Internacionales
Cierra audiencia de CorteIDH por caso de pueblo peruano contaminado por minera
AFP
La Corte Interamericana de Dererchos Humanos (CorteIDH) escuchó este jueves los alegatos finales en el caso que enfrenta a habitantes del pueblo peruano La Oroya, que denuncian graves problemas de salud causados por la contaminación de una empresa minera, con el Estado peruano, al cual responsabilizan por falta de fiscalización.
La Oroya, una localidad de 30.000 habitantes situada 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, ha sido catalogada como «uno de los lugares más contaminados del planeta», dijo ante el tribunal la abogada Liliana Ávila, de la oenegé AIDA, que representa legalmente a los demandantes en el caso.
La polución proveniente de un complejo metalúrgico que ha tenido varios operadores, públicos y privados, a lo largo de 100 años «ha permeado» tierra, agua y aire, agregó.
En ese marco, los pobladores de esta comunidad, expuestos a metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, han absorbido «múltiples sustancias tóxicas».
Los niveles de metales pesados, que en La Oroya superan largamente los estándares internacionales, pueden provocar problemas respiratorios, dolencias musculares, infertilidad, convulsiones o parálisis, así como problemas cognitivos, enumeró entre otros.
«Expertos internacionales han documentado a La Oroya como un caso gravísimo, único en el mundo, que requiere medidas urgentes», señaló.
Para los pobladores, «el daño ya está causado y es irreversible (…) No hay vuelta atrás», agregó Ávila.
A su turno, la representación del Estado peruano, liderada por el abogado Carlos Reaño, alegó que «no toda presencia de metales pesados implica un daño a la salud».
Para imputar responsabilidad internacional «debe existir un nexo causal entre los actos reportados y sus consecuencias» y no es el caso, argumentó, pues, según afirmó, las enfermedades no pueden vincularse directamente con la contaminación.
«La relación de causalidad es y ha sido un aspecto usado por la Corte para reparaciones (…) por tanto es posible usarla para una exención de responsabilidad», indicó.
Los siete jueces de la CorteIDH escucharon a las partes en el último día de audiencia pública sobre este caso en Uruguay, donde se lleva a cabo el 153 período ordinario de sesiones del tribunal.
Se espera que dicten sentencia en unos seis meses, antes de los cuales manifestaron su intención de visitar el terreno.
El caso se inició en 2006, cuando un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 remitió el caso a la CorteIDH.
Los demandantes argumentan que el Estado incumplió su obligación de regular y fiscalizar a Doe Run Perú, empresa que operó el complejo metalúrgico desde 1997, y a sus predecesoras, permitiendo que generaran altos niveles de contaminación en detrimento de su salud.
Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco, se declaró en bancarrota en 2009 y fue cedida este año a sus trabajadores, que aspiran a retomar las actividades.
Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados.
Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
Centroamérica
Bukele ofrece a Chile la experiencia de El Salvador en seguridad durante visita de Kast
El presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que El Salvador está en disposición de compartir su experiencia en el combate a la inseguridad con Chile, durante la visita del presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien valoró las “decisiones duras, pero necesarias” adoptadas por el país centroamericano.
Kast y su esposa, María Pía Adriasola, fueron recibidos este jueves en Casa Presidencial por el mandatario salvadoreño y la primera dama, Gabriela de Bukele, como parte de una agenda orientada a conocer de primera mano las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño.
“Hoy recibimos en El Salvador al presidente electo de la República de Chile. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro país. Seguimos muy de cerca su trayectoria y sentimos que Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo”, expresó Bukele durante el encuentro.
El presidente salvadoreño reconoció que Chile enfrenta actualmente retos en materia de seguridad y señaló que El Salvador puede aportar su experiencia, aunque aclaró que existen diferencias importantes entre ambas realidades. “Sabemos que hay muchas diferencias en temas legales y en el tamaño del problema, que no se compara con el que tuvimos nosotros”, puntualizó.
Bukele también destacó los avances de Chile en áreas como educación y civismo, subrayando que su gobierno está abierto a aprender de esas experiencias. No obstante, reafirmó los resultados alcanzados en seguridad pública. “Pasamos de ser el país más peligroso del mundo al más seguro del continente y, primero Dios, vamos a llegar a ser el más seguro del mundo”, afirmó.
Por su parte, Kast señaló que Chile atraviesa un momento complejo y que es clave identificar referentes claros. “Chile va en un rumbo contrario al progreso; lo importante es encontrar un faro. Ustedes como nación son la esperanza de muchas naciones. Han tomado decisiones duras, pero necesarias”, manifestó el presidente electo.
El encuentro refuerza el acercamiento entre ambos gobiernos y abre la puerta a un eventual intercambio de experiencias, especialmente en el ámbito de la seguridad pública.
Centroamérica
El Salvador comparte su experiencia en seguridad con el futuro gobierno de Chile
El presidente de la república, Nayib Bukele, y la primera dama, Gabriela de Bukele, recibieron este jueves en Casa Presidencial al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, y a su esposa, María Pía Adriasola, como parte de una visita oficial a El Salvador.
El encuentro tuvo como propósito principal conocer de primera mano el modelo de seguridad implementado por el Gobierno salvadoreño. Tras una reunión privada, ambos mandatarios ofrecieron un pronunciamiento ante medios de comunicación nacionales e internacionales.
A través de la red social X, la Presidencia de El Salvador señaló que el encuentro “consolida la visión compartida de trabajo por la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de ambas naciones”.
Durante la conferencia de prensa, el presidente Bukele destacó que, aunque existen diferencias entre las realidades de ambos países, El Salvador puede aportar su experiencia en materia de seguridad pública y en otras áreas que el futuro gobierno chileno considere oportunas.
“Presidente Kast, cuente con nosotros como sus amigos, estamos aquí para servirle. Sabemos que ha visitado varios países para conocer distintas experiencias y nos parece acertado. Estamos haciendo votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile”, expresó el mandatario.
Por su parte, Kast, líder del Partido Republicano de Chile y quien asumirá la Presidencia el próximo 11 de marzo, agradeció la hospitalidad del Gobierno salvadoreño y elogió las políticas impulsadas por Bukele. “Ustedes como nación hoy en día son un faro de esperanza para muchos países. Han tomado decisiones duras, pero necesarias, para cambiar la realidad de su país”, afirmó.
El presidente electo chileno ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo a las estrategias de seguridad de El Salvador, al considerar que han “devuelto la libertad” a millones de ciudadanos que vivían bajo el control de las pandillas. Según ha adelantado, su administración mantendrá una política de mano dura contra el crimen organizado y la migración irregular.
Como parte de su agenda en el país, Kast visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acompañado de la futura ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert, y de funcionarios del Gabinete de Seguridad de El Salvador.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
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