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Internacionales

Justicia uruguaya suspende decreto que flexibiliza normas sobre tabaco

Imagen ilustrativa

| Por AFP |

La Justicia uruguaya dispuso este miércoles la suspensión del decreto que flexibiliza las normas de empaquetado y etiquetado de cigarrillos, al dar lugar a una acción de amparo presentada por la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT).

«Dispónese la inmediata suspensión del decreto 282/022», dice el fallo de la jueza María Elena Emmenengger.

El presidente Luis Lacalle Pou había habilitado, en un decreto publicado el 2 de septiembre, la venta de cigarrillos en cajas blandas, cuando desde 2019 solo se permitían las de cartón, y además autorizó a volver a utilizar el logo de la marca en el propio cigarrillo y en el interior de las cajillas. 

El gobierno argumentó que los cambios apuntan a luchar contra los productos de contrabando o falsificados.

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Pero la normativa generó polémica al ser considerada un «retroceso» en la lucha contra el tabaquismo, de la que el país de 3,5 millones de habitantes fue un abanderado, en particular bajo el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), oncólogo de profesión.

La sentencia de 56 páginas de la jueza Emmenengger recuerda que «la academia y comunidad científica del Uruguay han manifestado de forma unánime preocupación por el retroceso de la política sanitaria y su inminente impacto en la salud de la población».

Medios locales aseguran que el Poder Ejecutivo apelará la decisión.

Además de la SUT, organizaciones internacionales relacionadas con la lucha contra el tabaquismo como Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) y la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias habían adelantado que explorarían «todas las acciones legales» posibles para revertir la decisión del gobierno. 

Uruguay fue uno de los países más avanzados de América Latina en aplicar estrictamente el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS firmado en 2003. 

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Las medidas contra el hábito de fumar le valieron una demanda de la tabacalera Philips Morris, que acusó al país de violar un tratado de inversiones. Tras seis años de litigio, Uruguay ganó el arbitraje internacional en 2016.

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Centroamérica

Bukele cierra 2025 con un 90 % de aprobación, según CID Gallup

El presidente de la república, Nayib Bukele, mantiene un sólido respaldo ciudadano, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de CID Gallup. Según el estudio, nueve de cada diez salvadoreños expresan una opinión positiva sobre el mandatario.

Luis Haug, gerente general de CID Gallup, detalló que el 90 % de la población evalúa favorablemente tanto la labor de Bukele al frente del Ejecutivo como su imagen personal. “Al cierre de 2025 encontramos a un presidente Bukele con un 90 % de aprobación, no solo a nivel de mandatario sino también como persona. Es algo no visto en el país, donde la mayoría de los expresidentes finalizaban sus períodos con cifras mucho menores”, señaló durante una entrevista en el programa Frente a Frente.

Haug comparó estos resultados con los obtenidos por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, quien en este mismo punto de su administración registraba una opinión negativa de 20 puntos. “Hay más de 100 puntos de diferencia entre un índice y otro”, afirmó.

Según el analista, el respaldo ciudadano responde a diversas acciones emprendidas por el Gobierno, especialmente en las áreas de educación y salud. “La gente se muestra bastante satisfecha con las tareas que se han venido implementando”, agregó.

Asimismo, Haug destacó que las actividades impulsadas durante la temporada navideña han tenido una percepción positiva entre la población, ya que las familias cuentan con espacios seguros para compartir durante el día y la noche, sin temor a hechos delictivos.

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Internacionales

Trump exige a México cumplir el Tratado de Aguas y advierte sobre riesgos sanitarios en la frontera

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a ejercer presión pública sobre México en medio de las negociaciones bilaterales para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que México debe atender “de inmediato” lo que describió como un problema de “agua y alcantarillado”, al que calificó como “una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y Estados Unidos”. Su publicación estuvo acompañada de un video que denuncia el flujo de aguas residuales sin tratar provenientes de Tijuana hacia el río del mismo nombre. El material acusa que fallas operativas en la principal planta de tratamiento de la ciudad han provocado riesgos sanitarios en comunidades como Imperial Beach y Coronado.

A inicios de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, colocaron la primera piedra para la construcción de una nueva planta de tratamiento, proyecto que quedó bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2022, la Comisión Internacional de Límites y Aguas acordó una inversión conjunta de 500 millones de dólares para atender esta problemática a ambos lados de la frontera.

Las declaraciones de Trump ocurren mientras equipos técnico-diplomáticos de ambos países sostienen reuniones de emergencia para resolver el adeudo hídrico que México mantiene bajo el Tratado de 1944. Washington exige la entrega de 200,000 acres-pie —unos 246 millones de metros cúbicos— antes del 31 de diciembre, bajo la amenaza de imponer un arancel del 5% si no se cumple el plazo.

El gobierno mexicano inició el martes el diálogo con sus contrapartes estadounidenses para alcanzar una solución. Una primera propuesta presentada por México fue rechazada por Washington, que respondió con un nuevo planteamiento esa misma noche. La propuesta fue analizada ayer por la mañana, pero hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si ambas partes lograron un acuerdo.

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Internacionales

EE. UU. confisca petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre el Gobierno de Maduro

Estados Unidos confiscó este miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela, informó el presidente Donald Trump, en un nuevo incremento de la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que el buque llevaba años bajo sanciones de Washington por su supuesta participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas Venezuela e Irán. Más tarde, Bondi publicó en X un video donde se observa a personal armado descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la embarcación y avanzando por la cubierta con armas largas.

Bondi afirmó que la operación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra.

La incautación coincidió con la llegada a Oslo de la líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien viajó a Noruega desafiando una prohibición de salida del país.

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Trump no ofreció detalles adicionales sobre la operación, limitándose a decir que se llevó a cabo “por muy buena razón” y que su Gobierno publicará más información próximamente. Consultado sobre el destino del petróleo transportado, declaró: “Nos lo quedamos, supongo”.

Un alto funcionario estadounidense confirmó que la incautación se produjo en aguas internacionales y que la operación transcurrió sin incidentes ni heridos entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del barco.

El petrolero, identificado como Skipper, trasladaba crudo venezolano y se dirigía inicialmente a Cuba, aunque su cargamento estaba destinado finalmente a Asia a través de intermediarios cubanos, según el funcionario. Añadió que podrían producirse más operaciones similares en las próximas semanas como parte de la estrategia de presión sobre Maduro.

El Skipper, anteriormente llamado Adisa, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por facilitar el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

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