Centroamérica
Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense
| Por AFP | Francisco Jara |
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.
«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.
La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.
Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.
«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.
La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.
El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.
Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».
Recurso legal
First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.
La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.
El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
«Contrato justo»
«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.
«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.
El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.
«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.
A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.
América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.
Centroamérica
Zamora denuncia irregularidades y pide su liberación ante la Corte Suprema de Guatemala
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde julio de 2022, exigió este martes su liberación durante una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, tras permanecer más de 1,280 días en prisión preventiva, en un proceso que calificó como plagado de irregularidades.
“Ya pagué mi pena. Soy inocente, pero ya cumplí la pena. La pena eran tres años y ya los pasé. Y sigo ahí”, expresó Zamora ante el pleno, al denunciar que su caso se desarrolla dentro de un sistema que describió como un “laberinto perfecto” donde la corrupción, la impunidad y el narcotráfico “son el sistema mismo”.
Durante la diligencia, la defensa del periodista sostuvo que se han vulnerado sus derechos constitucionales, particularmente con la revocatoria de medidas sustitutivas basada en lo que calificaron como premisas falsas. El abogado Francisco Vivar aseguró que el Ministerio Público argumentó la existencia de audios escuchados en audiencias en las que Zamora nunca estuvo presente, lo que, según la defensa, evidencia una manipulación del proceso judicial para mantenerlo en prisión.
Zamora también denunció las condiciones de reclusión en la base militar Mariscal Zavala, donde permanece detenido. Según relató, se restringen visitas familiares sin previo aviso, se impide el ingreso de medicamentos y se aplican tratos que calificó de “sádicos” contra los internos, por órdenes arbitrarias del comandante de la instalación.
El fundador del desaparecido diario elPeriódico enfrenta además nuevas acusaciones, entre ellas una denuncia por discriminación presentada por la fiscal general Consuelo Porras. Al respecto, Zamora afirmó que su derecho a la crítica debe prevalecer en una democracia y calificó la actuación de la fiscal como “fascista”. “En democracia, ella está sujeta al escrutinio ciudadano”, sostuvo.
La detención del periodista ha sido cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales, que consideran los cargos en su contra —relacionados con presunto lavado de dinero, obstrucción a la justicia y alteración de documentos— como fabricados y carentes de sustento. Zamora fue arrestado cinco días después de que elPeriódico publicara investigaciones que señalaban presuntos actos de corrupción del entonces presidente Alejandro Giammattei y su entorno cercano.
Centroamérica
Informe acusa a Ortega y Murillo de profundizar el autoritarismo y perseguir la disidencia
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha profundizado su carácter autoritario mediante reformas constitucionales que concentran el poder en el Ejecutivo y una intensificación de las medidas represivas contra la disidencia, según un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW).
El documento advierte que el presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, y Murillo —recientemente designada como “copresidenta” tras las enmiendas constitucionales— han reforzado la persecución contra críticos del régimen, incluso aquellos que se encuentran en el exilio. Además, señala un proceso continuo de desmantelamiento de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
“Una reforma constitucional radical concentró aún más el poder en el Ejecutivo, mientras que las autoridades continuaron reprimiendo sistemáticamente la disidencia mediante arrestos y procesamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, exilios forzados, revocación de ciudadanía y confiscación de bienes”, sostiene el informe de HRW.
La organización recuerda que, en enero del año pasado, la Asamblea Nacional —controlada por el partido oficialista— aprobó una reforma constitucional que designó a Murillo, entonces vicepresidenta y esposa de Ortega, como “copresidenta”, además de otorgar a la Presidencia la facultad de coordinar los poderes Judicial y Legislativo.
HRW subraya que Ortega gobierna sin límites de mandato desde que una enmienda constitucional aprobada en 2014eliminó las restricciones a la reelección presidencial.
El informe también denuncia que, durante 2025, el Ejecutivo amplió la represión para incluir a antiguos simpatizantes del gobierno. Hasta octubre de ese año, se contabilizaban al menos 77 presos políticos en el país.
Asimismo, HRW alertó que en agosto murieron bajo custodia el abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso, tras permanecer semanas en condición de desaparición forzada. Con estos casos, el número de muertes bajo custodia estatal asciende a seis desde 2019, según la organización defensora de derechos humanos.
Centroamérica
PNC reporta un nuevo día sin muertes violentas en El Salvador
El Salvador continúa acumulando jornadas sin homicidios, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC) durante la madrugada de este 4 de febrero, a través de su cuenta oficial en la red social X.
De acuerdo con la institución de seguridad, durante la jornada del martes 3 de febrero no se registraron muertes violentas en el territorio nacional. “Finalizamos el martes 03 de febrero, con 0 homicidios en el país”, informó la corporación policial.
Con este resultado, el país suma dos días sin homicidios en lo que va del mes de febrero, correspondientes a los días 1 y 3, según el recuento oficial.
El Salvador ha sido señalado en los últimos años por la implementación de diversas estrategias de seguridad, que han permitido reducir de manera sostenida los índices de violencia y devolver la tranquilidad a las familias salvadoreñas, tras la captura de miles de pandilleros.
Entre las principales medidas destacan el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, acciones que han sido observadas por otros países interesados en conocer el modelo de seguridad aplicado para el combate del crimen.
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