Centroamérica
Fiscalía panameña pide juzgar a expresidentes Martinelli y Varela por blanqueo para Odebrecht
AFP | por Juan José Rodríguez
La fiscalía panameña solicitó este viernes enviar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a los que acusa de blanquear capitales provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado sobornos millonarios en el país centroamericano.
Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de Odebrecht a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 a 2014.
La investigación «deja claro que Martinelli tenía pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los dineros que estaba recibiendo» de la constructora, dice la vista fiscal leída durante una audiencia previa.
Además, «existió toda una estructura ilícita conformada por Martinelli, quien tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas que llevaba a cabo la empresa Odebrecht para cumplir con las coimas solicitadas dentro de su gobierno», añade la fiscalía.
En 2016, Odebrecht se declaró culpable ante un tribunal de Brooklyn de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos sobre todo de América Latina para conseguir obras de infraestructuras principalmente.
La empresa reconoció haber pagado en Panamá sobornos por un monto de 59 millones de dólares a cambio de la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas.
Los hijos del expresidente, Ricardo y Luis Enrique Martinelli, están encarcelados en Estados Unidos tras declararse culpables de recibir 28 millones de dólares en sobornos de la multinacional brasileña mientras su padre era presidente del país.
Sin embargo, el exmandatario asegura que no recibió «ningún real mal habido» y que todo se trata de «un circo político» para evitar que se presente a las elecciones de 2024.
Según la fiscalía, en algunas de las obras realizadas por la compañía brasileña durante el gobierno de Martinelli «se dieron sobrecostos», por lo que pidió a la jueza de la causa que lo procese «como posible infractor de un delito de blanqueo de capitales».
En Panamá, Odebrecht construyó las dos líneas del metro del área metropolitana, la ampliación del aeropuerto Internacional de Tocumen y varios tramos del paseo marítimo de la capital panameña, entre otras obras millonarias.
Varela, también acusado
La Fiscalía Especial Anticorrupción también pidió juzgar al expresidente Varela porque «existen suficientes medios probatorios que permiten acreditar la vinculación» del exmandatario «con el delito de blanqueo de capitales».
Varela habría recibido dinero de Odebrecht cuando fungía como presidente del Partido Panameñista (derecha).
Según las acusaciones, el partido del exgobernante habría recibido 10 millones de dólares de la multinacional brasileña para campañas políticas.
Las cuentas, según la fiscalía, fueron creadas «para beneficiar y traspasar fondos a terceras personas como Juan Carlos Varela».
El exmandatario, que fue vicepresidente durante el gobierno de Martinelli, reconoció haber recbido dinero de Odebrecht para financiar la campaña electoral de 2009, pero no mientras fue presidente del país.
Sin embargo, la fiscalía asegura que Varela también habría recibido pagos «cuando ya mantenía el cargo de presidente constitucional de Panamá» y cuando era vicepresidente, en momentos en que Odebrecht «se beneficiaba con la adjudicación de contratos para la construcción de obras públicas de gran envergadura e impacto social».
«Última oportunidad» para la justicia
La fórmula Martinelli-Varela, ambos empresarios, arrasó en las elecciones de 2009 con un duro discurso contra la corrupción, se transformaron en enemigo políticos desde 2011, después de que Martinelli cesara a Varela en su cargo de canciller.
Tras su salida del poder, Martinelli ha sido investigado por múltiples escándalos de corrupción, aunque en 2021 fue absuelto por segunda vez en un juicio por espionaje y malversación de fondos públicos durante su mandato.
También se le investiga por la presunta compra de un grupo editorial con dinero público durante su gobierno.
En los últimos cuatro años se han abierto cerca de 30 casos por corrupción en Panamá, pero no han habido condenas contra altos funcionarios o los casos se han caído por fallas en los procesos.
El caso Odebrecht «representa probablemente la última oportunidad para que la impunidad no destruya la democracia», dijo a la AFP la presidenta de Transparencia Internacional de Panamá, Lina Vega.
«Escuchar la vista fue un ejercicio doloroso, al comprobar el grado de descomposición de la sociedad panameña», agregó.
La fiscalía pidió también enjuiciar por el caso Odebrecht a otras 48 personas, entre ellas varios exministros.
«Tenemos pruebas sólidas», declaró a periodistas la Fiscal Superior Anticorrupción, Ruth Morcillo.
Centroamérica
Protección Civil refuerza medidas en playas y eventos religiosos durante Plan Vacaciones 2025
Como parte del Plan Vacaciones 2025, las instituciones que integran la Comisión Nacional de Protección Civil han desplegado una serie de actividades en todo el país para salvaguardar a la población durante este período festivo. Entre las acciones se incluyen asistencia a turistas en playas, inspecciones de seguridad en establecimientos y presencia en eventos religiosos.
El subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, informó que se han desplegado 342 guardavidas en 31 playas, siete parques y dos lagos, reforzando la cobertura preventiva en los principales destinos turísticos.
Además, Protección Civil participa activamente en las celebraciones religiosas de San Salvador, con personal ubicado estratégicamente desde la salida hasta el ingreso de las procesiones, brindando asistencia, orientación e hidratación a los asistentes.
“Contamos con puntos de control y atención prehospitalaria, y el Equipo Táctico Operativo está presente en cada actividad para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad”, explicó Pérez.
El funcionario reiteró que el compromiso institucional es garantizar la seguridad de la población, por instrucción del presidente Nayib Bukele. “Nuestra misión es ser el ente rector en la atención de emergencias a escala nacional”, enfatizó.
En relación con los accidentes viales, Pérez detalló que hasta la mañana del lunes se habían registrado 201 percances, frente a los 166 del mismo período en 2024. Entre las principales causas identificadas se encuentran:
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Distracción al conducir
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Invasión de carril
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Falta de distancia de seguridad
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Irrespeto a señalización prioritaria
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Velocidad inadecuada
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Conducción bajo efectos de alcohol o drogas
Centroamérica
El Salvador suma 178 días sin homicidios en 2025 y alcanza 976 en la gestión Bukele
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el pasado sábado 2 de agosto El Salvador cerró una nueva jornada sin homicidios, sumando así 178 días en 2025 sin crímenes contra la vida, un resultado atribuido a los planes de seguridad impulsados por el gobierno.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante la administración del presidente Nayib Bukele ya se contabilizan 976 días sin asesinatos, de los cuales 862 han ocurrido en el marco del régimen de excepción, herramienta que las autoridades consideran clave para frenar la violencia provocada por las pandillas.
Los primeros siete meses de 2025 destacan por cifras históricas en cuanto a días sin homicidios, siendo julio el mes más sobresaliente con 29 jornadas libres de muertes violentas y un periodo consecutivo de hasta 24 días sin asesinatos. Este récord supera los registros de julio de 2024, que cerró con 22 días sin homicidios; los 23 de 2023 y los 21 de 2022.
El contraste con años anteriores es evidente: en julio de 2015, durante el segundo gobierno del FMLN bajo la gestión de Salvador Sánchez Cerén, se registraron 470 asesinatos, con un promedio de 15 homicidios diarios.
La guerra contra las pandillas ha sido, según el gobierno, una de las principales estrategias para garantizar la seguridad ciudadana y proteger la vida de millones de salvadoreños.
El presidente Bukele ha reiterado en diversas ocasiones que, gracias a estos resultados históricos, El Salvador se posiciona como “la nación más segura del hemisferio occidental”, un ejemplo que —afirma— ya observan países como Estados Unidos, Argentina y República Dominicana.
Centroamérica
Banco Mundial respalda a El Salvador con financiamiento para estabilidad económica y combate al cambio climático
El Banco Mundial anunció que su directorio ejecutivo aprobó un préstamo destinado a apoyar los esfuerzos de El Salvador para fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar su capacidad de respuesta frente a los riesgos asociados a desastres naturales y cambio climático.
Según un comunicado de la institución, el financiamiento forma parte del programa “Políticas de Desarrollo de la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia con Opción de Desembolso Diferido por Catástrofe (Cat DDO)”, el primero de una serie de tres operaciones programáticas.
El monto total asciende a US$350 millones, de los cuales US$100 millones están asignados a la Cat DDO, un fondo que podrá activarse tras una declaración oficial de emergencia por desastres naturales o sanitarios.
Carine Clert, gerente de País del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica, reafirmó el compromiso de la institución con los objetivos de este financiamiento: “Nuestro compromiso es apoyar la sostenibilidad fiscal mediante una gestión pública más eficiente y la atracción de inversión privada para generar empleos de calidad y servicios más eficaces”, señaló.
Añadió que también buscan fortalecer la resiliencia del país “mediante acciones que fomenten la expansión de espacios verdes, procesos de construcción más sostenibles y una mejor capacidad de respuesta ante emergencias”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, subrayó los avances del gobierno en materia de estabilidad económica: “El Salvador ha tomado medidas decisivas para estabilizar su economía, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la confianza del mercado. Este financiamiento respalda nuestro compromiso con una gestión fiscal responsable, así como con la protección de la población ante el aumento de los riesgos climáticos”, afirmó.
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