Centroamérica
Militares cercan populosa ciudad de El Salvador para capturar pandilleros
| Por AFP |
Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado la populosa ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
«A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad» de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter.
El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida.
Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán «de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí», dijo Bukele.
Tras varias horas de iniciada la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que «ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales».
La guerra contra las «maras», que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro.
Soyapango, considerado por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros, ahora luce la mayoría de sus calles sin grafitis de pandillas, que fueron borrados por las autoridades.
Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción cuestionado por organismos humanitarios, ha conducido a «una enorme mejora en su seguridad», reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nercy Montano.
El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
El régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre.
A la búsqueda de pandilleros
Las colonias en todo Soyapango amanecieron con fuerte presencia de soldados y policías, que deambulaban lentamente con sus fusiles de asalto en mano, observó un periodista de la AFP.
Vehículos de combate del ejército y autos policiales recorrían las calles de la ciudad.
Drones de la Policía sobrevolaban la zona para intentar ubicar a pandilleros.
El ministro de Defensa, René Merino, precisó que son 40 «puntos de control» instalados en Soyapango.
El operativo «ha sido una sorpresa, lo están registrando a uno y nos piden el documento de identidad para verificar en donde vivimos, pero está bien, todo sea para nuestra seguridad», dijo a la AFP Guadalupe Pérez, de 53 años, quien vive en una de las colonias del municipio.
Mientras tanto, policías abordaban autobuses de transporte colectivo para registrar a los pasajeros.
«Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados», remarcó Bukele.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza, pidió a la población «usar las redes sociales» para denunciar a pandilleros que se escondan.
«El llamado a la población es que utilicen las herramientas tecnológicas (…), para acudir e ir a extraer (al pandillero) que le puede ocasionar daño a la vida», indicó.
Apoyo ciudadano
El montaje de los cercos de seguridad en ciudades para la «extracción de pandilleros» es parte, dijo recientemente Bukele, del denominado plan de seguridad gubernamental Control Territorial.
«Las medidas que se están tomando están dando resultados notorios y la población lo ha notado, entonces no es de extrañar que la gente que ha sido afectada por las pandillas, que es la gran mayoría, estén de acuerdo con lo que se está haciendo», dijo el criminólogo Ricardo Sosa.
Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia «ha disminuido» con la política de Bukele.
Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros. La mayoría son miembros de la pandilla MS-13 y su rival Barrio 18, en sus facciones sureños y revolucionarios.
Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según dijo recientemente Bukele, todavía tienen armas y «se están financiando de la venta de droga».
Centroamérica
Presidenta del TSE acusa a Chaves de amenazar la paz política de Costa Rica
La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica, Eugenia Zamora, acusó este jueves al presidente Rodrigo Chaves de amenazar la paz y la estabilidad política con sus constantes críticas a la institución y sus magistrados en el marco de la campaña rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026.
En un pronunciamiento enviado a los medios, Zamora señaló que las acusaciones de Chaves sobre un presunto sesgo partidario en sus actuaciones y en las de sus colegas son falsas y constituyen un ataque directo a la credibilidad del tribunal, al proceso electoral y a los resultados que el TSE certificará. “Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros, está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos y del proceso electoral que se avecina”, afirmó.
Zamora indicó que las declaraciones del mandatario representan una amenaza a la paz y la estabilidad política del país, algo que el tribunal no puede permitir. Durante los últimos meses, Chaves ha denunciado que el TSE le aplicó una “mordaza” en la campaña, ha hablado de un supuesto “golpe de Estado” mediante una solicitud de desafuero y ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados, señalando además que Zamora trabajó anteriormente en un Gobierno del Partido Liberación Nacional, principal fuerza de oposición.
La presidenta del TSE reiteró que el tribunal no está sesgado y recordó que, en 2022, protegieron los votos a favor de Chaves, certificando la elección conforme a la voluntad mayoritaria expresada en las urnas.
Centroamérica
Arévalo denuncia intento de golpe de Estado impulsado por sectores judiciales en Guatemala
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este jueves sobre un nuevo intento de golpe de Estado, presuntamente promovido por sectores judiciales que calificó como “corruptos” y encabezados por la fiscal general María Consuelo Porras, quien enfrenta sanciones internacionales por supuestos actos de corrupción.
Desde el Palacio Nacional de la Cultura, Arévalo aseguró que su Gobierno sigue siendo blanco de ataques sistemáticos para socavar el orden constitucional. El mandatario celebró la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que anuló una resolución del juez penal Fredy Orellana, la cual pretendía declarar vacante la presidencia de la República. El tribunal también advirtió al juez sobre posibles actos de prevaricato, respaldando así la legitimidad del Ejecutivo.
Arévalo insistió en que los procesos legales en su contra son “espurios” y forman parte de una estrategia de desestabilización del Gobierno. “Hay una articulación de intereses oscuros que buscan entorpecer las acciones del Gobierno”, afirmó.
Asimismo, confirmó que la Corte Suprema de Justicia ya tramita un proceso para evaluar la posible destitución del juez Orellana, medida que el presidente considera procedente, argumentando que “las pruebas son claras”.
Centroamérica
CIDH respalda denuncia sobre desapariciones forzadas en Nicaragua bajo régimen de Ortega
Al menos 77 personas consideradas opositoras o críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillopermanecen detenidas en Nicaragua, incluidas 22 personas adultas mayores, según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con el reporte, 36 de los 77 detenidos están en condición de desaparición forzada, lo que significa que sus familiares desconocen su paradero o situación legal. La información es respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los detenidos hay 12 mujeres y 65 hombres, incluyendo 10 arrestados antes de la crisis social de 2018, que marcó el inicio de la actual situación política en el país. La lista incluye al excomandante sandinista Henry Ruiz, de 81 años, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el 8 de marzo, y al general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, exasesor de Ortega.
Otros casos destacados son los líderes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como militares retirados como Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, además de los periodistas Fabiola Tercero y Leo Cárcamo.
El Mecanismo alertó que la cifra real podría ser mayor, ya que muchas familias temen denunciar por represalias del régimen. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, con la mayoría de sus principales opositores encarcelados, expulsados del país o despojados de la nacionalidad por supuestos cargos de “golpismo” y “traición a la patria”.
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