Centroamérica

Dos franco-nicaragüenses detenidas en Nicaragua, según ONG

AFP

Dos mujeres con doble nacionalidad francesa y nicaragüense fueron detenidas el martes por la policía de Nicaragua cuando buscaban a un familiar, según informó una ONG nicaragüense exiliada en Costa Rica.

«Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, y su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa fueron detenidas» el martes, dijo la ONG «Nicaragua Nunca mas» que funciona en Costa Rica.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, dijo que «sigue cerca la situación de nuestras dos compatriotas y nos hemos puesto en contacto con las autoridades nicaragüenses»

«La embajada está totalmente movilizada, en conjunto con la oficina consular en Costa Rica», según el comunicado divulgado este sábado en París.

Las autoridades de Nicaragua no informaron recientemente sobre detenciones.

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«Nicaragua Nunca Más», dijo que las autoridades irrumpieron de noche en la vivienda de la familia Álvarez Horvilleur, en busca del esposo y padre, Javier Álvarez, quien salió al exilio, y al no encontrarlo se llevaron a las mujeres.

La entidad no explicó la razones del exilio de Álvarez.

El organismo además recibió la denuncia de que el viernes también fue detenido el esposo de Ana Álvarez, Félix Roiz.

No regresará a Nicaragua

Álvarez, quien dijo estar en Costa Rica, en declaraciones al medio digital 100% Noticias, se dijo «alarmado» por lo que sucede con su familia y responsabilizó al gobierno por lo que le suceda.

Aunque se declara opositor por no gustarle el gobierno, Álvarez dijo desconocer por qué lo busca la policía ya que no participa en política y -según él- las autoridades han puesto su regreso al país como condición para liberar a sus familiares.

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«No voy a regresar a Nicaragua…mi vida corre peligro si regreso (…) hay una objetividad, una acción específica hacia mi persona que no entiendo de dónde viene», añadió.

Nicaragua vive en tensión política desde hace cuatro años cuando la oposición salió a las calles reclamar la renuncia del presidente izquierdista Daniel Ortega en manifestaciones que dejaron manos 350 muertos.

Organismos de derechos humanos y familiares, estiman que al menos 200 personas, entre opositores y críticos al gobierno, están detenidos y acusados de traición a la patria y menoscabo de la soberanía.

Ortega, un exguerrillero de 76 años, que gobierna desde 2007, acusa sus rivales de haber intentado un golpe de estado en 2018 con ayuda de Washington.

En 2021, Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo en una elección en la que todos sus principales oponentes estuvieron ausentes, al haber sido arrestados u obligados a exiliarse

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Centroamérica

Arzobispo de Tegucigalpa pide a políticos priorizar empleo y combate a la violencia

El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política hondureña a priorizar la solución de los “problemas fundamentales” del país, como el desempleo y la violencia, durante la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para los católicos.

Ante centenares de fieles reunidos en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital, el prelado subrayó que la población espera que los dirigentes “vayan todos juntos, los políticos primero”, a resolver los principales desafíos nacionales.

Llamado a la convivencia y al diálogo

Nácher exhortó a la sociedad a dejar atrás la “tensión” y la “preocupación constante”, e invitó a los ciudadanos a aprender a convivir, resolver conflictos y buscar soluciones de manera conjunta.

El arzobispo advirtió que problemáticas como la falta de oportunidades laborales y la violencia —especialmente la intrafamiliar— deben enfrentarse colectivamente, con responsabilidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

La celebración del Miércoles de Ceniza marca el comienzo del período de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico.

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Centroamérica

Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.

Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.

Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado

De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.

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Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.

El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.

Centroamérica

Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.

Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.

Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.

Personas vinculadas al caso

El monto fue incautado a:

Santos Elías Guardado Flores
William Arnoldo Hernández Navidad
José Luis González Villalobos

Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.

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Otro caso reciente

Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.

En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.

Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.