Internacionales
Justicia de Ecuador anula juicio por peculado que implicaba a exvice Jorge Glas
| Por AFP |
La justicia de Ecuador declaró nulo este jueves un juicio por el supuesto delito de peculado en la adjudicación de un campo petrolero, lo que abre una posibilidad para la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, condenado también por otros casos de corrupción.
El tribunal resolvió «declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la formulación de cargos, que fue presentada por la Fiscalía General» en 2019 en el denominado «Caso Singue», señaló la Corte Nacional de Justicia en un comunicado.
Con el fallo queda también revocada la sentencia en primera instancia de ocho años de prisión a la que habían sido condenados por este caso Glas, los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja, y otros cuatro funcionarios del gobierno del presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Esto permitirá a la defensa de Glas solicitar su liberación al haber cumplido el 40% de su condena unificada impuesta por otros dos casos, según el código con el que fue juzgado.
Glas no podía beneficiarse de la unificación de penas mientras estuviera abierto el proceso del caso Singue.
El exvicepresidente fue sentenciado a seis y ocho años de cárcel por su participación en la trama de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y reclamar dinero a empresarios a cambio de contratos con el Estado en el caso denominado «Sobornos 2012-2016».
«Hoy que ya tenemos la nulidad, que ya no existe este proceso penal o la sentencia del caso singue, yo creo que el juez de garantías penitenciarias de Quito resolverá inmediatamente la unificación de penas y obviamente la prelibertad», dijo al canal Teleamazonas el abogado de Glas, Edison Loaiza.
El exvicepresidente, que cumple su condena en una cárcel de Quito, quedó libre temporalmente en abril último, tras beneficiarse de un habeas corpus que luego fue revocado.
De acuerdo con la Corte Nacional, uno de los informes de Contraloría usados para abrir el caso «ya no existe jurídicamente» porque un tribunal administrativo declaró su «caducidad e ilegalidad».
«El día de hoy se ha hecho justicia mediante una sentencia de tipo jurídico. El fondo es que el Estado jamás fue perjudicado por este contrato de manera que yo estoy tranquilo, esperaba esto», declaró a la prensa Pastor, otro de los beneficiados con el fallo.
La Fiscalía, por su parte, expresó su «profunda preocupación» por la decisión del tribunal.
Al estar prohibido apelar un fallo de nulidad, la «Fiscalía solicitará los recursos horizontales previstos en la ley y continuará con las acciones de investigación», advirtió en un comunicado el ente acusador.
Según la Fiscalía, la adjudicación del bloque Singue, en 2012, generó un perjuicio para el Estado de unos 28,4 millones de dólares por errores en el cálculo de las reservas de crudo.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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