Centroamérica
Entregan 10 osamentas de salvadoreños masacrados en El Mozote
| Por AFP |
Diez osamentas de masacrados en 1981 en El Mozote por el ejército de El Salvador en plena guerra civil (1980-1992) fueron entregados este miércoles para ser sepultados, informaron familiares.
«Valió la pena la espera, y ahora ya vamos a la casa con ellos (los restos)», declaró a la prensa Fidel Pérez,un familiar de las víctimas, quien apoyado por la ONG humanitaria Cristosal, debió aguardar tres días en la capital para hacer la gestión.
Las osamentas fueron exhumadas en noviembre de 2019 de una fosa común del cementerio de la comunidad rural de Yancolo, en el municipio de Cacoopera, 172 km al noreste de San Salvador.
Para hacer el reconocimiento forense el Instituto de Medicina Legal (IML) demoró tres años.
Entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981 soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército, según un censo oficial, ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de colaborar con la guerrilla izquierdista.
Las osamentas entregadas este miércoles fueron de personas muertas tras la explosión de una granada el 11 de diciembre de 1981, al interior de una cueva del cerro Ortiz del poblado de Joateca, donde se resguardaban del operativo militar.
Con el fin del conflicto armado, sobrevivientes del cerro Ortiz fueron el 26 de febrero de 1994 a recoger las osamentas a la cueva y las enterraron en la fosa común en Yancolo.
«Con tanta ansia» los familiares esperaban las osamentas para ser veladas y sepultadas el pasado sábado en el marco de la conmemoración del 41 aniversario de la masacre, aseguró Pérez.
El abogado de Cristosal, Antonio Aguilar, declaró que los restos de las 10 víctimas «van a ser trasladados a Yancolo» este mismo miércoles.
«Desafortunadamente el proceso de entrega, el proceso (forense) de Medicina Legal y el proceso judicial tardó bastante tiempo para hacer la entrega de estos restos. Mañana van a ser inhumados», explicó Aguilar.
La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 y dejó un saldo de más de 75.000 muertos y desaparecidos.
El 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado Salvadoreño por la masacre de El Mozote, la más grave de la guerra civil salvadoreña, y ordenó medidas de reparación.
Centroamérica
Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.
Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.
En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.
“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.
La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.
“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.
Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.
En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.
Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.
“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.
Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.
Centroamérica
Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.
Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.
“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.
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