Internacionales
Cierra audiencia de CorteIDH por caso de pueblo peruano contaminado por minera
AFP
La Corte Interamericana de Dererchos Humanos (CorteIDH) escuchó este jueves los alegatos finales en el caso que enfrenta a habitantes del pueblo peruano La Oroya, que denuncian graves problemas de salud causados por la contaminación de una empresa minera, con el Estado peruano, al cual responsabilizan por falta de fiscalización.
La Oroya, una localidad de 30.000 habitantes situada 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, ha sido catalogada como «uno de los lugares más contaminados del planeta», dijo ante el tribunal la abogada Liliana Ávila, de la oenegé AIDA, que representa legalmente a los demandantes en el caso.
La polución proveniente de un complejo metalúrgico que ha tenido varios operadores, públicos y privados, a lo largo de 100 años «ha permeado» tierra, agua y aire, agregó.
En ese marco, los pobladores de esta comunidad, expuestos a metales pesados como plomo, cadmio y arsénico, han absorbido «múltiples sustancias tóxicas».
Los niveles de metales pesados, que en La Oroya superan largamente los estándares internacionales, pueden provocar problemas respiratorios, dolencias musculares, infertilidad, convulsiones o parálisis, así como problemas cognitivos, enumeró entre otros.
«Expertos internacionales han documentado a La Oroya como un caso gravísimo, único en el mundo, que requiere medidas urgentes», señaló.
Para los pobladores, «el daño ya está causado y es irreversible (…) No hay vuelta atrás», agregó Ávila.
A su turno, la representación del Estado peruano, liderada por el abogado Carlos Reaño, alegó que «no toda presencia de metales pesados implica un daño a la salud».
Para imputar responsabilidad internacional «debe existir un nexo causal entre los actos reportados y sus consecuencias» y no es el caso, argumentó, pues, según afirmó, las enfermedades no pueden vincularse directamente con la contaminación.
«La relación de causalidad es y ha sido un aspecto usado por la Corte para reparaciones (…) por tanto es posible usarla para una exención de responsabilidad», indicó.
Los siete jueces de la CorteIDH escucharon a las partes en el último día de audiencia pública sobre este caso en Uruguay, donde se lleva a cabo el 153 período ordinario de sesiones del tribunal.
Se espera que dicten sentencia en unos seis meses, antes de los cuales manifestaron su intención de visitar el terreno.
El caso se inició en 2006, cuando un grupo de habitantes de La Oroya demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 remitió el caso a la CorteIDH.
Los demandantes argumentan que el Estado incumplió su obligación de regular y fiscalizar a Doe Run Perú, empresa que operó el complejo metalúrgico desde 1997, y a sus predecesoras, permitiendo que generaran altos niveles de contaminación en detrimento de su salud.
Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco, se declaró en bancarrota en 2009 y fue cedida este año a sus trabajadores, que aspiran a retomar las actividades.
Órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los estados.
Los fallos del tribunal, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
Centroamérica
Bukele cierra 2025 con un 90 % de aprobación, según CID Gallup
El presidente de la república, Nayib Bukele, mantiene un sólido respaldo ciudadano, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de CID Gallup. Según el estudio, nueve de cada diez salvadoreños expresan una opinión positiva sobre el mandatario.
Luis Haug, gerente general de CID Gallup, detalló que el 90 % de la población evalúa favorablemente tanto la labor de Bukele al frente del Ejecutivo como su imagen personal. “Al cierre de 2025 encontramos a un presidente Bukele con un 90 % de aprobación, no solo a nivel de mandatario sino también como persona. Es algo no visto en el país, donde la mayoría de los expresidentes finalizaban sus períodos con cifras mucho menores”, señaló durante una entrevista en el programa Frente a Frente.
Haug comparó estos resultados con los obtenidos por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, quien en este mismo punto de su administración registraba una opinión negativa de 20 puntos. “Hay más de 100 puntos de diferencia entre un índice y otro”, afirmó.
Según el analista, el respaldo ciudadano responde a diversas acciones emprendidas por el Gobierno, especialmente en las áreas de educación y salud. “La gente se muestra bastante satisfecha con las tareas que se han venido implementando”, agregó.
Asimismo, Haug destacó que las actividades impulsadas durante la temporada navideña han tenido una percepción positiva entre la población, ya que las familias cuentan con espacios seguros para compartir durante el día y la noche, sin temor a hechos delictivos.
Internacionales
Trump exige a México cumplir el Tratado de Aguas y advierte sobre riesgos sanitarios en la frontera
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a ejercer presión pública sobre México en medio de las negociaciones bilaterales para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que México debe atender “de inmediato” lo que describió como un problema de “agua y alcantarillado”, al que calificó como “una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y Estados Unidos”. Su publicación estuvo acompañada de un video que denuncia el flujo de aguas residuales sin tratar provenientes de Tijuana hacia el río del mismo nombre. El material acusa que fallas operativas en la principal planta de tratamiento de la ciudad han provocado riesgos sanitarios en comunidades como Imperial Beach y Coronado.
A inicios de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, colocaron la primera piedra para la construcción de una nueva planta de tratamiento, proyecto que quedó bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2022, la Comisión Internacional de Límites y Aguas acordó una inversión conjunta de 500 millones de dólares para atender esta problemática a ambos lados de la frontera.
Las declaraciones de Trump ocurren mientras equipos técnico-diplomáticos de ambos países sostienen reuniones de emergencia para resolver el adeudo hídrico que México mantiene bajo el Tratado de 1944. Washington exige la entrega de 200,000 acres-pie —unos 246 millones de metros cúbicos— antes del 31 de diciembre, bajo la amenaza de imponer un arancel del 5% si no se cumple el plazo.
El gobierno mexicano inició el martes el diálogo con sus contrapartes estadounidenses para alcanzar una solución. Una primera propuesta presentada por México fue rechazada por Washington, que respondió con un nuevo planteamiento esa misma noche. La propuesta fue analizada ayer por la mañana, pero hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si ambas partes lograron un acuerdo.
Internacionales
EE. UU. confisca petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre el Gobierno de Maduro
Estados Unidos confiscó este miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela, informó el presidente Donald Trump, en un nuevo incremento de la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que el buque llevaba años bajo sanciones de Washington por su supuesta participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas Venezuela e Irán. Más tarde, Bondi publicó en X un video donde se observa a personal armado descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la embarcación y avanzando por la cubierta con armas largas.
Bondi afirmó que la operación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra.
La incautación coincidió con la llegada a Oslo de la líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien viajó a Noruega desafiando una prohibición de salida del país.
Trump no ofreció detalles adicionales sobre la operación, limitándose a decir que se llevó a cabo “por muy buena razón” y que su Gobierno publicará más información próximamente. Consultado sobre el destino del petróleo transportado, declaró: “Nos lo quedamos, supongo”.
Un alto funcionario estadounidense confirmó que la incautación se produjo en aguas internacionales y que la operación transcurrió sin incidentes ni heridos entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del barco.
El petrolero, identificado como Skipper, trasladaba crudo venezolano y se dirigía inicialmente a Cuba, aunque su cargamento estaba destinado finalmente a Asia a través de intermediarios cubanos, según el funcionario. Añadió que podrían producirse más operaciones similares en las próximas semanas como parte de la estrategia de presión sobre Maduro.
El Skipper, anteriormente llamado Adisa, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por facilitar el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
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