Panamá se mantiene entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026: Panamá», elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El reporte sitúa al país en el penúltimo lugar de la región en ingresos fiscales como porcentaje del producto interno bruto (PIB), solo por encima de Guyana.

Según el estudio, la recaudación tributaria panameña representó el 11.3 % del PIB en 2024, cifra que se ubica 10.4 puntos porcentuales por debajo del promedio regional, que alcanzó el 21.7 %, y muy distante del promedio de los países miembros de la OCDE, que fue del 34.1 %.

El informe también evidencia un deterioro en la capacidad recaudatoria del país durante las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2024, la carga tributaria cayó de 15 % a 11.3 % del PIB, una reducción de 3.7 puntos porcentuales, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe aumentó de 16.8 % a 21.7 % en el mismo período.

Asimismo, entre 2023 y 2024 la recaudación tributaria panameña disminuyó de 11.9 % a 11.3 % del PIB, en contraste con el incremento de 0.2 puntos porcentuales registrado por el promedio regional.

Los datos coinciden con las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que muestran una tendencia descendente en los ingresos del Gobierno Central. La relación entre los ingresos tributarios y el PIB pasó de 13 % en 2012 a 7.1 % en 2025, mientras que los ingresos totales del Gobierno Central disminuyeron de 18.7 % a 11.7 % en el mismo período.

Especialistas consultados atribuyen este desempeño a la amplia cantidad de incentivos y exoneraciones fiscales vigentes en el país.

El economista Aristides Hernández sostuvo que Panamá mantiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo debido a los beneficios fiscales otorgados a sectores como los puertos, la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, el turismo, las empresas multinacionales, las energías renovables, el sector inmobiliario, el ferrocarril y otras actividades económicas.

En la misma línea, el exdirector general de Ingresos, Publio R. Cortés Carvajal, calificó el sistema tributario panameño como un «archipiélago de exonerados fiscales», al considerar que numerosos incentivos permanecen sin evaluaciones sobre su impacto económico y terminan generando inequidades en la carga tributaria.

Cortés también señaló que la administración tributaria enfrenta limitaciones institucionales y de recursos que dificultan combatir la evasión fiscal, especialmente en casos relacionados con empresas multinacionales y precios de transferencia.

Por su parte, Hernández estimó que por cada punto porcentual del PIB que el Estado deja de recaudar se pierden aproximadamente 900 millones de dólares en ingresos fiscales. Bajo esa estimación, la reducción de cerca de cinco puntos porcentuales en la capacidad recaudatoria durante los últimos 15 años representaría pérdidas cercanas a 4,500 millones de dólares anuales para las finanzas públicas.

Grupos de campesinos marcharon este lunes por las calles de Ciudad de Panamá hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para rechazar la construcción del embalse de Río Indio, un proyecto destinado a garantizar el suministro de agua del Canal de Panamá, pero que implicará la inundación de tierras agrícolas y el cierre de ocho cementerios ubicados en la zona de influencia.

La movilización, convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses, partió desde la Plaza 5 de Mayo y culminó en la sede del máximo tribunal, donde representantes del movimiento presentaron una acción contencioso-administrativa de nulidad contra el decreto ejecutivo que establece un plazo límite para realizar inhumaciones en los cementerios que serán afectados por el proyecto.

Durante la protesta, los manifestantes portaron antorchas y llevaron productos agrícolas como plátanos, piñas, mangos y limones, que depositaron en las escalinatas de la Corte como símbolo del impacto que, aseguran, tendrá la obra sobre sus medios de vida.

«Hoy vamos a presentar a la Corte un amparo contra ese decreto. Tiene que derogarse. Esto no puede continuar», declaró a EFE el vicepresidente de la Coordinadora Campesina contra los Embalses, José Florentino Chirú, quien pidió que el tribunal actúe con justicia.

El abogado Santander Tristán Donoso, asesor del movimiento, explicó que el recurso busca que el decreto sea declarado «nulo por ilegal». Además, recordó que anteriormente se presentaron dos demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto del reservorio de Río Indio, las cuales no fueron admitidas por la Corte Suprema.

El jurista también informó que la organización solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares en favor de las comunidades que serían desplazadas por la construcción del embalse.

El decreto ejecutivo, vigente desde el 21 de julio, prohíbe desde el 30 de julio nuevas inhumaciones en el cementerio de El Limón y ordena que los entierros se realicen en el camposanto de Los Cedros, en la provincia de Colón. Asimismo, establece que los cementerios de Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos, San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros podrán seguir utilizándose únicamente hasta el 15 de enero de 2027.

Los ocho cementerios se encuentran dentro del área donde se construirá el embalse de Río Indio, un proyecto declarado de interés público por el Estado panameño y que busca asegurar el abastecimiento de agua del Canal de Panamá durante los próximos 50 años, además de garantizar el suministro para aproximadamente la mitad de la población del país.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) impulsa desde hace varios años esta iniciativa, valorada en US$1,500 millones. El proyecto contempla la creación del tercer lago que abastecerá la vía interoceánica y afectará a unas 500 familias, equivalentes a alrededor de 2,000 personas distribuidas en 38 comunidades dedicadas principalmente a la agricultura y la ganadería.

La administración del Canal sostiene que más del 70 % de las familias afectadas ya han participado en la elaboración de un plan de compensación, desarrollado a través de más de 200 reuniones, el cual contempla viviendas, infraestructura vial y medidas para preservar sus medios de subsistencia. Además, ha defendido la urgencia del proyecto debido a los efectos de la variabilidad climática sobre la disponibilidad de agua.

El Canal de Panamá conecta los océanos Atlántico y Pacífico y moviliza entre el 3 % y el 5 % del comercio marítimo mundial, por lo que el Gobierno considera estratégica la ampliación de sus fuentes de abastecimiento hídrico.

El Volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, intensificó su actividad eruptiva durante la noche del lunes, provocando el descenso de corrientes de lava por sus laderas y la emisión de densas columnas de gases y ceniza que mantienen en alerta a las autoridades guatemaltecas.

La erupción, que comenzó en horas de la mañana, aumentó su intensidad conforme avanzó el día, lo que obligó a iniciar evacuaciones preventivas de habitantes de comunidades ubicadas en las faldas del coloso.

Desde el municipio de San Juan Alotenango, una de las zonas consideradas de menor riesgo, decenas de personas fueron trasladadas a un albergue temporal instalado en el salón comunal, donde se habilitaron camas improvisadas para recibir a las familias evacuadas. Muchos abandonaron sus viviendas llevando únicamente ropa y algunos alimentos.

«Desde la mañana amaneció activo. Ya en la noche dieron la voz de alerta de que había que evacuar», relató Alejandro García, de 68 años y residente del caserío Santo Domingo El Porvenir.

Ante el incremento de la actividad volcánica, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta anaranjada a nivel nacional, una medida preventiva que permite a las instituciones del Estado preparar acciones de respuesta en caso de que la situación continúe agravándose.

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CEL

La vocera de Conred, Valeria Urízar, instó a los habitantes de las comunidades cercanas al volcán a realizar una autoevacuación cuando consideren que las condiciones representan un riesgo para su integridad. Hasta el momento, las autoridades no han informado el número de personas trasladadas a los albergues.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) señaló en su más reciente reporte que el volcán continúa en la fase más intensa de la erupción y advirtió sobre el incremento de corrientes de material incandescente que descienden por los flancos sureste, suroeste y sur.

El organismo científico indicó que el aumento en el número y tamaño de estos flujos de lava representa actualmente la principal amenaza para las comunidades asentadas en las cercanías del volcán, por lo que mantiene un monitoreo permanente de la actividad.