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es un corredor plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que se aprovechan de quienes buscan migrar a Estados Unidos cruzando América Central.
Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Washington, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes, que afluyen en números récord.
Estados Unidos destinó cerca de 18 millones de dólares en 2022 para la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes vulnerables en Panamá, una cifra cuatro veces mayor al monto enviado en 2021.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en septiembre la idea de una «presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».
Panamá ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a migrantes en la frontera con Colombia, pero entiende que facilitar su traslado por la jungla supondría un beneficio indirecto a los traficantes de personas.
«Las historias de los migrantes son desgarradoras. Este es un peligroso viaje que nadie debe emprender», declaró a comienzos de diciembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.
El gobierno panameño considera además que cualquier apertura de la selva pondría en peligro la biodiversidad del país.
«El Darién es una selva protegida, un territorio ancestral de nuestros indígenas, es nuestro pulmón y es para Panamá y Centroamérica lo mismo que el Amazonas para Suramérica», concluyó Tewaney.
Centroamérica
Canal de Panamá gana protagonismo tras bloqueo del Estrecho de Ormuz
El bloqueo del Estrecho de Ormuz ejecutado por Irán el pasado 28 de febrero ha reconfigurado las rutas marítimas globales y posicionado al Canal de Panamá como una de las principales alternativas para el transporte de energía.
En este contexto, la vía interoceánica reporta un crecimiento en sus ingresos de entre 8% y 10% durante los primeros cinco meses del año fiscal 2026, impulsado por el aumento en la demanda de tránsito.
La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, confirmó que en las últimas dos semanas se han registrado entre 38 y 40 tránsitos diarios, superando la proyección inicial de 34 cruces por día.
“El Canal de Panamá es una ruta corta y segura que, con los precios del combustible, sigue reduciendo los costos para los operadores”, afirmó la funcionaria.
El impacto también se refleja en el transporte de gas natural licuado (GNL). Antes del conflicto, el canal registraba en promedio cuatro buques mensuales de este tipo; actualmente, las autoridades se preparan para habilitar un tránsito diario para estas embarcaciones.
Por su parte, el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, proyectó que el mercado asiático podría incrementar la demanda de GNL proveniente de Estados Unidos, como alternativa ante las exportaciones restringidas desde Qatar.
“Cuando suben los costos, especialmente el precio del combustible marino, el Canal de Panamá se vuelve una ruta más atractiva”, explicó Vásquez.
Centroamérica
Sistema penitenciario salvadoreño muestra transformación tras décadas marcadas por violencia
El sistema penitenciario de El Salvador ha experimentado una transformación significativa en las últimas dos décadas. En 2004, el país registró una de las peores masacres carcelarias de su historia, con el hallazgo de 32 cadáveres de pandilleros de la Barrio 18 y supuestos civiles en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
A 22 años de ese hecho, el panorama en los centros penitenciarios es distinto, de acuerdo con autoridades, quienes aseguran que actualmente prevalecen el orden, el control y la disciplina en las cárceles del país.
Este cambio es atribuido a la implementación del Plan Control Territorial, estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y reforzada mediante el régimen de excepción, vigente desde 2022.
En el penal de Mariona, los privados de libertad considerados reos comunes participan en el programa “Cero Ocio”, que incluye actividades educativas y de formación. En contraste, las autoridades han endurecido las condiciones para miembros de pandillas, eliminando beneficios que, según señalan, existían en administraciones anteriores.
Según datos oficiales, durante la actual gestión no se han registrado amotinamientos ni hechos de violencia interna derivados de riñas en los centros penitenciarios. Además, se han ejecutado mejoras en infraestructura y se han fortalecido los controles de seguridad, incluyendo la implementación de tecnología para evitar la comunicación de los reos con el exterior.
En contraste, registros de años anteriores dan cuenta de episodios violentos en el sistema carcelario. En diciembre de 2002, dos agentes policiales fueron tomados como rehenes y posteriormente asesinados durante un motín en Mariona, que dejó además 17 personas lesionadas entre custodios y reclusos.
Posteriormente, en 2007, un amotinamiento en el centro penitenciario de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, dejó al menos 20 reclusos muertos y varios heridos, lo que llevó a declarar estado de emergencia en ese recinto. En 2011, otro enfrentamiento interno dejó tres fallecidos y cuatro lesionados.
Asimismo, en 2015, miembros de la pandilla Barrio 18 asesinaron a 14 integrantes de la facción conocida como “Los Revolucionarios” durante una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.
Centroamérica
El Salvador registra otro día sin homicidios y mantiene tendencia a la baja en violencia
El Salvador cerró el lunes 30 de marzo sin registrar homicidios a nivel nacional, según datos oficiales divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC).
El resultado se suma a una serie de jornadas recientes con cifras similares, en medio de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno para combatir la criminalidad.
De acuerdo con las autoridades, estos indicadores evidencian una tendencia sostenida a la baja en los niveles de violencia, atribuida a la ejecución del Plan Control Territorial y al régimen de excepción.
Asimismo, la PNC y la Fuerza Armada mantienen operativos y despliegues en distintos puntos del país, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos.
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