Centroamérica
Entregan 10 osamentas de salvadoreños masacrados en El Mozote
| Por AFP |
Diez osamentas de masacrados en 1981 en El Mozote por el ejército de El Salvador en plena guerra civil (1980-1992) fueron entregados este miércoles para ser sepultados, informaron familiares.
«Valió la pena la espera, y ahora ya vamos a la casa con ellos (los restos)», declaró a la prensa Fidel Pérez,un familiar de las víctimas, quien apoyado por la ONG humanitaria Cristosal, debió aguardar tres días en la capital para hacer la gestión.
Las osamentas fueron exhumadas en noviembre de 2019 de una fosa común del cementerio de la comunidad rural de Yancolo, en el municipio de Cacoopera, 172 km al noreste de San Salvador.
Para hacer el reconocimiento forense el Instituto de Medicina Legal (IML) demoró tres años.
Entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981 soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército, según un censo oficial, ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de colaborar con la guerrilla izquierdista.
Las osamentas entregadas este miércoles fueron de personas muertas tras la explosión de una granada el 11 de diciembre de 1981, al interior de una cueva del cerro Ortiz del poblado de Joateca, donde se resguardaban del operativo militar.
Con el fin del conflicto armado, sobrevivientes del cerro Ortiz fueron el 26 de febrero de 1994 a recoger las osamentas a la cueva y las enterraron en la fosa común en Yancolo.
«Con tanta ansia» los familiares esperaban las osamentas para ser veladas y sepultadas el pasado sábado en el marco de la conmemoración del 41 aniversario de la masacre, aseguró Pérez.
El abogado de Cristosal, Antonio Aguilar, declaró que los restos de las 10 víctimas «van a ser trasladados a Yancolo» este mismo miércoles.
«Desafortunadamente el proceso de entrega, el proceso (forense) de Medicina Legal y el proceso judicial tardó bastante tiempo para hacer la entrega de estos restos. Mañana van a ser inhumados», explicó Aguilar.
La guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 y dejó un saldo de más de 75.000 muertos y desaparecidos.
El 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado Salvadoreño por la masacre de El Mozote, la más grave de la guerra civil salvadoreña, y ordenó medidas de reparación.
Centroamérica
Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos
Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.
El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.
Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.
Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.
Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.
Centroamérica
Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.
Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.
El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.
La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.
Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.
El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.
Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.
Centroamérica
Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.
De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.
Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.
Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.
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