Internacionales
Tres días de choques en cárceles de Ecuador dejan 29 muertos y 66 heridos
AFP
Al menos 29 presos muertos y 66 heridos, entre ellos cinco policías, dejan desde el lunes los enfrentamientos en dos penitenciarías de Ecuador, elevando a casi 400 los reclusos fallecidos en masacres carcelarias desde el año pasado a causa de la guerra por el poder entre bandas vinculadas con el narcotráfico.
Los recientes choques entre reos se volvieron a dar en dos de las principales cárceles ecuatorianas, generando en la Defensoría del Pueblo «preocupación frente a la recurrencia de los hechos de violencia».
La Defensoría pidió el jueves en un comunicado atender la «escasa presencia» de guardias en las prisiones del país, con capacidad para unas 30.200 personas pero en las que hay 32.400, según cifras de la entidad que administra las prisiones (SNAI).
En la cárcel Guayas 1 del puerto de Guayaquil, enfrentamientos desatados el miércoles dejaron al menos 13 muertos y 23 heridos, informó el SNAI, que previamente había anunciado cinco fallecidos.
«Las instituciones de seguridad continúan con sus labores en el Centro (penitenciario)», anotó el organismo por Twitter. Una fuerza de 900 policías y militares fue movilizada a esa cárcel ante la revuelta.
El ministerio del Interior anunció que fue «retomado el control» del reclusorio guayaquileño, en el que se mantiene activa la fuerza pública.
Entre los heridos en la Guayas 1 figuran cinco uniformados, que fueron atacados «con armas de fuego mientras intervenían para restablecer el orden», de acuerdo con la policía, que divulgó un video en el que se ve a un agente lesionado cuando está siendo evacuado del lugar por compañeros.
«¡Detengan los traslados!»
El lunes y martes también se dieron choques entre reclusos en la cárcel de la localidad andina de Latacunga, en el centro de Ecuador, dejando 16 reos fallecidos, la mayoría desmembrados, y 43 heridos.
En este caso, la violencia se habría originado por el asesinato de Leandro Norero, un narcotraficante de 36 años conocido con el alias de «El Patrón», que fue detenido en mayo y era buscado por Perú.
El ministro del Interior, Juan Zapata, advirtió el martes que la muerte de Norero podría desencadenar nuevos enfrentamientos entre presos.
Tras la matanza en Latacunga, 135 presos fueron trasladados a otras prisiones por «medidas de seguridad», según la autoridad penitenciaria.
Ese tipo de traslados ha generado en el pasado el rechazo de los presos, ya que generalmente acaban en centros controlados por bandas rivales y derivan en vendettas.
«Los traslados se hacen en medio de caos. Cada traslado expone a la muerte a nuestros seres queridos por la violencia conectada entre prisiones. ¡Detengan los traslados!», señalaron familiares de reclusos en un comunicado divulgado por la oenegé Alianza contra las Prisiones.
Agregaron que cumplir una «sentencia, aunque sea corta, puede ser de muerte» en el país.
A sangre y fuego
Desde los centros de detención, bandas como Los Chone Killers, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones manejan el creciente tráfico de drogas en Ecuador, que en lo que va del año ha decomisado unas 152 toneladas.
Ubicada entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador incautó un récord de 210 toneladas de droga en 2021.
Ese mismo año la tasa de homicidios casi se duplicó al cerrar con 14 asesinatos por cada 100.000 personas.
Las organizaciones criminales, que tienen conexiones con carteles mexicanos, se disputan a sangre y fuego el dominio del negocio. Solo en una masacre murieron 122 presos en Guayas 1 en septiembre de 2021, una de las más atroces ocurridas en América Latina. Otras tres matanzas también se dieron allí.
Los enfrentamientos que se desataron el miércoles en Guayas 1 involucraron a reos de tres de los doce pabellones que albergan unos 6.900 presos y que son parte de un gran complejo penitenciario de cinco cárceles en Guayaquil donde se encuentran 13.100 personas, 20 % más de su capacidad.
Un comité de pacificación creado por el gobierno ante la crisis penitenciaria, que no logró su cometido, señaló en abril que las prisiones ecuatorianas «se consideran bodegas de seres humanos y centros de tortura».
En 2021 la superpoblación carcelaria era de 30 % pero se redujo con indultos presidenciales y la aplicación de beneficios por buena conducta para los presos.
Centroamérica
Bukele cierra 2025 con un 90 % de aprobación, según CID Gallup
El presidente de la república, Nayib Bukele, mantiene un sólido respaldo ciudadano, de acuerdo con los resultados de la última encuesta de CID Gallup. Según el estudio, nueve de cada diez salvadoreños expresan una opinión positiva sobre el mandatario.
Luis Haug, gerente general de CID Gallup, detalló que el 90 % de la población evalúa favorablemente tanto la labor de Bukele al frente del Ejecutivo como su imagen personal. “Al cierre de 2025 encontramos a un presidente Bukele con un 90 % de aprobación, no solo a nivel de mandatario sino también como persona. Es algo no visto en el país, donde la mayoría de los expresidentes finalizaban sus períodos con cifras mucho menores”, señaló durante una entrevista en el programa Frente a Frente.
Haug comparó estos resultados con los obtenidos por el expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, quien en este mismo punto de su administración registraba una opinión negativa de 20 puntos. “Hay más de 100 puntos de diferencia entre un índice y otro”, afirmó.
Según el analista, el respaldo ciudadano responde a diversas acciones emprendidas por el Gobierno, especialmente en las áreas de educación y salud. “La gente se muestra bastante satisfecha con las tareas que se han venido implementando”, agregó.
Asimismo, Haug destacó que las actividades impulsadas durante la temporada navideña han tenido una percepción positiva entre la población, ya que las familias cuentan con espacios seguros para compartir durante el día y la noche, sin temor a hechos delictivos.
Internacionales
Trump exige a México cumplir el Tratado de Aguas y advierte sobre riesgos sanitarios en la frontera
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, volvió a ejercer presión pública sobre México en medio de las negociaciones bilaterales para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que México debe atender “de inmediato” lo que describió como un problema de “agua y alcantarillado”, al que calificó como “una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y Estados Unidos”. Su publicación estuvo acompañada de un video que denuncia el flujo de aguas residuales sin tratar provenientes de Tijuana hacia el río del mismo nombre. El material acusa que fallas operativas en la principal planta de tratamiento de la ciudad han provocado riesgos sanitarios en comunidades como Imperial Beach y Coronado.
A inicios de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, colocaron la primera piedra para la construcción de una nueva planta de tratamiento, proyecto que quedó bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2022, la Comisión Internacional de Límites y Aguas acordó una inversión conjunta de 500 millones de dólares para atender esta problemática a ambos lados de la frontera.
Las declaraciones de Trump ocurren mientras equipos técnico-diplomáticos de ambos países sostienen reuniones de emergencia para resolver el adeudo hídrico que México mantiene bajo el Tratado de 1944. Washington exige la entrega de 200,000 acres-pie —unos 246 millones de metros cúbicos— antes del 31 de diciembre, bajo la amenaza de imponer un arancel del 5% si no se cumple el plazo.
El gobierno mexicano inició el martes el diálogo con sus contrapartes estadounidenses para alcanzar una solución. Una primera propuesta presentada por México fue rechazada por Washington, que respondió con un nuevo planteamiento esa misma noche. La propuesta fue analizada ayer por la mañana, pero hasta el cierre de esta edición no se había confirmado si ambas partes lograron un acuerdo.
Internacionales
EE. UU. confisca petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre el Gobierno de Maduro
Estados Unidos confiscó este miércoles un petrolero frente a las costas de Venezuela, informó el presidente Donald Trump, en un nuevo incremento de la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela”, dijo Trump. “Un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que el buque llevaba años bajo sanciones de Washington por su supuesta participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas Venezuela e Irán. Más tarde, Bondi publicó en X un video donde se observa a personal armado descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la embarcación y avanzando por la cubierta con armas largas.
Bondi afirmó que la operación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra.
La incautación coincidió con la llegada a Oslo de la líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien viajó a Noruega desafiando una prohibición de salida del país.
Trump no ofreció detalles adicionales sobre la operación, limitándose a decir que se llevó a cabo “por muy buena razón” y que su Gobierno publicará más información próximamente. Consultado sobre el destino del petróleo transportado, declaró: “Nos lo quedamos, supongo”.
Un alto funcionario estadounidense confirmó que la incautación se produjo en aguas internacionales y que la operación transcurrió sin incidentes ni heridos entre el personal estadounidense ni entre la tripulación del barco.
El petrolero, identificado como Skipper, trasladaba crudo venezolano y se dirigía inicialmente a Cuba, aunque su cargamento estaba destinado finalmente a Asia a través de intermediarios cubanos, según el funcionario. Añadió que podrían producirse más operaciones similares en las próximas semanas como parte de la estrategia de presión sobre Maduro.
El Skipper, anteriormente llamado Adisa, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por facilitar el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
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