Centroamérica
Expresidente guatemalteco Otto Pérez condenado a 16 años de prisión por corrupción

| Por AFP | Edgar Calderón |
Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a 16 años de prisión inconmutables al expresidente Otto Pérez, un general retirado, por encabezar una millonaria red de fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015.
Pérez «es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera», dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para un total de 16 años, y más de un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
«El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito», explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que sin embargo admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de septiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con «fe y esperanza» de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. «Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado», dijo Pérez a periodistas.
«¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?», cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo. Al salir de la corte, Pérez se despidió de los periodistas con un saludo militar.
La línea
El caso que involucra a Pérez, conocido como «La línea», consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía local con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3,5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.
Durante la sentencia fueron condenadas otras 16 personas involucradas en la estafa y 11 fueron absueltas.
El entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, encabezó la investigación y es considerado como un «campeón anticorrupción» por Estados Unidos, pero ahora está exiliado en esa nación luego de ser separado del cargo por la fiscal general, Consuelo Porras.
Un total de seis fiscales antimafia han sido destituidos por Porras, a quien Washington incluyó en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden afirma que Porras comanda una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la CICIG, la cual indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como Fiscal General.
«Un parteaguas»
Para analistas, el juicio oral y público contra altos funcionarios rompe los esquemas y sienta «un hito en la historia» judicial de esta nación centroamericana.
«El caso La Línea es uno de los más paradigmáticos y es un parteaguas dentro de la historia guatemalteca. Y es importante para que de alguna forma la gente y el pueblo de Guatemala tengan justicia y que el caso no quede en la impunidad», dijo a la AFP Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A su vez, el secretario ejecutivo de la Alianza por las Reformas, José Martínez, comentó a la AFP que una condena será «una victoria para la ciudadanía que salió a manifestar su repudio contra la corrupción en 2015 y en años posteriores».
«La mejor condena, inapelable y que está firme contra Pérez Molina y Baldetti, es la condena social que les impuso el pueblo de Guatemala desde el año 2015», escribió en Twitter la exfiscal general Thelma Aldana, que lideró la investigación contra Pérez y también está exiliada en Estados Unidos.
Centroamérica
Corte de Costa Rica pide levantar fuero a Rodrigo Chaves por caso de fondos del BCIE

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que pueda ser investigado por un presunto delito de concusión en el uso de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La decisión fue adoptada por la Corte Plena con 15 votos a favor y 7 en contra, tras una sesión privada en la que los magistrados analizaron la acusación presentada por la Fiscalía General el pasado 7 de abril.
El Ministerio Público señala al mandatario por su presunta responsabilidad en la contratación a medida de la empresa RMC La Productora S.A., para brindar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública a la Presidencia de la República durante el periodo 2022-2026.
Según la acusación, estos servicios fueron financiados con $405,000 donados por el BCIE.
Con esta solicitud, será el Congreso el que deba decidir si levanta la inmunidad presidencial para que el proceso penal continúe. No existe un plazo definido para que la Asamblea emita su resolución.
Centroamérica
Más de 13,000 migrantes regresan al sur por Panamá tras no lograr entrar a EE.UU.

Un total de 13,200 migrantes irregulares han cruzado Panamá en lo que va de 2025, pero no para dirigirse al norte, sino en sentido contrario, retornando hacia el sur del continente tras no lograr ingresar a Estados Unidos, informaron las autoridades panameñas.
La mayoría de estos migrantes en flujo inverso son adultos de nacionalidad venezolana, según detalló el Servicio Nacional de Migración (SNM) a través de sus redes sociales.
Este cambio en la dinámica migratoria se da tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Antes de ello, cientos de personas atravesaban diariamente la selva del Darién, con un récord de más de 500,000 cruces en 2023. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente.
Actualmente, quienes retornan hacia el sur optan por rutas menos peligrosas: embarcaciones desde puertos del Caribe panameño hasta la frontera con Colombia, evitando la peligrosa selva.
El pasado 14 de mayo, el Gobierno de José Raúl Mulino cerró oficialmente la principal estación migratoria en Darién, en respuesta a la baja afluencia de migrantes rumbo al norte.
En lo que va del año, solo 3,000 personas han ingresado a Panamá desde Suramérica a través de la selva, sin nuevos registros recientes, según Migración.
Además, en los últimos 12 meses, Panamá ha deportado a 2,387 personas por ingreso irregular y ha ejecutado más de 50 vuelos de retorno, tanto comerciales como chárter.
Estas acciones se enmarcan en el Memorándum de Entendimiento Migratorio firmado con Estados Unidos en julio de 2024, que incluye una cooperación de $6 millones y fue recientemente renovado, según autoridades de ambos países.
Centroamérica
El Salvador alcanza 947 días sin homicidios desde 2019

El mes de junio cerró con 26 días sin registrar homicidios en El Salvador, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), publicados este lunes 30 a través de su cuenta en la red social X. La jornada transcurrió sin muertes violentas en todo el territorio nacional.
Con esta cifra, el país suma 149 días sin homicidios en lo que va de 2025. En los meses previos, la tendencia ha sido similar: enero tuvo 25 días sin asesinatos, febrero 26, marzo 22, abril 25 y mayo otros 25.
Desde la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, en junio de 2019, el Gobierno de El Salvador contabiliza un total de 947 días sin homicidios hasta el 30 de junio de 2025.
Autoridades atribuyen estos resultados a la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, así como al despliegue permanente de agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada, quienes mantienen operativos en distintos puntos del país.
El Gobierno ha señalado que estas cifras consolidan a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
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