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«Los muertos no paran de llegar»: la violencia satura las morgues de México
| Por AFP | Jennifer Gonzalez Covarrubias |
En el caluroso sur de México, una pequeña bodega almacena miles de osamentas no identificadas. Sin ventanas ni climatización, en su oscuridad palpita la crisis de un sistema forense saturado por la criminalidad.
Es la morgue de Chilpancingo (estado de Guerrero), vecina de un cementerio de autos y colmada de cadáveres como otras de este país, donde hay unos 52 000 cuerpos sin identificar.
La situación es crítica incluso en la capital. «Esto se está cayendo a pedazos porque los muertos no paran de llegar y las personas siguen desapareciendo», lamenta Nuvia Maestro, una de las seis antropólogas del Instituto Forense de Ciudad de México.
Detrás de esta situación están la violencia y la precariedad, constató la AFP durante un recorrido por las morgues de Chilpancingo y Acapulco (Guerrero), y diálogos con médicos legistas de otros servicios forenses.
«Nos sentimos muy cansados (…), pareciera que esto no va a tener fin», confiesa Maestro junto a dos estufas que ella y compañeros compraron de su bolsillo. Allí hierven costillas para retirarles tejidos y determinar la edad de un fallecido.
En redes sociales, Maestro, de 36 años, declara su amor por Clementina -su gata a quien llama «rayo de luz»-, el ciclismo, las chamarras de colores, el vino… Todo lo que le ayude a sobrellevar su labor.
Pese a sus limitaciones, las morgues son la esperanza de familiares de desaparecidos como Guadalupe Camarena, de 62 años, quien da una nueva muestra de ADN para encontrar al menos restos de sus cinco hijos en el estado de Jalisco (oeste), también atestado de cuerpos.
Violencia desbordada
En el servicio forense de Chilpancingo, un empleado ojea en un cuaderno los ingresos de cadáveres. Encoge los hombros cuando se le pregunta por qué no están digitalizados para que los puedan consultar a nivel nacional.
Ventiladores y carretillas dañadas atiborran los pasillos oscuros hacia los frigoríficos, llenos de bolsas plásticas con restos anónimos, observó un equipo de AFP en septiembre. El incienso que queman empleados no oculta el mal olor ni espanta a las moscas.
«Los estudios para confronta (de ADN) pueden tardar meses. Mientras, los cuerpos están en nuestros refrigeradores y la familia dice ‘no nos los quieren dar’. Esto crea frustración», reconoce Alfonso Ramírez, coordinador de la entidad.
México, de 126 millones de habitantes, triplicó su tasa de homicidios desde 2006, cuando arreció la lucha antidrogas. Pasó de 9,6 a 28 asesinatos por 100.000 personas en 2021 (35.625 casos).
Los «desaparecidos y no localizados» también se dispararon de 265 en 2006 a 10 366 en 2021, para un total de 108 000 desde 1964. Muchos estarían en tanatorios o cementerios públicos.
El gobierno, que entre enero y octubre reportó 26.119 homicidios (7,1% menos en el comparativo interanual), atribuye la mayoría de crímenes a guerras entre delincuentes.
«¡Ya no cabemos!»
El colapso también se explica por déficits presupuestales, de personal, de laboratorios de ADN rápidos y de un banco único de datos forenses, según expertos.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU estima que en estas condiciones serían necesarios 120 años para analizar los 52 000 cuerpos que documenta la oenegé Movimiento por Nuestros Desaparecidos, gran parte de ellos sin información básica.
«Esta mesa es como la expresión de la crisis: estaba vacía hace cinco o diez años (y hoy) la osteoteca (depósito de huesos) está rebasada. ¡Ya no cabemos!», afirma Maestro, señalando una plancha con un esqueleto en estudio.
Como agravante, algunos criminales incineran a sus víctimas o las entierran en fosas clandestinas. «Saben cuáles son las áreas que valoramos (para la identificación, como caderas o yemas de dedos) y las destruyen. ¡Es terrible!», prosigue la antropóloga, subrayando que los cadáveres más maltratados «son de mujeres».
El gobierno admite como una «omisión muy grave» la falta de un censo de «cuerpos no identificados y de identificados y no reclamados en fosas comunes».
México carece de «capacidades institucionales para atender el rezago», afirmó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.
Cruel búsqueda
Los forenses también procesan cadáveres exhumados por orden judicial para armar sus fichas, o cuerpos que encuentran parientes en tumbas secretas.
Durante una exhumación, Guadalupe llora aferrada a las fotos de Lucero, Oswaldo, Tonatiuh, Ernesto y José, sus hijos desaparecidos en Jalisco.
«No quisiera encontrarlos así (muertos), pero si no los puedo encontrar vivos…», afirmó en mayo en el panteón de Coyula. Aún no tiene los resultados.
Empleada doméstica, no sabe de Lucero desde 2016, cuando desapareció en Guadalajara. En 2019 también perdió rastro de sus hijos varones, según ella tras ser detenidos por policías de Ocotlán.
Los presupuestos forenses regionales pasaron de 110 millones de dólares en 2015 a 122 millones en 2020, según datos oficiales. Pero la media de homicidios en ese período subió de 17,16 a 28,3 por 100 000 personas.
La nómina, en tanto, aumentó 4 % entre 2019 y 2020 a 10 119 trabajadores (81 % dedicados a peritajes), lo que especialistas consideran insuficiente.
Esfuerzos incipientes
El impacto de la crisis lleva a tomar terapia psicológica a peritos como Dalia Miranda, coordinadora de las exhumaciones en Coyula. «Encuentras (…) cosas muy feas», dice.
«Muchas personas pensarán que no hacemos nada, pero realmente estamos trabajando», defiende su colega René Andraca en la morgue de Acapulco, donde una ficha con el rótulo de «desconocido» cuelga de un pie.
El gobierno ha emprendido acciones como la creación de dos centros de identificación y cuatro de resguardo de cadáveres.
También avanza en la conformación de un laboratorio de genética al que Estados Unidos aportará cuatro millones de dólares. La Fiscalía tiene pendiente crear un banco de datos forenses ordenado por ley.
Mientras fructifican esas iniciativas, Guadalupe revisa semanalmente fotografías de muertos en la morgue de Guadalajara en busca de pistas de sus hijos, rutina que sobrelleva con antidepresivos.
Maestro, en tanto, continúa archivando trozos de costillas en diminutos sobres que, en medio de la impotencia, exhibe como un logro.
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Detienen a sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk en Utah
Las autoridades estadounidenses detuvieron a un sospechoso vinculado con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, ocurrido en una universidad de Utah, informó el miércoles el jefe del FBI, Kash Patel.
En su cuenta de X, Patel escribió que el sospechoso del tiroteo que cobró la vida de Kirk está bajo custodia, y aseguró que se ofrecerán actualizaciones a medida que se disponga de más información.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un «asesinato político» y subrayó la gravedad del ataque, señalando que se trata de un día trágico para el estado y para la nación.
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Nayib Bukele confirma decomiso de droga valorada en $35 millones
La Marina Nacional de El Salvador logró incautar 1.4 toneladas de cocaína, valoradas en $35 millones de dólares, según confirmó el presidente Nayib Bukele.
El decomiso se realizó a 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, donde se localizaron bultos de cocaína flotando en altamar, que serían recogidos por estructuras criminales.
«Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional», destacó el mandatario.
Con esta incautación, la cantidad total de cocaína decomisada entre 2024 y lo que va de 2025 asciende a 37.2 toneladas, con un valor estimado de $932.4 millones de dólares.
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Tribunal de San Salvador evalúa caso de siete guatemaltecos acusados de tráfico de drogas
En el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador se determinará la situación jurídica de siete ciudadanos guatemaltecos acusados por la Fiscalía General de la República de dedicarse al tráfico de drogas.
La audiencia no pudo continuar debido a que se informó al tribunal sobre la intención de los imputados de optar por un procedimiento abreviado, solicitado por sus defensas y que debe ser evaluado antes de ser aprobado.
Los acusados son Pablo Andrés Girón Barrios, Erroll Ricardo Ayala Zacarías, Walter Geovani Flores Díaz, Andrés Fernando Vásquez Morales, Vanessa Joselyn Mendoza Gil, Ronald Vinicio López Mayén y Mynor Alberto Arias Pineda.
Estos fueron detenidos el 25 de agosto de 2023 en la residencial Capistrano, colonia Escalón, San Salvador, en un operativo realizado por agentes de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC). La Fiscalía los señala por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.
La captura se dio luego de que los agentes recibieran información sobre la posible actividad delictiva y se trasladaran a la zona para realizar las diligencias correspondientes.
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