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Internacionales

Disidencias de FARC liberan a 16 miembros de otro grupo armado ilegal en Colombia

Foto: Defensoría del Pueblo de Colombia

| Por AFP |

Disidentes de la antigua guerrilla de las FARC en Colombia liberaron a 16 combatientes de otro grupo ilegal como «respaldo a la propuesta» de «paz total» con la que el gobierno de Gustavo Petro pretende extinguir el conflicto, informó este miércoles la Defensoría del Pueblo.

Los «jóvenes», que fueron liberados el pasado sábado, habían sido «detenidos» por la facción disidente de las extintas FARC conocida como Segunda Marquetalia en medio de «combates» con otro de estos grupos escindidos, llamado Comando Coordinador de Occidente, dijo este organismo estatal colombiano que vela por la defensa de los derechos humanos.

Fue una «compleja gestión humanitaria, que no tenía precedente en el país (…) como gesto de paz y respaldo a la propuesta de Paz Total del Gobierno», indicó la Defensoría en un comunicado. 

La liberación se produce en momentos en que el presidente izquierdista Petro pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de rebeldes y organizaciones narcotraficantes, respectivamente.

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Aunque el grueso de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otrora la guerrilla más poderosa del continente, negoció la paz en 2016 y dejó las armas, quedaron facciones disidentes que hoy están enfrentadas por el control de las rutas del narcotráfico, según estudios independientes. 

La liberación de los 16 rebeldes tuvo lugar en en una zona rural del departamento de Nariño (suroeste), fronterizo con Ecuador, y contó con la mediación de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

Los disidentes de las FARC hacen parte de la amalgama de grupos armados con los que Petro quiere dialogar para lograr su desarme. 

La Segunda Marquetalia, liderada por el ex número dos de las FARC Iván Márquez, y el frente más poderoso conocido como Bloque Suroriental o «Estado Mayor Central» se han acercado al gobierno.

Petro iniciará en noviembre diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa reconocida en Colombia y espera llegar a un acuerdo con narcotraficantes para que reciban beneficios penales a cambio de que desmonten el negocio.

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Según la Defensoría, los liberados fueron informados sobre «la posibilidad» de acogerse «voluntariamente» al «programa de sometimiento individual para recibir los beneficios jurídicos, económicos y la atención preferencial que señala esa ruta».

Colombia, principal exportador de cocaína del mundo, vive un intenso conflicto armado que en más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales dejando más de nueve millones de víctimas, la mayoría desplazados.

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Centroamérica

Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones

La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.

En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.

“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.

Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.

La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.

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Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.

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Centroamérica

Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas

El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.

Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.

Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.

Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.

“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.

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Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.

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Centroamérica

Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.

Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.

Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.

De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.

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El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.

Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.

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