Internacionales
El hambre se agudiza en Brasil y aviva la pelea electoral
AFP | por Joshua Howat Berger
En una precaria vivienda de cemento en la región brasileña de Sertao, Maria da Silva abre su refrigerador vacío y rompe en llanto.
El rostro moreno y arrugado de esta viuda de 58 años revela el peso de la lucha cotidiana de tener que alimentar a los suyos, luego de que su hermano, quien les brindaba sostén, muriera de covid-19 el año pasado.
Ahora, ella y sus siete hijos y nietos, que ocupan una vivienda abandonada, se encuentran entre los 33,1 millones de brasileños que sufren hambre.
La cifra, con un alza del 73% en los últimos dos años, según la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Penssan), es foco de una batalla política antes de las elecciones presidenciales de octubre.
Mientras sostiene una lata de leche en polvo semivacía para sus nietos, de 15 meses, dos y tres años, Da Silva muestra la casa donde viven. No tiene baño, agua ni electricidad.
«A veces (los niños) piden comida y no tengo ni una galleta, ni pan, para darles», dice entre lágrimas en Poço da Cruz, una zona rural en el estado de Pernambuco (noreste).
El aumento de los precios de los alimentos obligó a la familia a mendigar.
«Rezo para que Dios termine con mi sufrimiento», dice la mujer.
El expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), favorito en las encuestas, culpa al presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro de la reaparición de Brasil en el «Mapa del Hambre» de la ONU en 2021: 28,9% de la población padece «inseguridad alimentaria moderada o severa».
El país había sido eliminado del registro en 2014, tras un auge económico y programas sociales que ayudaron a 30 millones de personas a salir de la pobreza durante el gobierno de Lula.
Bolsonaro contraataca acusando al izquierdista de dejar a Brasil en bancarrota por la corrupción.
El mandatario ha renombrado además el programa de asistencia social creado por su opositor y está haciendo una amplia campaña en el empobrecido noreste, que concentra una cuarta parte de los 213 millones de brasileños.
Uno de nosotros
El Sertao, o interior, es una extensión semiárida en el noreste, con matorrales de color marrón y verde oliva.
Conocida por sequías cíclicas, es una tierra dura pero protagonista en la literatura, la música y el cine brasileños.
Cada generación aquí recuerda su peor sequía (1960, 1993, 2010) y la miseria que causó.
«Nos costó mucho sudor y lágrimas superarlo», dice Joao Alfredo de Souza, de 63 años, líder de una comunidad fundada en el siglo XVIII por exesclavos en el poblado de Conceiçao das Crioulas.
De Souza recuerda los dos mandatos de Lula como un punto de inflexión por sus políticas de promoción de infraestructura, bienestar y «Hambre Cero».
Pero para este agricultor jubilado todo se volvió «muy difícil» desde que la pandemia golpeó Brasil, donde mató a 680.000 personas, hundió la economía y desató luego una inflación galopante.
Según De Souza, Bolsonaro ha ganado el apoyo de muchos en la zona, tras aumentar el programa de ayudas económicas «Auxilio Brasil», antiguo «Bolsa Familia» de Lula.
Bolsonaro triplicó la cifra nominal desde los días de Lula, a 600 reales (USD 115) mensuales, y se comprometió a aumentarlo a 800 reales si gana.
De Souza cree que el alza «no será suficiente».
«¿Por qué (Bolsonaro) está haciendo esto ahora?», pregunta. «Es vergonzoso».
En cambio, Lula «entiende el noreste», dice. «Es uno de los nuestros», agrega, sobre el líder nacido en Pernambuco.
El África de Brasil
A media hora en coche por un camino de tierra, en Regiao de Queimadas, un asentamiento todavía salpicado de casas tradicionales de barro y palos, todavía cuesta más encontrar señales de bienestar.
Un equipo de funcionarios en camiones 4×4 de la Fundación Nacional de Salud del gobierno federal toma nota de las condiciones sanitarias de las viviendas.
Muchas no tienen baño.
«Este lugar es el África de Brasil», dice uno de los funcionarios.
El objetivo aparente del programa es construir instalaciones adecuadas para quienes las necesitan.
La directora de la asociación de agricultores locales, Edineia de Souza, es escéptica.
«Solo vienen en época de elecciones», dice esta agricultora, de 40 años.
Espera que eso cambie si gana Lula: «Cuando él estaba en el cargo, los proyectos se hacían», asegura.
Aunque tiene poca fe en la política. «Los políticos ni siquiera vienen aquí», lamenta.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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