Internacionales
Cierra audiencia de CorteIDH por caso de pueblo peruano contaminado por minera
AFP
La Corte Interamericana de Dererchos Humanos (CorteIDH) escuchó este jueves los alegatos finales en el caso que enfrenta a habitantes del pueblo peruano La Oroya, que denuncian graves problemas de salud causados por la contaminación de una empresa minera, con el Estado peruano, al cual responsabilizan por falta de fiscalización.
La Oroya, una localidad de 30.000 habitantes situada 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, ha sido catalogada como «uno de los lugares más contaminados del planeta», dijo ante el tribunal la abogada Liliana Ávila, de la oenegé AIDA, que representa legalmente a los demandantes en el caso.
La polución proveniente de un complejo metalúrgico que ha tenido varios operadores, públicos y privados, a lo largo de 100 años «ha permeado» tierra, agua y aire, agregó.
En ese marco, los pobladores de esta comunidad, expuestos a metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, han absorbido «múltiples sustancias tóxicas».
Los niveles de metales pesados, que en La Oroya superan largamente los estándares internacionales, pueden provocar problemas respiratorios, dolencias musculares, infertilidad, convulsiones o parálisis, así como problemas cognitivos, enumeró entre otros.
«Expertos internacionales han documentado a La Oroya como un caso gravísimo, único en el mundo, que requiere medidas urgentes», señaló.
Para los pobladores, «el daño ya está causado y es irreversible (…) No hay vuelta atrás», agregó Ávila.
A su turno, la representación del Estado peruano, liderada por el abogado Carlos Reaño, alegó que «no toda presencia de metales pesados implica un daño a la salud».
Para imputar responsabilidad internacional «debe existir un nexo causal entre los actos reportados y sus consecuencias» y no es el caso, argumentó, pues, según afirmó, las enfermedades no pueden vincularse directamente con la contaminación.
«La relación de causalidad es y ha sido un aspecto usado por la Corte para reparaciones (…) por tanto es posible usarla para una exención de responsabilidad», indicó.
Los siete jueces de la CorteIDH escucharon a las partes en el último día de audiencia pública sobre este caso en Uruguay, donde se lleva a cabo el 153 período ordinario de sesiones del tribunal.
Se espera que dicten sentencia en unos seis meses, antes de los cuales manifestaron su intención de visitar el terreno.
El caso se inició en 2006, cuando un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 remitió el caso a la CorteIDH.
Los demandantes argumentan que el Estado incumplió su obligación de regular y fiscalizar a Doe Run Perú, empresa que operó el complejo metalúrgico desde 1997, y a sus predecesoras, permitiendo que generaran altos niveles de contaminación en detrimento de su salud.
Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco, se declaró en bancarrota en 2009 y fue cedida este año a sus trabajadores, que aspiran a retomar las actividades.
Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados.
Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
Centroamérica
Flávio Bolsonaro propone cárceles al estilo Bukele y endurecer leyes contra el crimen en Brasil
El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro presentó este jueves un paquete de medidas de seguridad denominado “Brasil sin Miedo”, una propuesta que contempla 12 acciones orientadas a combatir el crimen organizado y reforzar el control del Estado sobre territorios afectados por la violencia.
Durante un acto celebrado en São Paulo, el aspirante del Partido Liberal sostuvo que Brasil atraviesa una profunda crisis de seguridad y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsará una política de mano dura contra las organizaciones criminales.
Entre las iniciativas más destacadas figura la construcción de cinco centros penitenciarios de máxima seguridad inspirados en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Según explicó Bolsonaro, estas cárceles estarán destinadas exclusivamente a reclusos considerados de alta peligrosidad y operarán bajo estrictas medidas de control, incluyendo aislamiento, restricción total del uso de teléfonos celulares y visitas supervisadas por las autoridades.
El candidato afirmó que estos centros tendrán un enfoque de castigo y contención, más que de reinserción social.
Asimismo, propuso que los privados de libertad realicen actividades laborales para contribuir al financiamiento de su permanencia en prisión. Parte de esos recursos, señaló, serían destinados a programas de apoyo para familiares de víctimas de la delincuencia.
Otra de las medidas anunciadas contempla la reducción de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años y hasta los 14 años en casos de delitos graves como homicidio, violación, tortura y narcotráfico.
El plan también incluye la creación de un Sistema Nacional de Fronteras, una fuerza especial integrada por efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con el objetivo de fortalecer la vigilancia de las fronteras brasileñas.
De acuerdo con Bolsonaro, esta estructura permitiría establecer una barrera tecnológica y operativa para frenar el ingreso ilegal de armas, drogas y otros productos utilizados por organizaciones criminales.
Además, anunció que buscará clasificar formalmente como organizaciones narcoterroristas a grupos criminales como el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, dos de las estructuras delictivas más poderosas del país.
Entre las propuestas que han generado mayor debate figura la implementación de la castración química para personas condenadas por delitos sexuales, una medida que, según indicó, impulsaría mediante iniciativas del Poder Ejecutivo con respaldo legislativo.
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, oficializó su candidatura presidencial en diciembre pasado. Desde entonces, diversos sondeos de opinión muestran una contienda en la que figura por detrás del actual mandatario, **Luiz Inácio Lula da Silva>, aunque el escenario electoral continúa evolucionando de cara a los próximos comicios nacionales.
El programa “Brasil sin Miedo” se suma a las propuestas de seguridad que buscan ocupar un lugar central en el debate político brasileño, en medio de la preocupación ciudadana por la violencia y la expansión del crimen organizado en distintas regiones del país.
Internacionales
Ataque militar de EE. UU. en el Pacífico deja tres muertos en operación antidrogas
Tres hombres murieron el jueves durante una operación del ejército de Estados Unidos contra una embarcación en el océano Pacífico, en el marco de la campaña antidrogas que Washington desarrolla en la región desde septiembre de 2025.
El operativo fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos, organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe.
Según informó la institución, labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba en rutas utilizadas para el tráfico de drogas en el Pacífico oriental y que presuntamente participaba en actividades vinculadas al narcotráfico.
“Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba en rutas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas”, indicó el Comando Sur a través de una publicación en redes sociales.
Las autoridades militares calificaron a los fallecidos como “narcoterroristas” y difundieron imágenes del operativo, entre ellas un video que muestra la explosión de una embarcación de pequeño tamaño.
El incidente se produce apenas dos días después de otra acción similar en la que murió una persona, también en el contexto de la operación denominada Lanza del Sur.
De acuerdo con recuentos periodísticos, esta campaña ha dejado más de 200 fallecidos desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, convirtiéndose en una de las operaciones de seguridad más controvertidas impulsadas por Washington en la región.
La administración del presidente Donald Trump sostiene que las acciones están dirigidas contra organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Sin embargo, hasta ahora no ha divulgado pruebas concluyentes que vinculen públicamente a todas las embarcaciones atacadas con actividades ilícitas.
Diversos expertos en seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la legalidad de estas operaciones, advirtiendo que algunos de los ataques podrían ser objeto de cuestionamientos bajo normas internacionales relacionadas con el uso de la fuerza.
Las críticas se centran en la falta de procesos judiciales previos y en la necesidad de garantizar que las acciones militares respeten los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Mientras tanto, el Gobierno estadounidense mantiene su estrategia de presión contra las redes de narcotráfico que operan en las rutas marítimas del Pacífico, una de las principales vías utilizadas para el traslado de drogas hacia Norteamérica.
Internacionales
EE.UU. e Irán anuncian acuerdo de paz y avanzan hacia el fin de la guerra en Medio Oriente
Estados Unidos e Irán anunciaron este lunes que alcanzaron un acuerdo de paz que podría poner fin a más de tres meses de conflicto en Medio Oriente, en un avance diplomático que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese de las operaciones militares en distintos frentes de la región.
La firma oficial del acuerdo está prevista para el próximo 19 de junio en Ginebra, Suiza, en una ceremonia que marcaría el inicio de una nueva etapa de negociaciones entre ambas naciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el entendimiento a través de una publicación en su red social Truth Social, donde aseguró que el pacto ya había sido completado.
“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió el mandatario estadounidense.
Trump anunció además la reapertura del estrecho de Ormuz sin cobro de peajes y el levantamiento inmediato del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en la zona.
“Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!”, expresó.
El anuncio fue respaldado inicialmente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador en las conversaciones y afirmó en la red social X que el acuerdo había sido alcanzado.
Poco después, autoridades iraníes confirmaron el pacto. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, señaló que el entendimiento establece el fin inmediato de las hostilidades.
“En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los distintos frentes, incluido el Líbano”, declaró el funcionario en una entrevista con la televisión estatal iraní.
Gharibabadi aseguró además que Teherán considera que logró cumplir sus objetivos durante el conflicto y sostuvo que los planes de sus adversarios no se concretaron.
El anuncio llega después de semanas de intensas tensiones regionales y apenas horas después de que Irán advirtiera sobre posibles represalias tras un ataque atribuido a Israel contra posiciones vinculadas al grupo Hezbolá en los suburbios de Beirut, un incidente que amenazaba con dificultar las negociaciones.
Aunque ambas partes han confirmado el acuerdo, todavía se desconocen varios aspectos de su contenido, incluidos los mecanismos de implementación, los compromisos relacionados con el programa nuclear iraní y las condiciones para el eventual levantamiento de sanciones económicas.
La ceremonia programada en Ginebra será observada de cerca por la comunidad internacional, que ve en este entendimiento una de las señales más importantes hacia la estabilización de Medio Oriente en los últimos años.
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