Internacionales
Disturbios en Chile en 49 aniversario del golpe de Estado de Pinochet
AFP | por Alberto PEÑA
El 49º aniversario del golpe de Estado en Chile, que derrocó al socialista Salvador Allende y dio origen a la dictadura de Augusto Pinochet, estuvo marcado el domingo por violentos choques entre manifestantes y policías en Santiago, condenados por el presidente izquierdista Gabriel Boric.
«La democracia se construye con diálogo, respetando a quien piensa distinto y nunca con violencia y eso ojalá todos quienes reivindican este día lo entendieran», declaró Boric a periodistas, en un video publicado en su cuenta en Twitter.
«Porque si queremos salir adelante, que no me cabe ninguna duda es la voluntad de la gran y abrumadora mayoría de los chilenos, de volver a encontrarnos, tiene que ser en paz y sin violencia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer desde el gobierno», agregó.
Cientos de personas participaron en una marcha en la capital chilena para honrar a las víctimas del régimen militar de Pinochet (1973-1990).
Durante el recorrido, desde el palacio presidencial de La Moneda, en el Centro, hasta el Memorial a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, en el Cementerio General capitalino, grupos aislados de encapuchados se enfrentaron con agentes de la Policía antidisturbios.
Además se produjeron saqueos a locales comerciales, lanzamientos de cócteles molotov y el incendio de un vehículo municipal, que la policía reprimió con carros lanza-agua y gases lacrimógenos.
Los disturbios prosiguieron entre las tumbas en el Cementerio, mientras los homenajes a las víctimas de la dictadura continuaban entre gases lacrimógenos.
– Búsqueda de desaparecidos –
A primera hora del día, Boric anunció la puesta en marcha del plan de búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
«Nuestro compromiso es (…) seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos, 1.192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar», señaló el presidente.
La iniciativa, anunciada el pasado junio durante el discurso anual de rendición de cuentas a la nación, contempla trabajar junto con las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados por motivos políticos.
«Ese compromiso es del nunca más, de avanzar en verdad, justicia, reparación para todas las víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado, porque esa es la única y principal garantía de no repetición que podemos ofrecer», afirmó Boric.
La dictadura de Chile dejó 40.175 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares.
Desde esta jornada, el gobierno chileno comienza la conmemoración del 50º aniversario del golpe de Estado, que concluirá dentro de un año, el 11 de septiembre de 2023.
– Claveles rojos –
En la mañana, Boric visitó la tumba de Allende en el Cementerio General, donde también estuvieron los familiares de víctimas de la dictadura, como sucede todos los años en esta fecha.
«El metal tranquilo de la voz del presidente Allende sigue resonando», tuiteó Boric junto a imágenes de él recorriendo el camposanto.
Entre las personas que lo acompañaban estaba la senadora Isabel Allende, hija del difunto presidente. El video no registra conversaciones, solamente se escucha al trovador cubano Silvio Rodríguez cantando «Santiago de Chile».
A lo largo del día, diversos grupos políticos y ciudadanos se acercaron a rendir homenaje a la estatua de Allende frente al palacio presidencial de La Moneda para depositar claveles rojos en su honor.
Flores así también se colocaron en los balcones de la sede de gobierno.
La conmemoración del aniversario del golpe de Estado terminará en la noche con una solemne velatón en el Estadio Nacional en Santiago, que fue durante las primeras semanas de la dictadura el mayor campo de concentración de detenidos políticos.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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