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Internacionales

Cierra audiencia de CorteIDH por caso de pueblo peruano contaminado por minera

AFP

La Corte Interamericana de Dererchos Humanos (CorteIDH) escuchó este jueves los alegatos finales en el caso que enfrenta a habitantes del pueblo peruano La Oroya, que denuncian graves problemas de salud causados por la contaminación de una empresa minera, con el Estado peruano, al cual responsabilizan por falta de fiscalización.

La Oroya, una localidad de 30.000 habitantes situada 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, ha sido catalogada como «uno de los lugares más contaminados del planeta», dijo ante el tribunal la abogada Liliana Ávila, de la oenegé AIDA, que representa legalmente a los demandantes en el caso. 

La polución proveniente de un complejo metalúrgico que ha tenido varios operadores, públicos y privados, a lo largo de 100 años «ha permeado» tierra, agua y aire, agregó. 

En ese marco, los pobladores de esta comunidad, expuestos a metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, han absorbido «múltiples sustancias tóxicas». 

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Los niveles de metales pesados, que en La Oroya superan largamente los estándares internacionales, pueden provocar problemas respiratorios, dolencias musculares, infertilidad, convulsiones o parálisis, así como problemas cognitivos, enumeró entre otros.

«Expertos internacionales han documentado a La Oroya como un caso gravísimo, único en el mundo, que requiere medidas urgentes», señaló.

Para los pobladores, «el daño ya está causado y es irreversible (…) No hay vuelta atrás», agregó Ávila.

A su turno, la representación del Estado peruano, liderada por el abogado Carlos Reaño, alegó que «no toda presencia de metales pesados implica un daño a la salud». 

Para imputar responsabilidad internacional «debe existir un nexo causal entre los actos reportados y sus consecuencias» y no es el caso, argumentó, pues, según afirmó, las enfermedades no pueden vincularse directamente con la contaminación. 

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«La relación de causalidad es y ha sido un aspecto usado por la Corte para reparaciones (…) por tanto es posible usarla para una exención de responsabilidad», indicó. 

Los siete jueces de la CorteIDH escucharon a las partes en el último día de audiencia pública sobre este caso en Uruguay, donde se lleva a cabo el 153 período ordinario de sesiones del tribunal.

Se espera que dicten sentencia en unos seis meses, antes de los cuales manifestaron su intención de visitar el terreno.

El caso se inició en 2006, cuando un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 remitió el caso a la CorteIDH. 

Los demandantes argumentan que el Estado incumplió su obligación de regular y fiscalizar a Doe Run Perú, empresa que operó el complejo metalúrgico desde 1997, y a sus predecesoras, permitiendo que generaran altos niveles de contaminación en detrimento de su salud. 

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Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco, se declaró en bancarrota en 2009 y fue cedida este año a sus trabajadores, que aspiran a retomar las actividades.

Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados. 

Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.

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MARN1

Internacionales

Muere jefe de inteligencia iraní en ataque israelí, según medios estatales

Mohammad Kazemi, jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución —el poderoso brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán—, murió este domingo durante un bombardeo israelí, según informó la agencia estatal IRNA.

Junto a Kazemi, también perdieron la vida otros dos altos oficiales: Hasan Mohaghegh y Mohsen Bagheri. “Tres generales de inteligencia, Mohammad Kazemi, Hasan Mohaghegh y Mohsen Bagheri fueron asesinados y cayeron como mártires”, indicó un comunicado de los Guardianes de la Revolución citado por IRNA.

La muerte de Kazemi representa un golpe significativo para la estructura de inteligencia iraní en medio de la creciente escalada militar con Israel, que ya entra en su tercer día consecutivo de enfrentamientos.

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Internacionales

Netanyahu amenaza a Irán tras ataque mortal: “Pagará un precio muy alto”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzó este domingo una dura advertencia a Irán, asegurando que su país responderá con contundencia por el ataque con misiles que dejó al menos 10 civiles muertos en territorio israelí.

«Irán pagará un precio muy alto por el asesinato premeditado de civiles, mujeres y niños», afirmó Netanyahu durante una visita a Bat Yam, al sur de Tel Aviv, una de las zonas afectadas por el bombardeo. El mensaje fue difundido en video por su oficina oficial.

En respuesta, el ejército israelí intensificó sus operaciones con nuevos bombardeos sobre instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, además de atacar depósitos de combustible en varias ciudades del país persa. Estos ataques marcan el tercer día consecutivo de un conflicto sin precedentes entre ambos rivales históricos.

La ofensiva israelí se produce tras la ofensiva nocturna de Irán, que lanzó una lluvia de misiles sobre suelo israelí, provocando la muerte de al menos 10 personas, según reportes oficiales. La tensión en Oriente Medio escala rápidamente en medio de crecientes temores internacionales por una guerra regional abierta.

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Centroamérica

Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado

Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.

El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.

La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.

Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.

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