Centroamérica
Comerciantes salvadoreños vencen el temor a las pandillas y buscan abrirse camino
| Por AFP | Oscar Batres |
Las pandillas obligaron a Susana Avilés a cerrar su negocio de venta de ropa a principios de 2021. Pero, a pesar del miedo, esta salvadoreña reabrió en abril pasado, esperando un mejor futuro.
Esta madre soltera de 36 años vive en La Campanera, un barrio bravo de Soyapango, ciudad de la periferia de San Salvador que desde el sábado está cercada por miles de militares y policías por orden del presidente, Nayib Bukele, para acabar con las pandillas que dominan una parte importante del país.
«Da cierto temor hablar de lo que le ha pasado a uno con esa gente», dice Avilés a la AFP, quien a comienzos del año pasado se vio forzada a cerrar el humilde negocio con el que mantenía a su hijo de 12 años.
Lo hizo luego de recibir amenazas de la pandilla ‘Barrio 18’: le advirtieron que la matarían si no les pagaba 100 dólares cada mes.
«Uno nunca sabe si van a volver un día, pero la verdad es que hay que quitarnos el miedo y pensar en nuestro futuro», agrega la mujer en tono suave.
«No tenía para pagar, era eso o cerrar el negocio y, si no lo hacía, peligraba mi vida y la de mi hijo. Mejor cerré», relata Avilés mientras ve pasar un piquete de policías que patrullan su barrio.
A pesar del temor, reabrió su pequeño negocio en abril de este año en un estrecho local alquilado en pleno corazón de Soyapango, la ciudad que desde el sábado está cercada por 8.500 soldados y 1.500 policías.
«Sin mareros no pagamos extorsión»
Bukele lanzó en marzo una guerra contra las pandillas que por entonces operaban a sus anchas por las ciudades salvadoreñas.
Lo hizo al amparo de un polémico estado de excepción que ha llevado a prisión a 58 800 presuntos pandilleros y que ha sido criticado por organismos humanitarios.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado el régimen de excepción por considerar que se cometen violaciones a derechos humanos y abusos en contra de personas detenidas bajo ese régimen.
«Hoy que se tiene más seguridad, me animé a volver con mi emprendimiento», sostiene Avilés, que estudió dos años de administración de empresas.
Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas se financian con el cobro de extorsiones y la venta de droga.
En una calle del bullicioso centro de Soyapango, plagado de comercios y ventas callejeras, una pareja atiende en un pequeño camión su negocio ambulante de venta de frutas y verduras.
Joel Ascencio y su esposa Marta, de 43 y 40 años respectivamente, perdieron sus empleos en un banco a mediados de 2020, durante el tiempo más duro de la pandemia de covid-19.
«Sin trabajo nos vimos en la necesidad de ver de qué comíamos», explica Ascencio a la AFP, quien junto a su familia viven en el barrio San José de Soyapango, donde la ‘Mara Salvatrucha’ (MS-13) tiene una fuerte presencia.
«A cada colonia que íbamos, los pandilleros nos exigían renta para dejarnos vender, fue duro porque no veíamos las ganancias. Hoy es distinto, sin los mareros no pagamos extorsión por trabajar», asegura Ascencio.
Cuentas por acciones en seguridad
Un vendedor de sorbetes artesanales, Santos Rivera, de 62 años, se abre paso con su carretón entre un retén de militares que detiene aleatoriamente a los carros que circulan en el centro de Soyapango para registrarlos y pedirle a sus conductores su identificación.
«Hoy se trabaja más tranquilo, sin el miedo que lo jodan (lo molesten) a uno. No es chiste (fácil) ganarse los centavitos para la comida y que otros se los quiten, ¡que se los acaben (a los pandilleros)!», dice en voz alta Rivera a la AFP mientras observa a los militares.
Para el analista Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, el gobierno de Bukele «debe dar cuentas de cuánto está invirtiendo» tanto en el régimen de excepción como en el operativo de cercar Soyapango en busca de pandilleros.
«El gobierno debe transparentar cuánto dinero se está invirtiendo en el régimen de excepción y en ese despliegue del cerco, ver de dónde se toma recursos», sostuvo el director ejecutivo de Acción Ciudadana dedicada al combate a la corrupción.
Centroamérica
Maduro exige liberación de venezolanos detenidos en El Salvador y ataca política de Bukele
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra la política de seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele y exigió la liberación de los venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
«Debería hacer un gesto que lo libere de tanta culpa y liberar a todos los venezolanos que tiene secuestrados en los campos de concentración», expresó Maduro, según recogió el medio digital Venezuela News.
A mediados de marzo, el presidente Bukele informó que Estados Unidos deportó a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes fueron recluidos en el Cecot como parte de un acuerdo de cooperación carcelaria entre El Salvador y el gobierno del republicano Donald Trump. Esta alianza ha sido criticada tanto por el régimen venezolano como por sectores del FMLN.
Actualmente, se reporta que hay 252 venezolanos detenidos en el Cecot. El presidente Bukele ofreció, como gesto humanitario, canjear a estos reos por un número equivalente de presos políticos en Venezuela. No obstante, la propuesta fue rechazada por Maduro.
«Bukele, por mal asesorado y malintencionado, se metió en un berenjenal. Vamos a ver cómo sale de él», expresó el mandatario venezolano en su programa Con Maduro +, de acuerdo con Venezuela News.
Centroamérica
Bukele propone aumentar umbral para exonerar pago de impuesto de la renta
El Gobierno envió este lunes a la Asamblea Legislativa una propuesta para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de aumentar el umbral de exoneración hasta los $550 mensuales. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de miles de familias salvadoreñas como parte de la estrategia económica impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele.
El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el mandatario detalló: «Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas».
Asimismo, señaló que esta modificación incentivará los incrementos salariales en los niveles más bajos, incluso aquellos que ya superan el salario mínimo. Esta declaración hace referencia a una propuesta enviada la semana pasada al Consejo Nacional del Salario Mínimo para aumentar en un 12 % los sueldos de los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios, a partir de junio de este año.
Actualmente, la Ley del ISR exime del impuesto a quienes devengan hasta $472 mensuales (tramo I). Con la reforma, este límite se ampliaría en $78, permitiendo que más personas queden exentas del pago. Los ingresos superiores a $472.01 (tramo II) ya están obligados a presentar declaración de renta, umbral que pasaría a ser $550 una vez aprobada la propuesta.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, recordó ayer que este martes vence el plazo legal para presentar la declaración de renta correspondiente, obligación que aplica a quienes perciben ingresos mensuales iguales o superiores a $472.01.
Esta iniciativa se suma a otras medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de proteger la economía de las familias salvadoreñas.
Centroamérica
El Salvador suma 98 días sin homicidios en 2025 y refuerza su tendencia a la baja
El martes 29 de abril finalizó sin registrar homicidios en todo el territorio salvadoreño, según los datos oficiales divulgados esta madrugada por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con este nuevo registro, abril acumula 24 días sin muertes violentas, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 98 jornadas sin homicidios. Estos resultados se atribuyen a la implementación de estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Desde el inicio de la actual administración en 2019, El Salvador ha alcanzado un total de 895 días sin homicidios, de los cuales 791 han ocurrido bajo el régimen de excepción. En ese período, más de 85,500 pandilleros y colaboradores han sido capturados por delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, los cuales se sancionan con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Además, algunos han sido acusados de otros delitos como extorsión agravada, homicidio, lavado de dinero, tráfico de armas, restricciones a la libre circulación y tráfico de drogas.
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