Centroamérica

Chame, la playa de Panamá entre la conservación y el tráfico de tortugas

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Francisco Jara |

Melisa Campo llevó a su hijo a observar la liberación de tortugas recién nacidas en cautividad de Panamá, mientras, no lejos de esa playa, delegados de más de 180 países debaten sobre nuevas medidas de protección para las especies amenazadas.

«Vengo a traer a los niños a que vean la liberación de tortugas para que se vayan empapando en el asunto, ya que ellos son las futuras generaciones», dice Campo a la AFP al contemplar, junto a su pequeño de 10 años, los primeros pasos de unas 200 crías de tortuga en la arena de playa Chame.

Campo, vecina de la zona, espera que su hijo y los otros niños «aprendan sobre el cuidado y la protección de una especie que está en peligro de extinción».

Las tortugas son uno de los temas destacados de la conferencia sobre comercio internacional de especies amenazadas, que se desarrolla hasta el 25 de noviembre en la capital panameña.

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Ciudad de Panamá está situada a 43 kilómetros en línea recta por el mar de esta playa de arena blanca, a la que llegan a desovar cada año miles de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea).

A la COP19 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) asisten delegados de más de 180 países y expertos en conservación, quienes debaten 52 propuestas para modificar los niveles de protección, incluidos los de algunas tortugas.

«Muchas amenazas»

El pueblo de Punta Chame, que no tiene más de 500 habitantes, está en una delgada península en el océano Pacífico, desde la cual se aprecian los rascacielos de Ciudad de Panamá.

De noche, las luces de los edificios y autopistas de la moderna capital deslumbran a quienes caminan por esta playa tropical, donde los termómetros casi nunca marca menos de 25 grados Celsius.

La lucha contra el tráfico de carne y huevos de tortugas en Punta Chame la lleva adelante, casi solitariamente, Jorge Padilla, de la ONG Fundación Tortuguías, quien recorre día y noche la playa para ahuyentar a las personas que ponen en riesgo la supervivencia de estos animales.

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«Las amenazas con las que cuentan las tortugas marinas, tanto en el Pacífico como en el Caribe, son muchas, la verdad», dice a la AFP Padilla, encargado de un vivero de playa Chame donde entre julio y febrero nacen diariamente cientos de crías de tortuga.

Este guía turístico de 25 años y algunos voluntarios del pueblo recogen los huevos recién puestos por las tortugas y luego los entierran ordenadamente en un vivero enrejado en la misma playa, un poco más lejos de la orilla.

Al cabo de 45 días, nacen las tortugas. Una o dos horas después, Padilla las saca del vivero en una bandeja, las libera en la arena y éstas se meten al mar por primera vez. Las hembras volverán a desovar a esta misma playa dentro de 18 o 20 años.

«No son afrodisiacos»

En el pueblo es un secreto a voces que hay vecinos que se dedican a la vender huevos de tortuga -parecidos a pelotas de pimpón-, que recolectan en las playas, una actividad ilegal en Panamá.

Ofrecen los huevos casa por casa a 75 centavos o a un dólar, dice Padilla, quien indica que tienen alta demanda por la popular creencia de que su consumo eleva el desempeño sexual de los hombres.

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«Los huevos no te sirven, no son afrodisíacos», afirma sin embargo Padilla. «Normalmente las personas dicen, sobre todo los hombres, que al comer huevos de tortugas van a tener un mayor placer sexual», pero no es cierto, agrega.

Melisa Campo prefiere no hablar del tráfico de huevos en su pueblo, pero admite que «se conoce de personas que vienen a merodear a la playa, a hurtar los huevos de tortugas para comercialización ilegal de ellos».

Los huevos y las crías de tortuga también son depredados por animales, como perros abandonados y águilas arpías.

Padilla ahuyenta a los perros abandonados, pero no a las águilas, porque éstas son depredadores naturales de tortugas, lo que es parte del equilibrio ecológico.

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.