Centroamérica
Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense
| Por AFP | Francisco Jara |
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.
«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.
La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.
Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.
«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.
La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.
El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.
Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».
Recurso legal
First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.
La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.
El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
«Contrato justo»
«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.
«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.
El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.
«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.
A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.
América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.
Centroamérica
FBI se suma a la cacería de 20 cabecillas fugados de Barrio 18 en Guatemala
El gobierno de Guatemala informó este martes que Estados Unidos enviará un equipo especial del FBI para colaborar en la búsqueda y recaptura de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18, cuya fuga de la cárcel Fraijanes II desató una grave crisis de seguridad en el país.
Las autoridades confirmaron hace casi un mes que los integrantes de la organización, catalogada como «terrorista» tanto por Guatemala como por Estados Unidos, lograron escapar sin que se precisara la fecha exacta de la huida. Desde entonces, únicamente cuatro han sido detenidos nuevamente.
La evasión provocó la destitución del entonces ministro del Interior, reemplazado por Marco Antonio Villeda, quien solicitó apoyo internacional para reforzar los operativos. Villeda aseguró que la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, especializada en el combate a organizaciones criminales transnacionales y creada en 2019 durante el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, se sumará a la investigación.
El funcionario señaló que mantienen coordinación con autoridades de México y Honduras para determinar si los fugitivos pudieron cruzar fronteras, mientras que Interpol activó alertas rojas para su búsqueda en el extranjero.
El episodio generó críticas desde Washington, que lo calificó como «inaceptable». Paralelamente, la fiscalía guatemalteca, enfrentada políticamente con el presidente Bernardo Arévalo, ha solicitado retirar la inmunidad a él y a la vicepresidenta Karin Herrera para investigarlos por presunto incumplimiento de deberes en el caso.
Según datos oficiales, cerca de la mitad de los hechos violentos registrados en Guatemala están vinculados al narcotráfico y a las pandillas dedicadas a la extorsión.
Centroamérica
Bukele: «Seguridad, educación y economía: la ruta hacia el desarrollo»
El presidente de la República, Nayib Bukele, delineó este martes los ejes que, a su juicio, permitirán consolidar el desarrollo de El Salvador, destacando que el primer paso —la seguridad pública— ya fue abordado durante su gestión entre 2019 y 2024.
«Seguridad, libertad económica, educación, salud, infraestructura y desarrollo», publicó en su cuenta de X, donde también compartió el discurso brindado el domingo durante la inauguración de 70 centros educativos del programa Dos Escuelas por Día, en el que se han invertido $61 millones.
Bukele recordó que la estrategia de seguridad inició en junio de 2019 con el Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases, de las cuales seis están actualmente en ejecución. La fase más reciente, Integración, impulsa programas de becas para que los jóvenes de bachillerato continúen estudios superiores.
La implementación del régimen de excepción, aprobado desde marzo de 2022, reforzó las acciones del PCT en el combate a las pandillas y estructuras criminales. La medida se mantiene vigente gracias a los votos de las bancadas oficialistas, mientras que partidos de oposición como ARENA y VAMOS han rechazado su prórroga en varias ocasiones.
El mandatario también destacó los avances en libertad económica, señalando que el país cuenta con una reserva de 6,371.18 bitcoines, valorada en más de $637 millones al cierre del martes.
En el rubro educativo, subrayó tres pilares: la renovación de infraestructura con Dos Escuelas por Día, la entrega de tabletas a estudiantes de primera infancia a segundo grado, y la dotación de computadoras para alumnos de tercero a bachillerato.
Centroamérica
EE. UU. y El Salvador cumplen un año de fortalecer sus relaciones diplomáticas
Este mes se cumple un año desde que Estados Unidos fortaleció sus relaciones diplomáticas con El Salvador y reconoció oficialmente los avances del Gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, señalaron este martes varios analistas.
En noviembre de 2024, el Departamento de Estado —dirigido por Marco Rubio— redujo de nivel 3 a nivel 2 la alerta de viaje para ciudadanos estadounidenses que visitan El Salvador. La decisión respondió a una carta enviada por el caucus bipartidista del Congreso, donde destacaron la drástica disminución de los índices de criminalidad que posicionó al país como el más seguro del hemisferio occidental.
«En el último año, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador se han consolidado con un enfoque en seguridad, comercio y migración. Esto incluye cooperación aduanera, acciones contra el crimen transnacional y esfuerzos para facilitar la inversión», afirmó el politólogo David Hernández.
Durante estos meses, autoridades estadounidenses —incluido el presidente Donald Trump— han reiterado su respaldo a las políticas de seguridad salvadoreñas. Hernández destacó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha puesto como ejemplo la alianza con El Salvador bajo el principio de “paz a través de la fuerza”, calificándola de “mutuamente beneficiosa”.
Por su parte, el analista Mauricio Rodríguez subrayó que la reducción de la alerta de viaje también impulsa sectores económicos como el turismo. «El Salvador es el único país de la región que enfrenta con contundencia el narcotráfico internacional, algo que la administración estadounidense valora positivamente», afirmó.
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