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Cierra audiencia de CorteIDH por caso de pueblo peruano contaminado por minera

AFP

La Corte Interamericana de Dererchos Humanos (CorteIDH) escuchó este jueves los alegatos finales en el caso que enfrenta a habitantes del pueblo peruano La Oroya, que denuncian graves problemas de salud causados por la contaminación de una empresa minera, con el Estado peruano, al cual responsabilizan por falta de fiscalización.

La Oroya, una localidad de 30.000 habitantes situada 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, ha sido catalogada como «uno de los lugares más contaminados del planeta», dijo ante el tribunal la abogada Liliana Ávila, de la oenegé AIDA, que representa legalmente a los demandantes en el caso. 

La polución proveniente de un complejo metalúrgico que ha tenido varios operadores, públicos y privados, a lo largo de 100 años «ha permeado» tierra, agua y aire, agregó. 

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En ese marco, los pobladores de esta comunidad, expuestos a metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, han absorbido «múltiples sustancias tóxicas». 

Los niveles de metales pesados, que en La Oroya superan largamente los estándares internacionales, pueden provocar problemas respiratorios, dolencias musculares, infertilidad, convulsiones o parálisis, así como problemas cognitivos, enumeró entre otros.

«Expertos internacionales han documentado a La Oroya como un caso gravísimo, único en el mundo, que requiere medidas urgentes», señaló.

Para los pobladores, «el daño ya está causado y es irreversible (…) No hay vuelta atrás», agregó Ávila.

A su turno, la representación del Estado peruano, liderada por el abogado Carlos Reaño, alegó que «no toda presencia de metales pesados implica un daño a la salud». 

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Para imputar responsabilidad internacional «debe existir un nexo causal entre los actos reportados y sus consecuencias» y no es el caso, argumentó, pues, según afirmó, las enfermedades no pueden vincularse directamente con la contaminación. 

«La relación de causalidad es y ha sido un aspecto usado por la Corte para reparaciones (…) por tanto es posible usarla para una exención de responsabilidad», indicó. 

Los siete jueces de la CorteIDH escucharon a las partes en el último día de audiencia pública sobre este caso en Uruguay, donde se lleva a cabo el 153 período ordinario de sesiones del tribunal.

Se espera que dicten sentencia en unos seis meses, antes de los cuales manifestaron su intención de visitar el terreno.

El caso se inició en 2006, cuando un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 remitió el caso a la CorteIDH. 

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Los demandantes argumentan que el Estado incumplió su obligación de regular y fiscalizar a Doe Run Perú, empresa que operó el complejo metalúrgico desde 1997, y a sus predecesoras, permitiendo que generaran altos niveles de contaminación en detrimento de su salud. 

Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco, se declaró en bancarrota en 2009 y fue cedida este año a sus trabajadores, que aspiran a retomar las actividades.

Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados. 

Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.

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Fuerza Aérea de EE. UU. anuncia nuevos cargos contra soldado por filtración de documentos

La Fuerza Aérea de Estados Unidos presentará nuevos cargos contra un soldado estadounidense acusado por las autoridades federales de haber filtrado documentos confidenciales de defensa, anunció el miércoles un portavoz del Pentágono.

Jack Teixeira se declaró culpable de divulgar información sobre la defensa nacional de Estados Unidos, lo que permitió retirar los cargos por espionaje. Sin embargo, este acuerdo solo concierne a la justicia federal.

«Tras una estrecha coordinación con el Departamento de Justicia, la Fuerza Aérea determinó que se deben presentar cargos separados y distintos contra el cabo Jack Teixeira por presuntas faltas en sus deberes militares», dijo un portavoz de la Fuerza Aérea.

Contratado como especialista en informática y comunicaciones en una base militar en el noreste de Estados Unidos y detenido en 2023, Jack Teixeira podría enfrentarse a una corte marcial.

Teixeira publicó información confidencial en un grupo de debate de la plataforma Discord, que luego se difundió en otras redes sociales.

Los documentos secretos revelaron preocupaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre la viabilidad de una contraofensiva ucraniana en 2023, así como la recopilación de información de inteligencia sobre aliados como Israel y Corea del Sur por parte de Washington.

El caso puso en aprietos a Washington y planteó dudas sobre posibles fallos en la seguridad, ya que el soldado tenía autorización para acceder a información delicada a pesar de su modesto rango.

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Internacionales

UE Anuncia ayuda de 1.000 millones de dólares para la gestión de refugiados en el Líbano

Durante una visita oficial a Beirut, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció un paquete de ayuda comunitaria al Líbano por valor de 1.000 millones de dólares. Esta asistencia tiene como objetivo principal apoyar la gestión de los refugiados sirios en el territorio libanés, además de abordar otras áreas de preocupación.

Von der Leyen, en una rueda de prensa conjunta, explicó que esta ayuda estará disponible desde ahora hasta el año 2027. Se destinará no solo a la gestión de la migración siria, sino también a reformar el sistema bancario libanés y reforzar la labor de las fuerzas de seguridad del país.

Acompañada por el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, quien ha estado trabajando en la promoción de un acuerdo sobre migración, Von der Leyen resaltó la necesidad de abordar la crisis migratoria tanto para el Líbano como para Chipre y la Unión Europea en su conjunto.

El presidente chipriota subrayó la enorme presión que la presencia de casi 1,5 millones de refugiados sirios ejerce sobre la economía y la sociedad libanesa, instando a no abordar el problema de manera habitual.

A pesar de la grave crisis económica que enfrenta el Líbano desde finales de 2019, las autoridades libanesas han expresado la necesidad de que la comunidad siria regrese a su país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que el retorno no es seguro debido a posibles represalias por parte de las autoridades sirias contra quienes abandonaron el país durante el conflicto.

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Internacionales

HRW denuncia ejecuciones de soldados ucranianos por parte del ejército ruso

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado en un informe la posible ejecución de más de 21 soldados ucranianos a manos de militares rusos desde diciembre pasado, basándose en análisis de varios videos compartidos en redes sociales.

Según un comunicado publicado por HRW, desde diciembre de 2023, las fuerzas rusas habrían ejecutado al menos a 15 soldados ucranianos que intentaban rendirse, y posiblemente a otros seis que ya se habían rendido o estaban en proceso de hacerlo.

HRW ha investigado cuatro casos de ejecuciones captadas en videos difundidos entre diciembre pasado y febrero de este año. En estos videos, se muestra a soldados ucranianos siendo ejecutados mientras intentaban rendirse a las fuerzas rusas en el campo de batalla. La organización afirma haber verificado la ubicación de dos de estos videos.

Además, otro material similar publicado en febrero muestra los cuerpos de seis soldados ucranianos que habrían sido ejecutados después de rendirse al enemigo.

El informe de HRW resalta que estas ejecuciones no parecen ser casos aislados y menciona informes previos de la ONU que documentaron ejecuciones similares por parte de las fuerzas rusas y el Grupo Wagner durante el primer año de la guerra.

La Fiscalía ucraniana ha iniciado 27 investigaciones penales sobre 54 casos de presuntos soldados ucranianos ejecutados. HRW ha instado al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, a responder si se han dado órdenes para ejecutar a prisioneros de guerra ucranianos que se han rendido, pero aún no ha recibido respuesta.

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