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Chile sumergido en su laberinto constitucional

Foto: Javier Torres / AFP

AFP | Paulina Abramovich

Chile está sumergido en negociaciones para lanzar un nuevo proceso Constitucional, pero a casi un mes de la contundente derrota en las urnas de la propuesta de nueva Carta Magna, no logra encontrar una fórmula de consenso entre una élite política cada vez más polarizada.

Conocido el resultado electoral del plebiscito del 4 de septiembre, que por un 62 % rechazó la propuesta de nueva Constitución que buscaba reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), los partidos políticos comprometieron un rápido acuerdo para establecer un nuevo itinerario electoral.

Pero transcurridas varias rondas de negociaciones y cerca de un mes después del referéndum, no hay aún un acuerdo sobre los llamados «bordes» (límites) o nuevos principios generales que regirían al nuevo proceso: cuál será el órgano que redacte la nueva Carta Magna, quiénes lo integrarían y en qué plazos realizará su trabajo, entre otros aspectos.

«Es un momento bastante prematuro para decir que tenemos cerrado un nuevo proceso constituyente en Chile. Estamos en lo que son las etapas preliminares», dijo a la AFP el politólogo de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza.

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Los extremos políticos, tanto desde la izquierda como la derecha, han agudizado los argumentos a favor y en contra del proceso, haciendo más difícil llegar a consensos.

«La complejidad que tiene este proceso es que por ambos lados, tanto la izquierda extrema como la derecha extrema, generan costos para que este acuerdo sea posible», dice a la AFP el politólogo de la Universidad de Santiago, Marcello Mella.

«Y aíslar a los extremos requiere su tiempo», agrega este analista.

«Bordes» o límites

La oposición de derecha -en minoría y sin poder de decisión en la Convención Constitucional que redactó la fracasada nueva Carta Magna- se apropió del contundente triunfo del «Rechazo» y estableció una serie de límites y condiciones para relanzar un nuevo proceso constitucional, entre ellos que no se trate de un texto «refundacional» como considera que fue el anterior.

«Ni siquiera el más optimista del mundo del ‘Rechazo’ pensó que la diferencia (electoral) del plebiscito de salida iba a ser tan grande, y eso fortaleció la postura de los sectores mas duros», dijo Rodrigo Espinoza, para explicar la demora en llegar a acuerdos.

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La coalición opositora propone que haya asuntos que se respeten en el proceso constituyente futuro como la «unidad de la nación chilena; la existencia de tres poderes del Estado autónomos e independientes; la existencia de un Congreso bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado y la protección del derecho a la vida».

La propuesta contradice aspectos consagrados en la fracasada propuesta constitucional, que establecía el derecho al aborto y terminaba después de 200 años con el Senado de la República (y lo sustituía por una cámara de las regiones). Establecía, además, un Estado plurinacional, con el reconocimiento de 11 naciones originarias.

«Sin principios ordenadores, es muy difícil que la ciudadanía perciba que este proceso es diferente al que fracasó rotundamente el 4 de septiembre», explico el senador y presidente del ultraconservador partido Unión Demócrata Indepeniente UDI, Javier Macaya. 

Contenido del acuerdo

El presidente Gabriel Boric pidió también un proceso constituyente «con bordes más claros» que el anterior, que partió de una hoja en blanco, aunque con límites distintos a los que propone la derecha.

«No pretendo pautear cómo los congresistas tienen que llegar al contenido de este acuerdo» pero «hay cosas evidentes. Uno: el pueblo chileno se pronunció mayoritariamente en el plebiscito de (de octubre de) 2020 por una nueva Constitución escrita por un órgano 100% electo para ese fin», afirmó el mandatario.

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Todavía las coaliciones políticas no fijan los mínimos comunes, aunque hay señales de acuerdo para que sea redactado por un órgano paritario, con votaciones regulares y acompañado por una comisión de expertos, la que no operó en el proceso anterior.

Este viernes, cinco representantes del oficialismo y de la oposición se reunían para seguir con las conversaciones.

¿Podría quedar en nada el proceso?

«Es posible que esto pudiera quedar en nada, pero hay un temor de que pudiera revivir el ‘octubrismo’», advere Espiniza, en referencia a las masivas manifestaciones sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019 y que dieron inicio al primer y fracasado proceso constitucional.

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Internacionales

Violencia en México repunta: sube la tasa de homicidios tras tres años de descensos

La tasa de homicidios en México cerró 2024 en 25,6 por cada 100.000 habitantes, rompiendo una racha de tres años consecutivos de descensos y marcando los últimos nueve meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El índice fue superior al de 24 por cada 100.000 reportado en 2023, aunque se mantuvo por debajo de las cifras de 2022 (26), 2021 (28) y de los años 2018, 2019 y 2020, cuando alcanzó 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto registrado en la historia reciente del país.

El Inegi reportó además un aumento anual del 6,7 % en el número absoluto de asesinatos, con 33.241 casos en 2024, frente a los 31.062 del año anterior. Sin embargo, esta cifra sigue siendo ligeramente inferior a los 33.287 homicidios de 2022 y está por debajo de los picos registrados en 2020 (36.773), 2019 (36.661) y 2018 (36.685).

En total, México acumuló 206.724 homicidios en los últimos seis años, la mayoría durante el sexenio de López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y dejó el cargo el 1 de octubre de 2024, cuando fue sucedida por Claudia Sheinbaum.

A diferencia de los datos del Gobierno, que se basan en carpetas de investigación de las fiscalías, las estadísticas del Inegi provienen de registros administrativos de defunciones de los estados, incluyendo 321 oficialías del Registro Civil, 105 servicios médicos forenses y 236 agencias del Ministerio Público.

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Internacionales

Trump concede a México 90 días más antes de la nueva subida arancelaria

México obtuvo un respiro luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un aplazamiento de 90 días en la subida de aranceles, a pocas horas de que venciera el plazo para negociar acuerdos comerciales con Washington.

Mientras economías como Brasil e India no lograron pactar con la Casa Blanca para evitar los nuevos gravámenes, Trump optó por dar un margen a México tras lo que calificó como una “conversación telefónica muy exitosa” con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo, con miras a firmar un trato dentro de ese plazo, o incluso más”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Pese a la prórroga, México continuará pagando el 25 % de arancel que Trump impuso como medida de presión para combatir el tráfico de fentanilo, así como el 25 % a los automóviles y autopartes que no se produzcan en EE. UU., el 50 % al acero y aluminio y, a partir de este viernes, un 50 % al cobre.

Trump, de 79 años, advirtió que la nueva fecha límite, el 1.º de agosto, será “inaplazable”, aunque dejó abierta la posibilidad de un acuerdo “dentro o incluso después” de los 90 días, con la mira puesta en imponer un “nuevo orden comercial mundial”.

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Centroamérica

Cancillería firma acuerdo con Labormex para ampliar empleos temporales en EE. UU.

La canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, firmó un acuerdo con la reclutadora estadounidense Labormex para ampliar las oportunidades laborales de los salvadoreños en el exterior a través del programa de Movilidad Laboral, que impulsa el Gobierno salvadoreño en colaboración con Estados Unidos.

Con esta alianza, la empresa seleccionará a personas con diferentes talentos y experiencias registradas en el programa, de acuerdo con la demanda de compañías estadounidenses que visiten el país en busca de trabajadores calificados.

El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Asocio Estratégico de Labormex, Brian Gannon, destacó que la iniciativa es “un avance enorme en la forma en que los gobiernos pueden apoyar a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, resolver los desafíos laborales para los empleadores internacionales”.

Por su parte, la ministra Hill Tinoco afirmó que este esfuerzo refuerza el compromiso de El Salvador con una migración segura, ordenada y regular, en beneficio de la población.

Desde su creación en 2021, el programa de Movilidad Laboral ha permitido la contratación temporal en Estados Unidos de más de 17,500 salvadoreños en sectores como pesca, construcción, hostelería, servicios al cliente y agricultura.

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