Más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan una carrera contrarreloj ante el vencimiento del beneficio, previsto para el próximo 9 de septiembre.

La finalización del programa dejaría a los beneficiarios sin autorización de trabajo y los expondría a procesos de deportación, salvo que puedan acogerse a otra protección migratoria o regularizar su situación por una vía distinta.

«La gente (las personas amparadas por el TPS) está atemorizada», afirmó a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), organización que ha promovido durante años las renovaciones del programa otorgado a El Salvador en febrero de 2001, después de los terremotos que azotaron al país ese año.

Tejada explicó que en los últimos días la organización ha recibido numerosas llamadas de salvadoreños que buscan orientación ante la posibilidad de perder la protección migratoria.

La ofensiva de Trump contra el TPS

Las perspectivas para una nueva extensión del programa no son alentadoras. El abogado de inmigración Fernando Romo consideró que «no es probable» que el TPS para El Salvador sea prorrogado, debido a las medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump contra este mecanismo de protección.

Durante el primer mandato de Trump, en enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del TPS para El Salvador. En ese momento, unos 180,000 salvadoreños estaban protegidos por el programa y se les otorgó un período para buscar otras alternativas migratorias o abandonar Estados Unidos.

La decisión fue posteriormente bloqueada por los tribunales tras una demanda presentada por beneficiarios del TPS y sus hijos estadounidenses, quienes argumentaron que la Administración había actuado por motivos discriminatorios y racistas.

Tras regresar a la Casa Blanca, Trump retomó las medidas contra el TPS y eliminó la protección para ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela y Haití. Beneficiarios de esos programas también recurrieron a los tribunales.

En esta ocasión, la Administración obtuvo un respaldo de la Corte Suprema, que determinó que el Ejecutivo tenía autoridad para revocar el TPS.

Riesgo de perder el permiso de trabajo

En el caso de El Salvador, el Gobierno estadounidense podría dejar expirar el programa para aproximadamente 170,000 beneficiarios, de acuerdo con datos citados por The National Immigration Forum.

La pérdida del TPS implicaría también la expiración de los permisos de trabajo vinculados al programa y del estatus de protección temporal que permite a los beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos.

Para quienes no cuenten con otra vía de protección migratoria, el vencimiento del beneficio supondría un riesgo de deportación.

«Es una situación muy complicada», señaló Romo al referirse al escenario que enfrentan los salvadoreños protegidos por el TPS mientras se acerca la fecha límite del programa.

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, declaró este lunes la «situación de emergencia» en el país tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que dejó, hasta el momento, 111 personas fallecidas y 87 heridas.

«Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia que será suscrita en el transcurso del día», afirmó el mandatario desde Bogotá, al presentar un balance preliminar de la tragedia.

De La Espriella informó además que miles de viviendas resultaron averiadas o colapsaron y que seis aeropuertos del país sufrieron afectaciones como consecuencia del movimiento telúrico.

El terremoto ocurrió a las 07:34 horas locales (12:34 GMT), según los servicios geológicos de Colombia y Estados Unidos. El epicentro fue localizado cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el oeste del país, una de las regiones más pobres de Colombia.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas en la zona donde se ubicó el epicentro.

Aeropuertos y fútbol suspenden operaciones

Seis aeropuertos del oeste colombiano, entre ellos los de Pereira y Manizales, suspendieron temporalmente sus operaciones mientras las autoridades evalúan los daños provocados por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil.

El sismo también afectó la actividad deportiva. Los partidos restantes de la cuarta jornada del torneo de primera división de Colombia fueron aplazados tras el terremoto, informó la entidad encargada del fútbol profesional del país.

Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención a las personas afectadas, mientras continúa el monitoreo de las zonas que registraron los mayores impactos.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) expresó su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 registrado el 10 de agosto en Colombia y anunció la movilización de recursos para apoyar la atención de la emergencia.

A través de un comunicado, el organismo multilateral informó que puso a disposición del Gobierno colombiano $500,000 provenientes de sus Fondos de Desarrollo Social y Humano.

«Se trata de un primer aporte financiero de CAF para responder a las necesidades más urgentes tras el terremoto, que podría preceder a más apoyos a través de nuevos instrumentos financieros», señaló el organismo.

De acuerdo con información oficial, el movimiento telúrico afectó principalmente la zona central de Colombia y fue percibido con fuerza en distintas regiones del país, además de registrarse en zonas de Panamá y Venezuela.

Los recursos serán canalizados mediante los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a respaldar las acciones de atención humanitaria requeridas tras el sismo.

El organismo indicó que este primer aporte busca contribuir a cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas, mientras las autoridades colombianas continúan evaluando los daños y coordinando las labores de respuesta ante la emergencia.