Centroamérica
Fiscalía panameña pide juzgar a expresidentes Martinelli y Varela por blanqueo para Odebrecht
AFP | por Juan José Rodríguez
La fiscalía panameña solicitó este viernes enviar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a los que acusa de blanquear capitales provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos millonarios en el país centroamericano.
Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 a 2014.
La investigación «deja claro que Martinelli tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los dineros que estaba recibiendo» de la constructora, dice la vista fiscal leída durante una audiencia previa.
Además, «existió toda una estructura ilícita conformada por Martinelli, quien tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas que llevaba a cabo la empresa Odebrecht para cumplir con las coimas solicitadas dentro de su gobierno», añade la fiscalía.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Brooklyn de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos sobre todo de América Latina para conseguir obras de infraestructuras principalmente.
La empresa reconoció haber pagado en Panamá sobornos por un monto de 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.
Los hijos del expresidente, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de la multinacional brasileña mientras su padre era presidente del país.
Sin embargo, el exmandatario asegura que no recibió «ningún real mal habido» y que todo se trata de «un circo político» para evitar que se presente a las elecciones de 2024.
Según la fiscalía, en algunas de las obras realizadas por la compañía brasileña durante el gobierno de Martinelli «se dieron sobrecostos», por lo que pidió a la jueza de la causa que lo procese «como posible infractor de un delito de blanqueo de capitales».
En Panamá, Odebrecht construyó las dos líneas del metro del área metropolitana, la ampliación del aeropuerto Internacional de Tocumen y varios tramos del paseo marítimo de la capital panameña, entre otras obras millonarias.
Varela, también acusado
La Fiscalía Especial Anticorrupción también pidió juzgar al expresidente Varela porque «existen suficientes medios probatorios que permiten acreditar la vinculación» del exmandatario «con el delito de blanqueo de capitales».
Varela habría recibido dinero de Odebrecht cuando fungía como presidente del Partido Panameñista (derecha).
Según las acusaciones, el partido del exgobernante habría recibido 10 millones de dólares de la multinacional brasileña para campañas políticas.
Las cuentas, según la fiscalía, fueron creadas «para beneficiar y traspasar fondos a terceras personas como Juan Carlos Varela».
El exmandatario, que fue vicepresidente durante el gobierno de Martinelli, reconoció haber recbido dinero de Odebrecht para financiar la campaña electoral de 2009, pero no mientras fue presidente del país.
Sin embargo, la fiscalía asegura que Varela también habría recibido pagos «cuando ya mantenía el cargo de presidente constitucional de Panamá» y cuando era vicepresidente, en momentos en que Odebrecht «se beneficiaba con la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas de gran envergadura e impacto social».
«Última oportunidad» para la justicia
La fórmula Martinelli-Varela, ambos empresarios, arrasó en las elecciones de 2009 con un duro discurso contra la corrupción, se transformaron en enemigo políticos desde 2011, después de que Martinelli cesara a Varela en su cargo de canciller.
Tras su salida del poder, Martinelli ha sido investigado por múltiples escándalos de corrupción, aunque en 2021 fue absuelto por segunda vez en un juicio por espionaje y malversación de fondos públicos durante su mandato.
También se le investiga por la presunta compra de un grupo editorial con dinero público durante su gobierno.
En los últimos cuatro años se han abierto cerca de 30 casos por corrupción en Panamá, pero no han habido condenas contra altos funcionarios o los casos se han caído por fallas en los procesos.
El caso Odebrecht «representa probablemente la última oportunidad para que la impunidad no destruya la democracia», dijo a la AFP la presidenta de Transparencia Internacional de Panamá, Lina Vega.
«Escuchar la vista fue un ejercicio doloroso, al comprobar el grado de descomposición de la sociedad panameña», agregó.
La fiscalía pidió también enjuiciar por el caso Odebrecht a otras 48 personas, entre ellas varios exministros.
«Tenemos pruebas sólidas», declaró a periodistas la Fiscal Superior Anticorrupción, Ruth Morcillo.
Centroamérica
Diciembre continúa sin muertes violentas y el país alcanza 282 jornadas sin homicidios
El pasado viernes 5 de diciembre finalizó sin registrar homicidios a nivel nacional, por lo que el presente mes continúa sin muertes a causa de la violencia, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), divulgadas la madrugada de este sábado.
Con esta nueva jornada, El Salvador acumula un total de 282 días sin homicidios en lo que va del año. El desglose mensual de estas cifras refleja cinco días sin asesinatos en diciembre; 26 en noviembre; 24 en octubre; 23 en septiembre; 27 en agosto; 29 en julio; 25 en junio; además de 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril y 25 en mayo.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte del combate frontal contra las pandillas.
Desde que Bukele asumió la Presidencia en 2019, el país ha registrado un total de 1,076 jornadas sin muertes violentas, de las cuales 966 corresponden al período bajo el régimen de excepción.
El impacto de estas políticas también se refleja en la reducción histórica de la tasa de homicidios. El índice pasó de 106.3 muertes por cada 100,000 habitantes en 2015, a 38 en 2019, hasta descender a 1.9 en 2024. Para el presente año, las proyecciones oficiales apuntan a cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.
Centroamérica
Al menos 62 presos políticos siguen encarcelados en Nicaragua, incluidos 18 adultos mayores
Al menos 62 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen actualmente detenidos en las cárceles del país, entre ellos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con un informe de dicho organismo —cuyos datos cuentan con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, 28 de los detenidos se encuentran en condición de desaparición forzada. “La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento”, advirtió la organización.
Del total de 62 personas privadas de libertad por motivos políticos, 6 son mujeres y 56 hombres, incluidos 10 detenidos antes del inicio de la crisis sociopolítica de 2018, precisó el Mecanismo.
La cifra representa una disminución en comparación con el reporte anterior, que contabilizaba 77 prisioneros políticos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó la organización.
En la lista actualizada figura el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, quien permanece bajo confinamiento domiciliario impuesto por la Policía desde el 8 de marzo pasado, así como el exasesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero. Ruiz, uno de los nueve comandantes de la antigua Dirección Nacional Sandinista (1979–1990), es además el detenido de mayor edad, con 81 años.
También aparecen entre los adultos mayores privados de libertad los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.
El Mecanismo, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, abogados y redes de activistas, advirtió que el número real de detenidos podría ser mayor, ya que muchas familias no denuncian los casos por temor a represalias.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, que se agravó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Dichos comicios se realizaron con sus principales contendientes encarcelados, quienes posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, acusados de “golpismo” y “traición a la patria”.
Centroamérica
CNE pide calma a candidatos tras denuncia de “cambio de datos” en el conteo electoral
La presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, hizo este jueves un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse “desde la tranquilidad”, luego de que el aspirante conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino “cambio de datos” en los ajustados resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo.
“Candidatos y candidatas, en momentos como estos, cuando el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, expresó Hall durante una comparecencia ante la prensa.
La funcionaria también pidió a los aspirantes “confianza” y “respeto” hacia el ente electoral. Si bien reconoció la tensión y la urgencia que se vive en el actual contexto, advirtió que “la prisa a veces es enemiga de la legitimidad”.
Hall defendió además el trabajo del CNE durante el escrutinio preliminar y subrayó que los resultados que se entreguen serán “definitivos”, ya que el conteo se encuentra bajo dos procesos especiales de contingencia, destinados a verificar las actas y documentos que no pudieron ser procesados o transmitidos.
“El Consejo Nacional Electoral avanza de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las juntas receptoras de votos”, afirmó por su parte la consejera Cossette López-Osorio.
Según explicó el organismo, uno de estos procesos contempla actas que fueron procesadas, pero no transmitidas desde los centros de votación, mientras que el segundo abarca documentos que no fueron procesados ni enviados por las juntas receptoras.
Las declaraciones de Hall se producen luego de que Nasralla denunciara este jueves un supuesto “cambio de datos” durante el conteo preliminar de la madrugada, cuando —según indicó— “se apagó la pantalla” del portal de resultados, lo que habría favorecido a su rival Nasry Asfura. Por ello, solicitó investigar a la empresa ASD, responsable de administrar la plataforma donde se proyectan los resultados.
“Cualquier análisis sobre una eventual responsabilidad de la empresa señalada debe realizarse posteriormente. En este momento lo prioritario es concluir la elección. Les aseguro que seremos rigurosos en ello”, enfatizó Hall.
La denuncia se conoció después de que este jueves los resultados preliminares volvieran a cambiar de tendencia. Con el 86,62 % de las actas escrutadas, Asfura, candidato del Partido Nacional respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera ahora el conteo con 1.116.891 votos (40,25 %), mientras que Nasralla se ubica en segundo lugar con 1.093.302 sufragios (39,40 %).
Ambos aspirantes conservadores se han alternado en la cima del conteo desde el inicio del escrutinio, que ha estado marcado por interrupciones técnicas, según el CNE. Entretanto, la ciudadanía hondureña permanece a la expectativa de conocer al virtual ganador de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
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