Internacionales
Chile sumergido en su laberinto constitucional

AFP | Paulina Abramovich
Chile está sumergido en negociaciones para lanzar un nuevo proceso Constitucional, pero a casi un mes de la contundente derrota en las urnas de la propuesta de nueva Carta Magna, no logra encontrar una fórmula de consenso entre una élite política cada vez más polarizada.
Conocido el resultado electoral del plebiscito del 4 de septiembre, que por un 62 % rechazó la propuesta de nueva Constitución que buscaba reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), los partidos políticos comprometieron un rápido acuerdo para establecer un nuevo itinerario electoral.
Pero transcurridas varias rondas de negociaciones y cerca de un mes después del referéndum, no hay aún un acuerdo sobre los llamados «bordes» (límites) o nuevos principios generales que regirían al nuevo proceso: cuál será el órgano que redacte la nueva Carta Magna, quiénes lo integrarían y en qué plazos realizará su trabajo, entre otros aspectos.
«Es un momento bastante prematuro para decir que tenemos cerrado un nuevo proceso constituyente en Chile. Estamos en lo que son las etapas preliminares», dijo a la AFP el politólogo de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza.
Los extremos políticos, tanto desde la izquierda como la derecha, han agudizado los argumentos a favor y en contra del proceso, haciendo más difícil llegar a consensos.
«La complejidad que tiene este proceso es que por ambos lados, tanto la izquierda extrema como la derecha extrema, generan costos para que este acuerdo sea posible», dice a la AFP el politólogo de la Universidad de Santiago, Marcello Mella.
«Y aíslar a los extremos requiere su tiempo», agrega este analista.
«Bordes» o límites
La oposición de derecha -en minoría y sin poder de decisión en la Convención Constitucional que redactó la fracasada nueva Carta Magna- se apropió del contundente triunfo del «Rechazo» y estableció una serie de límites y condiciones para relanzar un nuevo proceso constitucional, entre ellos que no se trate de un texto «refundacional» como considera que fue el anterior.
«Ni siquiera el más optimista del mundo del ‘Rechazo’ pensó que la diferencia (electoral) del plebiscito de salida iba a ser tan grande, y eso fortaleció la postura de los sectores mas duros», dijo Rodrigo Espinoza, para explicar la demora en llegar a acuerdos.
La coalición opositora propone que haya asuntos que se respeten en el proceso constituyente futuro como la «unidad de la nación chilena; la existencia de tres poderes del Estado autónomos e independientes; la existencia de un Congreso bicameral compuesto por una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado y la protección del derecho a la vida».
La propuesta contradice aspectos consagrados en la fracasada propuesta constitucional, que establecía el derecho al aborto y terminaba después de 200 años con el Senado de la República (y lo sustituía por una cámara de las regiones). Establecía, además, un Estado plurinacional, con el reconocimiento de 11 naciones originarias.
«Sin principios ordenadores, es muy difícil que la ciudadanía perciba que este proceso es diferente al que fracasó rotundamente el 4 de septiembre», explico el senador y presidente del ultraconservador partido Unión Demócrata Indepeniente UDI, Javier Macaya.
Contenido del acuerdo
El presidente Gabriel Boric pidió también un proceso constituyente «con bordes más claros» que el anterior, que partió de una hoja en blanco, aunque con límites distintos a los que propone la derecha.
«No pretendo pautear cómo los congresistas tienen que llegar al contenido de este acuerdo» pero «hay cosas evidentes. Uno: el pueblo chileno se pronunció mayoritariamente en el plebiscito de (de octubre de) 2020 por una nueva Constitución escrita por un órgano 100% electo para ese fin», afirmó el mandatario.
Todavía las coaliciones políticas no fijan los mínimos comunes, aunque hay señales de acuerdo para que sea redactado por un órgano paritario, con votaciones regulares y acompañado por una comisión de expertos, la que no operó en el proceso anterior.
Este viernes, cinco representantes del oficialismo y de la oposición se reunían para seguir con las conversaciones.
¿Podría quedar en nada el proceso?
«Es posible que esto pudiera quedar en nada, pero hay un temor de que pudiera revivir el ‘octubrismo’», advere Espiniza, en referencia a las masivas manifestaciones sociales que estallaron el 18 de octubre de 2019 y que dieron inicio al primer y fracasado proceso constitucional.
Centroamérica
Costa Rica y Ecuador replican el modelo Cecot ante el auge del crimen organizado

Costa Rica y Ecuador avanzan en la construcción de nuevas cárceles con capacidad para albergar hasta 5,000 reclusos, inspiradas en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia de combate a las pandillas.
El Cecot, inaugurado como parte del Plan Control Territorial y reforzado con el régimen de excepción desde marzo de 2022, tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente aloja a más de 15,000 pandilleros de alta peligrosidad pertenecientes a diversas estructuras criminales.
La decisión de replicar este modelo responde al aumento sostenido de la violencia en ambos países. En el caso de Costa Rica, el 2024 cerró con 880 homicidios, una cifra sin precedentes en su historia reciente y una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El informe detalla que el 70 % de estos asesinatos se relacionan con ajustes de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Además, el 41 % de las víctimas eran personas menores de 30 años, entre ellos 38 menores de edad. Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido señaladas como las zonas más afectadas, debido al ingreso de cargamentos de droga provenientes del sur del continente.
Frente a este escenario, tanto el gobierno costarricense como el ecuatoriano han enviado delegaciones a El Salvador para conocer de cerca la experiencia salvadoreña en materia de seguridad y control penitenciario, con el objetivo de implementar medidas similares que permitan contener la escalada de criminalidad.
Deportes
Trump impone mano dura migratoria para el Mundial de Clubes

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos ha reforzado sus políticas migratorias de cara al Mundial de Clubes 2025, que se celebra del 14 de junio al 13 de julio. Las autoridades han lanzado un mensaje claro: los turistas son bienvenidos para disfrutar del evento, pero deberán abandonar el país al finalizar su estancia autorizada.
Desde la implementación de listas negras con miles de personas vetadas hasta la advertencia directa de deportación para quienes se queden más tiempo del permitido, el Gobierno estadounidense ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad para evitar abusos migratorios durante el torneo.
“Queremos que vengan, que celebren, que vean el partido, pero cuando se acabe, tendrán que irse a casa”, afirmó el vicepresidente JD Vance en una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump, el titular de la FIFA Gianni Infantino y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El endurecimiento de las restricciones ha generado inquietud entre los millones de fanáticos del fútbol que llegarán al país, muchos de ellos provenientes de América Latina. En este contexto, Argentina ha brindado su apoyo al compartir con Estados Unidos una lista con más de 15.000 personas vetadas de asistir a eventos deportivos, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.
La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, explicó el mes pasado que esta medida busca evitar que individuos con antecedentes en violencia deportiva puedan ingresar a EE.UU. durante el torneo.
Internacionales
Gustavo Petro denuncia complot de extrema derecha en Colombia y EE.UU. para derrocarlo

El presidente colombiano Gustavo Petro denunció el miércoles que «personas de extrema derecha» en Colombia y Estados Unidos estarían planeando un golpe de Estado en su contra, en medio de un contexto de violencia interna y tensiones diplomáticas.
La denuncia fue realizada durante un acto público en Cali, donde Petro retomó acusaciones similares hechas por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien señaló al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio como supuesto instigador del complot. Petro mencionó que existe comunicación entre sectores extremistas colombianos y estadounidenses, y afirmó tener pruebas del plan, aunque no las presentó públicamente.
Estas declaraciones ocurren en un momento delicado, con recientes ataques violentos en Colombia y cuestionamientos sobre la renovación de la certificación de Colombia como aliado contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. Además, la relación bilateral se ha visto afectada por los acercamientos de Colombia hacia China y políticas internas del gobierno de Petro.
Varios actores políticos colombianos han pedido al mandatario moderar su discurso para evitar incrementar la polarización.
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