Centroamérica
Actualizan reglas de ingreso a Costa Rica para salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, chinos y colombianos
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica actualizó una serie de regulaciones de ingresos para personas venezolanas, chinas, colombianas, salvadoreñas y nicaragüenses, ciudadanos que en su mayoría requerían tramitar visas para llegar al país tico, esto de acuerdo con las últimas reglas para ingreso a Costa Rica que fueron emitidas el 8 de agosto de 2022 en el diario oficial La Gaceta.
El Salvador: no requieren visado, pueden ingresar con su pasaporte vigente, el plazo de permanencia otorgado por el oficial de control migratorio costarricense no será mayor al de la vigencia del pasaporte.
Colombia: sí se necesita tramitar visa previamente, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de tres meses y pueden quedarse un máximo de 90 días.
Venezuela: también se requiere visa; Costa Rica aceptará sus pasaportes y correspondientes prórrogas hasta con un día de vigencia al llegar, por efectos de control migratorio de ingreso. Para el estampado de la visa consular o consultada (la que se otorga cuando el interesado no puede presentar la solicitud ante el cónsul de su país de origen o residencia habitual), el pasaporte sí deberá tener una vigencia mínima de tres meses.
China y sus regiones administrativas: las personas requieren visado, pero nacionales de Hong Kong y Macao con pasaportes británicos o portugueses vigentes no requerirán visa y podrán quedarse hasta 90 días. Quien no lleve algunos de los referidos documentos, sí requerirá visa consular. Quedan exentos ciudadanos chinos que porten el llamado «pasaporte de asuntos públicos». Los mayores de edad chinos con pasaportes emitidos en Beijing o Shanghái, podrán excepcionalmente ingresar a Costa Rica bajo la categoría de No Residente, subcategoría Turismo, conforme el trámite establecido en el Protocolo Temporal para la promoción de Turismo de China. El plazo de permanencia para esos visitantes será igual al tiempo de duración del tour adquirido y no puede pasarse de 30 días. Quienes ingresen según esta excepción, tampoco podrán cambiarse de categoría ni subcategoría migratoria.
Nicaragüenses y visados de tránsito: viajeros nicaragüenses requieren visa consular, es decir, sus pasaportes deben tener al menos tres meses de vigencia a su arribo a Costa Rica y su plazo de permanencia legal será hasta de 90 días. Estos ciudadanos también podrán solicitar en los consulados de Costa Rica en Nicaragua y Panamá, visas de tránsito de un solo ingreso o doble, siempre que viajen por razones comerciales o laborales.
Lo anterior abarca actividades agrícolas, de empleo doméstico, construcción, seguridad privada y cuidado de adultos mayores, de personas con discapacidad y de personas menores de edad, con una serie de requisitos:
- Llenar el formulario de solicitud para visa de tránsito y adjuntar el comprobante de pago de los derechos consulares según corresponda.
- Presentar boletos de viaje en los que consten las fechas de ingreso y salida de Costa Rica; en el caso de la visa doble, el boleto del segundo ingreso debe consignar una fecha dentro de los siguientes 90 días.
- Carta del patrono en la que se indique el tiempo laborado, las funciones y el salario. Si el patrono es una persona jurídica, debe adjuntarse además copia del documento que demuestre la existencia legal de la empresa. Los trabajadores independientes deben aportar certificación de ingresos de un Contador Público Autorizado.
- Certificación demostrando que el solicitante no posee antecedentes penales.
Igualmente, podrán optar por visa de tránsito nicaragüenses dependientes de las personas que ingresen por razones comerciales o laborales con vínculo de primer grado con la persona responsable de su manutención (cónyuge, padres, hijos hasta la edad de 25 años).
Para obtener el visado de tránsito, la persona deberá acreditar ese vínculo con un documento idóneo con no más de seis meses de haberse emitido o excepto si el documento trae expresamente una fecha de vencimiento.
Centroamérica
El riesgo país de El Salvador cae a su nivel más bajo desde 2018
El Salvador cerró 2025 con una mejora sostenida en su indicador de riesgo país, de acuerdo con el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), elaborado por el banco de inversión estadounidense J. P. Morgan.
El país inició el año con un EMBI de 388 puntos en enero. Durante el primer semestre se mantuvo relativamente estable, aunque registró un repunte en julio, cuando alcanzó los 418 puntos. A partir de ese mes, el indicador comenzó a descender de forma gradual: en septiembre se ubicó en 375 puntos y en diciembre cerró en 328.
Este último dato representa la cifra más baja registrada por El Salvador desde 2018, cuando entre marzo y abril el indicador se situó en 372 puntos. Economistas atribuyen esta reducción a una serie de estrategias impulsadas por el Estado, entre ellas una gestión más eficiente de pasivos, la recompra de deuda y la consolidación de acuerdos internacionales, como el alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En términos anuales, el EMBI salvadoreño mostró una reducción cercana a los 60 puntos entre enero y diciembre de 2025, reflejando una mejora en la percepción de riesgo por parte de los mercados financieros internacionales.
La tendencia a la baja ya se había comenzado a observar en 2024, año que arrancó con un indicador de 687 puntos y cerró por debajo de los 400. Esta disminución fue atribuida a una estrategia agresiva de manejo de pasivos que incluyó tres recompras de bonos realizadas en julio, octubre y noviembre de ese año.
El índice EMBI es una referencia clave para los inversionistas internacionales, ya que influye en la fijación de precios de las emisiones de deuda soberana y permite monitorear cambios en la percepción de solvencia y liquidez de un país. Así lo destacó en meses recientes el presidente de la República, Nayib Bukele.
“El índice EMBI rastrea la diferencia de rendimientos entre los bonos de mercados emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica el nivel de riesgo de invertir en esos mercados. Cuanto mayor sea el EMBI, mayor será el riesgo percibido”, explicó el mandatario.
Centroamérica
El modelo penitenciario de El Salvador inspira prisiones de alta seguridad en la región
Los resultados del sistema penitenciario de El Salvador, particularmente tras la puesta en marcha del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), han comenzado a influir en las políticas de seguridad de otros países de la región, cuyos gobiernos analizan o implementan prisiones de máxima seguridad inspiradas en el modelo impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Uno de los casos más recientes es Ecuador, donde el pasado 8 de noviembre entró en funcionamiento una nueva cárcel de máxima seguridad, concebida bajo parámetros similares al esquema salvadoreño. Ese día fueron trasladados los primeros reclusos, según informaron medios locales.
El centro penitenciario, denominado Cárcel de Máxima Seguridad del Encuentro, fue construido en menos de dos años tras una promesa del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Está ubicado en la provincia costera de Santa Elena, cuenta con una capacidad para 736 reclusos y su construcción inició en junio de 2024 con una inversión de 52 millones de dólares.
De acuerdo con el medio SWI swissinfo.ch, la prisión se extiende sobre 16.2 hectáreas en una zona inhóspita y boscosa de la costa ecuatoriana, a aproximadamente una hora por carretera desde la ciudad de Guayaquil. Se trata del primer centro carcelario construido en esa provincia.
El presidente Noboa confirmó que los primeros 300 internos trasladados corresponden a los reclusos considerados “más peligrosos” del sistema penitenciario ecuatoriano. El operativo se realizó con el traslado de los presos en 17 autobuses desde el complejo penitenciario de Guayaquil, bajo un fuerte dispositivo de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El procedimiento recordó las imágenes registradas en El Salvador durante los traslados de pandilleros al Cecot, caracterizados por estrictas medidas de control, custodias militares y protocolos de máxima seguridad.
Desde su llegada al poder, Noboa anunció la construcción de dos cárceles de alta seguridad inspiradas en el Cecot, considerado uno de los proyectos más emblemáticos de la estrategia de seguridad salvadoreña y símbolo de la guerra contra las pandillas.
Centroamérica
Plan Control Territorial y régimen de excepción llevan al país a mínimos históricos de homicidios
Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido a las autoridades asestar duros golpes a las estructuras criminales, al tiempo que han contribuido a una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.
De acuerdo con cifras oficiales, estas medidas han derivado en la captura de 90,639 pandilleros y colaboradores, así como en la incautación de 5,162 armas de fuego, 11,822 vehículos y 23,917 teléfonos celulares utilizados por las estructuras delictivas. Paralelamente, los homicidios han registrado una disminución drástica en los últimos años.
En ese contexto, el experto en seguridad pública y criminólogo Ricardo Sosa proyectó que El Salvador cerrará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales, un hecho sin precedentes en los 204 años de vida republicana del país.
“El Salvador finalizará el año 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en su historia. Esto significa que, por primera ocasión, el país no registrará una cifra de tres dígitos en violencia homicida. Se trata de vidas salvadas y de evitar el luto y el dolor en las familias salvadoreñas, un resultado que muchos se resisten a reconocer como fruto del régimen de excepción y del Plan Control Territorial”, afirmó Sosa.
El especialista agregó que este enfoque orientado a la prevención y el control de la violencia también ha tenido impactos en otros ámbitos sociales. Según señaló, el país suma cuatro años sin reportes de asesinatos de estudiantes y ha logrado una reducción significativa en los niveles de deserción escolar, como consecuencia de la mejora en las condiciones de seguridad.
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